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Florentino Pérez se impacientó con Xabi Alonso, pero la culpa no está solo en Xabi Alonso o en los jugadores del Real Madrid o en el propio Florentino Pérez, que escogió al entrenador y le dio la confianza que ahora le quita: la culpa está en el tiempo este que habitamos, que se impacienta rápido por cualquier cosa. Ahora todo se mide, en el fútbol y en la vida: se miden los me gusta y los seguidores y el rendimiento y las pulsaciones y los pasos que damos y el uso de nuestro tiempo, porque los resultados han de ser inmediatos.

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El mensaje de Vox es insistente: el partido —dicen Santiago Abascal y los suyos— no va solo contra una pata sino contra las dos que sostienen al “bipartidismo corrupto”. Con recursos propios de un populismo antisistema pensado para trascender el eje izquierda-derecha, Vox pretende ser el principal beneficiario del malestar social mediante la captación de apoyos provenientes de los dos grandes partidos. Tras lograr una importante penetración en el electorado del PP, ¿está haciendo lo mismo ahora en el socialista? La respuesta es que Vox ha abierto una brecha en el electorado del PSOE, aunque es una vía incipiente, menor que aquella por la que Alberto Núñez Feijóo pierde votos en favor de la ultraderecha.

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Jorge Verstrynge (Tánger, 77 años), politólogo, expolítico, profesor de la Complutense, es un rara avis ideológico que transitó el poco frecuentado camino de la derecha, como secretario general de Alianza Popular, a la izquierda, como simpatizante de Podemos después de pasar por el PSOE. Recibe en su casa de Madrid, rodeada de pavos reales y árboles con grandes hongos. En la puerta han colocado una biblioteca para el vecindario, o sea, para el pueblo, y el primero que sale a recibir es su enésimo perro boxer, raza de su predilección desde que, de niño, uno “le adoptó”.

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La policía judicial se encarga de investigar los hechos y custodiar las pruebas a las órdenes del juez instructor en cualquier investigación penal. De la jefa de la policía judicial de Pamplona, Nuria Mazo, dependían las pruebas de dos denuncias por violación mediante sumisión química —en un caso por el que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—; y de las pruebas, la posibilidad de enjuiciar los hechos y, llegado el caso, condenar a sus autores. Tras la desaparición de un informe forense sobre los teléfonos móviles de los encausados, la comisaria Mazo recibió un requerimiento judicial pidiéndole “una copia íntegra” del disco duro en el que se había almacenado toda la información, así como que certificara “la invariabilidad e inmodificación” del contenido del dispositivo de almacenamiento informático. Además, la jueza del caso y la responsable policial se reunieron cinco días después de que esta recibiera esa orden. Al día siguiente de este encuentro con la magistrada, la comisaria Mazo borró los archivos del disco que tenía encomendado custodiar.

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Si Pedro Sánchez tiene su Manual de Resistencia, Isabel Díaz Ayuso tiene su Manual de Oposición. Se observa el lunes. Ese día, el presidente del gobierno anuncia bonificaciones fiscales para los propietarios que no suban los alquileres a sus inquilinos. Inmediatamente, el gobierno de Díaz Ayuso en Madrid reacciona criticando la medida. “Lo primero que hay que hacer es derogar la ley de vivienda”, dice el número dos de la baronesa, Miguel Ángel García Martín. “Y lo segundo, tiene que haber garantías, seguridad jurídica, que no se proteja al okupa, sino al pequeño ahorrador”. El portavoz del ejecutivo vuelve a alentar así el fantasma de la okupación, que Díaz Ayuso alimenta periódicamente con sus discursos, reuniones con los afectados y anuncios de medidas para combatir esta lacra. Sin embargo, las dimensiones gigantescas que se le achacan a este delito en Madrid no se corresponden con los datos: por ejemplo, solo una veintena de afectados se acogen a la bonificación de la factura del agua por parte del Canal de Isabel II, según documentación oficial a la que accedió EL PAÍS.

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En las últimas semanas ha estallado un escándalo global a raíz de las imágenes de menores sexualizadas a través de Grok, la inteligencia artificial de X (antiguo Twitter). Han circulado en la red órdenes de usuarios —muchos de cuyos mensajes han sido ya borrados— pidiendo que le quiten la ropa a una niña o adolescente, o incluso alguna en la que la propia herramienta genera una fotografía de una menor sexualizada, sin que un usuario lo haya pedido específicamente. Los internautas han puesto el grito en el cielo y algunos Gobiernos, también. Pero el problema que ahora apunta directamente al magnate Elon Musk, propietario de X, no le afecta solo a él. Existen multitud de aplicaciones creadas específicamente con el objetivo de desnudar imágenes mediante IA. ¿Cómo puede combatirse la sexualización de menores online? Los juristas consultados señalan que lo más sencillo es actuar en casos concretos, si tienen víctimas o perpetradores que actúan en España. Precisan que con las herramientas actuales es muy difícil ir contra las grandes plataformas. Aunque piden contundencia. Y aclaran que otra cosa son las aplicaciones cuyo fin último es desvestir a alguien, que en la mayoría de ocasiones implica un delito, ahí es más sencillo (y se debería) actuar.

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Los médicos van este miércoles a su tercera huelga en contra del borrador del Estatuto Marco para los profesionales sanitarios, el texto que aporta las líneas generales de casi un millón de empleados públicos y que cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios del sector. En contra del texto acordado con el Ministerio de Sanidad para reformar una ley que lleva más de 20 años vigente, están los sindicatos médicos, que protagonizaron numerosas movilizaciones el año pasado y que comienzan este con un paro de dos días (miércoles y jueves), convocado por la Agrupación Profesional Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), integrada por 16 organizaciones médicas de toda España. Piden un estatuto propio y diferenciado de los demás, algo que el ministerio rechaza de plano. Además de ese, son varios los puntos que separan a Sanidad y a los médicos, pero estos sintetizan los principales desacuerdos: horas y remuneración de las guardias, jornada laboral, jubilación anticipada y categoría profesional.

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“Ahora que soy padre, siento que ese es el único rol en mi vida”, dijo Kieran Culkin en una entrevista concedida a Variety. Cuando el actor recogió el Oscar con motivo de su actuación en A Real Pain, lanzó un mensaje a su esposa, Jazz Charton: “Mi mujer me prometió el cuarto hijo con el Oscar, yo he cumplido. Vamos a por ese niño. ¿Qué dices?”, le preguntó. Ahora tienen cuatro hijos. Por su parte Timothée Chalamet, al hablar con la revista Vogue, recordaba haber visto con horror una entrevista en la que un hombre “presumía de no tener hijos y de cuánto tiempo les daba para hacer otras cosas”. Tildó sus palabras de “desoladoras” y comentó que para él, el motivo de la existencia no es otro que procrear. Tom Holland parece estar de acuerdo.“Cuando tenga hijos, ya no me veréis en el cine. Jugaré al golf y seré padre. Desapareceré de la faz de la tierra”, dijo el actor a la revista Men’s Health, dejando claro que, para él, la paternidad es la meta final.

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A este turbulento inicio de año, Jordi Évole (Cornellá de Llobregat, Barcelona, 51 años) le pone buena cara, aunque le cuesta. “Trump reúne todo lo malo (…). Vamos a sufrir las consecuencias de este momento mucho más tiempo del que pensamos”, vaticina este martes en Sevilla, donde ha presentado su nueva temporada de Lo de Évole en La Sexta. El próximo domingo abre fuego con el cantante Manuel Carrasco, al que nunca imaginó entrevistar por tenerlo encasillado en el universo de Operación Triunfo. Con sudadera deportiva verde y vaqueros, define su programa como “un capricho sanador” y avanza que también se sentará con la actriz Alba Flores o Iñaki Urdangarin, que pasó de ser “el yerno de España al chorizo de España”, dispara cáustico.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá el lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, salvo Vox, que anunció la semana pasada para buscar su apoyo a la participación de España en una fuerza militar multinacional que se desplegaría en Ucrania tras un eventual acuerdo de paz con Rusia. La cita llega en un momento de feroz enfrentamiento político entre ambos. Precisamente por ello hay que reclamar altura de miras institucional cuando Europa, y con ella España, afrontan una transformación radical del contexto internacional de seguridad y alianzas que ha regido durante décadas.

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Desde sus primeros años, Estados Unidos ha ido construyendo un sistema en el que el presidente dispone de un margen extraordinariamente amplio para emplear la fuerza militar sin una declaración formal de guerra. En teoría, la Constitución establece una división clara de los poderes bélicos: el Congreso declara la guerra y financia a las fuerzas armadas, mientras que el artículo segundo designa al presidente como comandante en jefe y le atribuye amplias competencias en materia de seguridad nacional. En la práctica, sin embargo, esa frontera se ha erosionado hasta convertirse en una amplia zona gris, alimentada por interpretaciones expansivas del artículo segundo, por la delegación o aquiescencia del Congreso y por la renuencia sistemática de los tribunales a revisar el uso unilateral de la fuerza por parte del presidente. La operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro no constituye así una anomalía jurídica ni histórica, sino la culminación lógica de una larga deriva institucional que ha ido consolidando la guerra presidencial como práctica normalizada.

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Un par de amigos míos trabajan como guías turísticos. Hace años, uno de ellos me mandó un mensaje para decirme que había una anciana en su excursión empeñada en que Orson Welles se había suicidado arrojándose al mar en A Lanzada, la playa que comparten Sanxenxo y O Grove. Mi amigo lidió con ella media tarde hasta que la señora pareció convencerse y se hundió en su sillón del autocar. Al cabo de una hora, cuando rompió a llover y se oscureció el cielo, la escuchó al fondo diciéndole a su compañera de asiento: “Con este tiempo no me extraña que Orson Welles se acabara suicidando”.

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Tras leer la primera versión de La vida cañón, de Analía Plaza, la madre de la autora le dijo: “Vamos, que la conclusión es que nos vayamos muriendo, ¿no?”. Es la última frase del libro, y tras leer sus 272 páginas comparto la conclusión de la madre de la escritora: La vida cañón es un alegato contra los viejos, aquí llamados boomers. Ya sospechaba algo así al leer las entrevistas a Plaza, aunque tenía la esperanza de que sus titulares fueran solo clickbait desmentido por la argumentación del libro. Qué va. La obra es una condena con juicio amañado. Como tantos otros jueces, Analía Plaza tenía la sentencia escrita antes de abrir la sesión.

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El ejercicio es la mejor herramienta para retrasar la enfermedad y la muerte, incluso en pequeñas dosis y sobre todo para la gente que menos se mueve. Esta es la principal conclusión de un análisis de datos de más de 135.000 personas de 64 años de media que se publica hoy en la revista The Lancet. El trabajo, liderado por Ulf Ekelund, de la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte, estima que, si el 20% de las personas menos activas añadiesen cinco minutos al día de ejercicio de intensidad entre moderada y vigorosa, equivalente a una caminata rápida, se podrían prevenir el 6% de las muertes prematuras de ese grupo de alto riesgo. Si ese pequeño aumento de actividad física diaria lo hiciese toda la población (sin necesidad de incluir al 20% más activo) la reducción de la mortalidad prematura alcanzaría el 10%.

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Frente a la amenaza de la peste porcina africana (PPA), y el brote detectado a finales de noviembre en Cataluña, millones de euros provenientes de los presupuestos públicos para premiar a cazadores por abatir jabalíes. Así consta en información pública de los gobiernos catalán, aragonés y valenciano consultada por EL PAÍS, y que refleja que en ese objetivo se invertirán más de cuatro millones de euros. No es la única estrategia para contener la expansión de la enfermedad por la vía de reducir la población de estos animales, considerados un vector potencial de contagio para las explotaciones porcinas. Se dan facilidades a los cazadores, al permitir, por ejemplo, el uso de visores térmicos. Y en regiones como Andalucía, Castilla León, Extremadura o La Rioja se han eliminado o flexibilizado los cupos de caza para esta especie, mientras que en Madrid la Consejería de Medioambiente ha fijado como objetivo la caza de 11.000 ejemplares durante esta temporada. Un plan de acción que ha desatado críticas de organizaciones ecologistas, que aseguran que la presión sobre el jabalí puede resultar contraproducente si no se abordan las causas estructurales del problema.

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Científicos de Submon, entidad destinada a la conservación, estudio y divulgación del medio marino, han confirmado el aumento notable de delfines mulares (Tursiops truncatus) al norte de la Costa Brava así como la convivencia estable entre ellos y pesca de arrastre. Los estudiosos han destacado tanto la importancia de la zona como área reproductiva, como el éxito reproductivo de la especie. En los ocho años de estudio y seguimiento de esta especie, han registrado 190 avistamientos de delfín mular y se han identificado 700 ejemplares diferentes en el área entre les Illes Medes y el Cap de Creus.

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El pasado 31 de diciembre caducó la vigencia del convenio firmado entre Endesa y la Generalitat para proteger a los ciudadanos más vulnerables de las consecuencias de la pobreza energética. El acuerdo, rubricado en marzo de 2021 tras la presión de los agentes sociales, fue anunciado como un paso adelante muy importante —y pionero, puesto que no se firmó ningún convenio más con otras empresas ni en otras comunidades autónomas— en un contexto de alza de precios tras la salida de la pandemia, que se agravaría un año después con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. El despliegue del convenio, así como de la estrategia de la lucha contra la pobreza energética en general, ha dejado mucho que desear, según denuncian las entidades sociales, pero al menos existía un acuerdo único que obligaba a Endesa, que tiene el 98% de la distribución eléctrica y algo menos del 50% en la comercialización de energía en Cataluña, a cumplir con ciertos compromisos con las familias vulnerables. La Generalitat y Endesa confirman que el convenio ha caducado y explican que están analizando “otras formas de colaboración”, sin detallar cuáles. Ambas partes argumentan que la crisis de precios se ha mitigado, y que ahora, a diferencia de cuando se firmó el pacto, hay herramientas de protección estructurales, impulsadas en el Estado, como el bono social y el escudo social.

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El calendario escolar vuelve a abrir un nuevo frente de conflicto entre los sindicatos educativos y el Departamento de Educación. Además de que se mantiene el inicio del curso para antes de la Diada (el 8 de septiembre), el punto que ha alterado los ánimos sindicales es la obligación de que los institutos escuela (que imparten estudios de primaria y ESO) tengan un horario partido y acaba la moratoria para aquellos que tenían jornada compactada (aunque se dejan dos tardes libres, como máximo). Los sindicatos rechazan la propuesta, que tachan de “imposición”, mientras que Educación recuerda que la medida solo afecta a 25 centros y que estos podrán mantener la jornada compactada “si tienen motivos razonados”.

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No es fácil, os lo aseguro, dar con temas más del día a día y alejarse de la política internacional con la que está cayendo. No tanto porque no los haya, que los hay, como porque por momentos una piensa que quizás también la “política en pequeño” acaba formando parte de ese maremágnum al que parece que hemos entrado de lleno este 2026 y quizás sí empezamos a tomarnos en serio la política. Soy una ingenua. De modo que voy a hacer algo excéntrico, escribir sin mencionar a Trump ni a Hamenei.

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Las conversaciones para pactar una nueva coalición en Países Bajos afrontan este enero su momento decisivo. El progresista Rob Jetten (38 años), ganador por sorpresa de los comicios del pasado octubre al frente del partido liberal de izquierdas D66, negocia formar un Gobierno en minoría junto con la democracia cristiana (CDA) y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) —liberal de derecha—. De lograrlo, el nuevo Ejecutivo contaría con 66 escaños, a 10 de la mayoría de 76 en un Parlamento de 150 diputados, lo que supondría una situación excepcional en la tradición política nacional. Por eso, los tres partidos quieren hablar con el resto de las formaciones sobre el tipo de apoyo que podrían prestarles para aprobar los asuntos más relevantes.

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