Noticias el Pais de España

Lo único que cuenta es la ilusión. Hace unas semanas el Ejecutivo anunció que pretendía gobernar saltándose el Parlamento. El propósito de año nuevo era algo bastante parecido a un fraude. Fernando Garea contó que el jefe del Gabinete de la presidencia del Gobierno había pedido a los ministros propuestas “que generen interés ciudadano y debate mediático” y permitiesen ocupar la agenda unos días, como quien tira pan a los patos. El anuncio suponía la normalización de un talante antiliberal: el molde autoritario está ahí para quien quiera usarlo. Mostraba el embrutecimiento de la política española, al que no somos ajenos los votantes, y buscaba la controversia, pero también era un acto de disimulo: el Gobierno fingía tener un proyecto más allá de la permanencia en el poder. Que esto sea engaño o autoengaño divide a psicólogos y metafísicos.

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El Observatorio para la convivencia escolar en Andalucía no se reúne desde hace casi dos años y su último informe emitido para reducir la conflictividad en las aulas data de hace 10 años. El pasado 14 de octubre Sandra P. una alumna de Sevilla, se quitó la vida poco después de salir de clase. Tras la conmoción y la alarma social, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), anunció en el Parlamento la celebración de un congreso nacional sobre el ciberacoso para abordar “cambios normativos”, convención que se celebra este jueves y viernes en Córdoba. Mientras, el Gobierno autonómico ha paralizado el órgano consultivo de expertos que debe asesorarle para adoptar medidas que incentiven la tolerancia de sus 1,7 millones de alumnos, a pesar de que el Decreto 19/2007 le obliga a que este se reúna cada seis meses, y emita un informe y un plan de actuación anuales.

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La Fiscalía Anticorrupción ha logrado que se convoque a siete directivos de otros tantos centros educativos de Madrid para aclarar quién ordenó las obras de reforma de sus instalaciones en las que se centra el caso FP. El juzgado número 39 de plaza de Castilla investiga la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa entre 2021 y 2023, pues los trabajos, presuntamente, se hicieron sin el preceptivo concurso público, y a través, supuestamente, del método de fraccionar facturas para elegir a dedo a la empresa que los ejecutaría. En ese contexto, la Fiscalía registró el 12 de diciembre un escrito, al que accedió EL PAÍS, para solicitar la convocatoria como testigos de los siete directores y depurar si en sus centros se actuó por cuenta propia o se recibieron indicaciones para contratar con el grupo Virelec, que es quien realizó las obras investigadas. Como consecuencia, la jueza ha convocado a los interesados para el 11 de marzo.

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Elena Domínguez reside en Sarsamarcuello, una población de unos 60 habitantes situada a 31 kilómetros de Huesca. Un día, con su hijo a 39,5 de fiebre, lo metió en el coche y se fue de urgencias al Hospital de Huesca para que le echaran un ojo. Cuando llegó, le dijeron que aquello no era una cuestión de urgencias y que quien debía atender al niño era su pediatra. El problema es que su pediatra visita el pueblo una vez al mes y la fiebre no acertó con el día. Este miércoles, Domínguez conversaba con una conocida, Teresa García, que también cuestiona el servicio público de salud: “Pedí en septiembre una mamografía y aún estoy esperando”. Según el último barómetro del CIS sobre las elecciones de Aragón, la sanidad es el segundo mayor problema de los aragoneses.

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El que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez en PSOE se sentó por primera vez en un escaño del Congreso de los Diputados en 2009. Este miércoles, 17 años después, José Luis Ábalos ha renunciado al único espacio político al que todavía se aferraba desde la prisión de Soto del Real, en Madrid. Ábalos deja su escaño, ya fuera del PSOE —el partido en el que militaba desde 1995 le suspendió en febrero de 2024—, y se prepara para afrontar el juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo, por el que la Fiscalía le pide 24 años de prisión. El ya exdiputado confiesa a su entorno que está “arrepentido” de no haber renunciado antes a su escaño, como le había recomendado su primer abogado, José Aníbal Álvarez, porque admite ahora que habría tenido más opciones de eludir la prisión provisional en la que se encuentra. El juicio por esa causa se mantendrá como estaba previsto, pero el cambio de condición de Ábalos afectará directamente a la línea de investigación sobre los amaños de obra pública en el Ministerio de Transportes, por los que está imputado el también ex secretario de Organización Santos Cerdán. Esta causa se irá a la Audiencia Nacional donde previsiblemente se dilatará durante años.

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El ministro con competencia en la política ferroviaria, Óscar Puente, enfrenta este jueves su primera comparecencia parlamentaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Han mediado dos ruedas de prensa de más de dos horas, una comparecencia tras el Consejo de Ministros, y múltiples entrevistas antes de que el responsable de Transportes ofrezca detalles en el Senado, que domina el Partido Popular. Entre los dos accidentes hay una lista de 46 fallecidos (uno de ellos en Rodalies) y 164 heridos (41 en Barcelona), además de un mar de dudas.

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Desde hace más de dos décadas, los lectores españoles demuestran una madurez extraordinaria eligiendo frente a la crítica o los gurús sus propios fenómenos literarios masivos de calidad. Ocurrió con Soldados de Salamina, de Javier Cercas, que aportaba desde la generación de los nietos de la Guerra Civil una nueva mirada al conflicto. Y ha ocurrido ahora con la de los bisnietos mediante una obra fundamental como La península de las casas vacías, de David Uclés (Úbeda, 36 años). Pero el precio de aquel éxito (30 ediciones y más de 300.000 ejemplares vendidos) y del reciente han sido distintos para cada uno de ellos. A Cercas le acompañó, cómo no, la controversia. A Uclés, en ocasiones, el escarnio. En 20 años, el ambiente ha cambiado y la polarización devora. Más cuando demuestras una audacia como la del autor andaluz y aplicas fórmulas de realismo mágico, rigor, humor o un narrador libérrimo no a cualquier asunto, sino a la gran herida colectiva de nuestra historia.

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Las rupturas tectónicas en la geopolítica que está provocando Donald Trump están encontrando eco en el mercado de divisas, como ya ocurriera hace nueve meses con la guerra comercial. El dólar ha tocado esta semana las 1,20 unidades por dólar, haciendo más baratos los viajes a Estados Unidos, el bourbon o las guitarras eléctricas Fender. La tendencia, abrupta (la caída ha sido del casi el 3% pocos días), tiene visos de continuidad, pues tiene poco o nada que ver con la coyuntura económica: es la respuesta al orden global que plantea el presidente estadounidense por parte del mundo de las finanzas, cuyo primer mandamiento (o segundo, según el día), es limitar los riesgos. Y de la fragmentación política, y de su velocidad, nace un mundo financiero distinto, donde el dólar, y EE UU, han perdido parte de su aura de excepcionalidad. Aunque a Trump ello no le suponga de momento, una preocupación.

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Los bulos sobre el sistema sanitario español se usan habitualmente como armas ideológicas a uno y otro lado del espectro político. Frases muy repetidas sobre la falta de médicos o la mayor eficiencia de la privada (o la pública) simplifican en exceso la realidad y conducen a diagnósticos erróneos, sostiene un informe que acaba de publicar Funcas.

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Marta Abengochea (San Sebastián, 49 años) se convirtió el pasado noviembre en la primera mujer al frente de Izquierda Unida en Aragón ― que tiene un diputado en las Cortes―, un relevo que reivindica como una “consecuencia natural de la feminización de los partidos”. Las elecciones adelantadas, con unas negociaciones exprés que alumbraron la coalición con Movimiento Sumar, la han colocado en primera línea.

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María Goikoetxea (Zaragoza, 38 años) responde a esta entrevista cuando Podemos y el Gobierno acaban de anunciar la regularización de cientos de miles de inmigrantes. Defiende que la suya es la única papeleta que garantiza llevar hasta el final lo que pone en su programa. El partido, que se presenta con el ecologista Alianza Verde, salió del Gobierno autonómico hace cuatro años y hoy lucha por conservar un escaño.

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A las diez de la noche, unos disparos contra la casa colmaron la paciencia y el miedo de la familia de Zenayda Serrano, acostumbrada a meses de acoso con tipos armados frente a su puerta y en el colegio de su hija menor, en El Salvador de Nayib Bukele. Las llamadas a la policía ya no servían, nadie venía en defensa del matrimonio de abogados ambientalistas que había peleado contra la extracción de oro y minería metálica, consiguiendo una prohibición en todo el país. Agarraron sus cosas y con el apoyo de organizaciones de refugiados acabaron en el valle de Arratia, Bizkaia. Allí viven desde hace nueve meses en un alojamiento de acogida con sus dos hijas y ayuda para la alimentación. Con su proceso de asilo sin resolver y a punto de solicitar cita para prorrogarlo, ha llegado la regularización de medio millón de migrantes que ofrece ahora el Gobierno, una lotería para muchos extranjeros que a la familia de Zenayda le representa un dilema: seguir con la solicitud de protección internacional o tratar de regularizar su vida de otra forma. “Es un gran dilema, sí, nos alegramos mucho por todos los que tienen ahora una puerta abierta para conseguir sus derechos y un salario justo, pero nosotros necesitamos que se reconozca que hemos huido de un país que no respeta los derechos humanos y tenemos documentación robusta para demostrarlo”, dice Zenayda por teléfono desde el País Vasco.

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Hace nueve años, el reputado Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo planteó tres tipos de escenarios para el futuro de las sociedades: seguir con los patrones actuales, grandes transiciones o la barbarie. “De momento, todo apunta a que nos dirigimos hacia un escenario de barbarie”, asegura el economista y expolítico Alberto Garzón (Logroño, 40 años) en su nuevo libro La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica (Editorial Península). El que fuera coordinador federal de Izquierda Unida (de 2016 a 2023) y ministro de Consumo (de 2021 al 2023), hoy es investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, y defiende que los convulsos tiempos que está viviendo el planeta se entienden mucho mejor teniendo en cuenta la crisis ecológica y social.

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Diversos juicios están marcando un hito social y judicial en la historia de Estados Unidos. Por primera vez, una jueza ha sentado en el banquillo a las grandes tecnológicas dueñas de las redes sociales, para saber si generan adicción entre los más jóvenes, si son tan peligrosas como la industria tabaquera y si necesitan una regulación mucho más exhaustiva.

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Hace solo unos años, quienes compraban con cierta regularidad hamburguesas vegetales, embutidos sin carne o platos preparados plant based tenían la sensación de estar participando de una expansión constante. Cada poco tiempo, su visita al supermercado traía la sorpresa de algo nuevo: más marcas, más formatos y más espacio en los lineales. Hoy esa experiencia es distinta, casi contraria. Casi todos los productos siguen ahí, pero el crecimiento se ha frenado y algunos de los que han desaparecido no han sido sustituidos. El empuje que parecía existir se ha quedado en suspenso. Y la percepción no es solo comercial, en general, se habla menos del veganismo y del vegetarianismo. El tema ha perdido presencia en titulares, debates y reportajes, en parte porque su propia normalización le ha restado novedad. Lo que lleva a la siguiente pregunta: ¿se ha detenido la expansión de la cultura veggie en España?

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Hubo un objeto en las solapas de los invitados a la última gala de los Globo de Oro que llamó especialmente la atención. Más allá de la chapa viral Be good (“Sé bueno”) con la que celebridades como Mark Ruffalo honraron a Renée Nicole Good, tiroteada por un agente del ICE durante una redada migratoria en Minnesota, destacó un accesorio con un menor significancia política pero igualmente llamativo sobre la chaqueta de esmoquin con la que numerosos actores acudieron a la cita. La joya en cuestión, un broche de alta joyería prendido en el doblez de satén que suele acompañar a este tipo de prenda, adquiría formas y lenguajes tan diversos como los personajes que la defendían.

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Por primera vez desde la crisis de 2008, la tasa de paro en España ha caído por debajo del 10% y ha cerrado 2025 con la creación récord de 605.000 empleos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que consolidan al país como una de las economías con mejor desempeño en Europa. Nunca hasta ahora España había tenido 22,4 millones de personas trabajando y nunca su población activa (la suma de ocupados y desempleados) había rozado los 25 millones. Estas cifras son posibles gracias a la importante contribución de los ciudadanos extranjeros en los últimos años. De hecho, los trabajadores foráneos ya alcanzan los 3,58 millones, el 16% del total y suponen el 21% si se añaden aquellos con doble nacionalidad.

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Uno de los géneros de ficción que ha gozado de mejor salud en los últimos años es el de la distopía. Al igual que ocurre con su reverso radical, la utopía, se ha concebido casi siempre, por definición, como algo situado en el futuro: ficciones sobre lo que está por venir, pues. De ahí la dificultad para asociarlas a la posibilidad de que puedan encarnarse en el presente. Sin embargo, el primer aviso lo tuvimos ya con la pandemia del coronavirus, que en sus inicios pareció materializar una de esas catástrofes largamente imaginadas. A pesar de los millones de víctimas que causó, y gracias a las campañas de vacunación masiva, al final logramos doblegarla y relegarla al olvido. Lo más espeluznante es que hoy basta con abrir cualquier diario para que nos asalte una sensación similar, la de estar deslizándonos hacia escenarios que creíamos reservados a la ficción, tan familiares por el cine o la literatura, y ahora mismo tan inquietantemente próximos.

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Sabemos que España ha pasado de ser tierra de emigrantes a sociedad que atrae la inmigración, aunque no se diga en los discursos institucionales de Navidad, salvo el sketch tan pedagógico de la Nochevieja de José Mota. Según el INE, en 2025 más de 9,8 millones de residentes en España habían nacido fuera y más de siete millones tenían nacionalidad extranjera. No es una población marginal ni coyuntural, sino que es parte del funcionamiento de nuestra sociedad. Necesitamos a estos millones de trabajadores, pero los partidos políticos no lo explican con rotundidad, sin medias tintas. Nos escandalizamos por las medidas antiinmigratorias del insufrible Trump, pero no afrontamos dos problemas de distinta factura: por un lado, la precariedad crónica con riesgo de pobreza para casi la mitad de los inmigrantes, y, por otro, la urgente regularización de quienes viven sin vivir, atrapados en la irregularidad administrativa. Abordar su dignidad como personas constituye una prueba indudable de la calidad democrática de una sociedad.

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