Noticias el Pais de España

Donald Trump ha puesto Groenlandia bajo su mira. Y Europa tiene escaso margen de maniobra para evitar que se haga con ella. Los grandes países de la UE, encabezados por Francia y Alemania, analizan mecanismos para responder a las amenazas del presidente estadounidense y disuadirle de tomar la enorme isla ártica —un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, país miembro de la Unión y, como EE UU, de la OTAN—, según afirmó este miércoles el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Pero sus acciones son todavía muy gaseosas. Entre los mecanismos disponibles, los europeos pueden aumentar su presencia en el ártico y apuntalar una estrategia que dé más importancia a la región, lanzar operaciones de diplomacia e incluso preparar un paquete de sanciones. Pero analistas y expertos creen que es difícil que eso diluya, a corto plazo, la codicia de Trump.

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Cuando Stephen Miller declara que Estados Unidos tiene derecho a anexionarse Groenlandia hay que escucharle. O cuando habla de cualquier otra cosa. Este hombre de 40 años, amante de los trajes a medida y oficialmente jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, es pese a su cargo anodino uno de los personajes más influyentes del Gobierno en Washington. Quizá el que más más allá del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que confía en él de modo absoluto. Defensor de ideas ultraconservadoras, Miller es su ideólogo de cabecera, su asesor en política interna y el autor de algunas de sus iniciativas más duras, incluida su estrategia de deportaciones masivas a toda costa contra la inmigración. Y su mano se extiende, cada vez más, también a la política exterior.

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Bajo la montaña de mentiras que Donald Trump vierte a diario subyace esta verdad, que refrenda con sus hechos y puede resumirse en tres palabras: “Voy a por ustedes”. Dentro de ese ustedes caben los votantes del Partido Demócrata, la democracia en sí misma, la población trans y todas las naciones castigadas con aranceles. Por supuesto, caben Gaza, Cuba, Groenlandia, Colombia, los minerales críticos de Ucrania, Maduro… Y caben Pedro Sánchez, los 11 magistrados y fiscales del Tribunal Penal Internacional sancionados por EE UU tras investigar el posible genocidio de Israel y crímenes perpetrados en Irán; los brasileños no afines a Bolsonaro, los argentinos que no voten a Milei, Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos, también sancionada, los desamparados beneficiarios de los fondos USAID, ya cancelados… Y quién sabe si algún día no irán a ese mismo saco sus posibles sucesores, Marco Rubio y J. D. Vance.

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Los termómetros del centro de Pekín marcan siete grados bajo cero, pero los alrededores del templo Guanghua están más ajetreados que de costumbre. Son las nueve de la mañana del 3 de enero. Como cada primero y decimoquinto día de cada mes lunar, Bao Lanfang acude a este santuario budista escondido entre los hutong pekineses, las características callejuelas grisáceas de la capital china. Enciende dos velas y deja como ofrenda tres varillas de incienso doradas: “Rezo por la paz en el mundo, por la prosperidad y tranquilidad del país y por el regreso sano y salvo de todas las personas desaparecidas en el MH370″.

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“Es mi faena y mi vida”. Hace 25 años, prácticamente la mitad de su existencia, Josep Matés hundió sus manos en el barro rojo del Baix Empordà y no ha vuelto a sacarlas de ahí. “Es lo que me da sentido: territorial, cultural, patrimonial, tecnológico y estético”, proclama. Y, añade, no por casualidad: “Lo que hacían los íberos no era casual, lo que hacían los romanos no era casual y lo que hago yo, tampoco. Si es así desde hace miles de años, será por algo”.

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Me han traído los Reyes Magos un bono de dos sesiones de psicoterapia en línea a canjear durante 2026 en un portal de bienestar integral que acredita un 4,8 sobre 5 en las reseñas de Google. “Así no tienes excusa”, va y me escribe en el tarjetón de regalo el paje de Sus Majestades que pensó que semejante puñetazo en el estómago era mi perfecto presente de Año Nuevo. Y podría serlo, no le quito mérito al dichoso elfo. Es alguien que me quiere, me conoce como si me hubiera parido y goza de esa confianza limítrofe con el asco de los amigos, amigos, que le faculta para poder soltarme a la jeta que mi ansia viva y mi querencia a meter la cabeza bajo el ala y esperar que los problemas se resuelvan solos quizá no es la mejor estrategia para ir por la vida. Y eso es lo que hizo. Al principio, me quedé muda, debatiéndome entre las ganas de darle un abrazo de muchas gracias y las de preguntarle quién se ha creído para meterse en mis asuntos. No fue hasta ayer, al volver a la realidad tras el espejismo de las vacaciones y volver a sentir temblar el suelo bajo mis flamantes botas de rebajas, cuando comprobé que no era la única en tal tesitura.

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Un nuevo conflicto de política internacional vuelve a enredar al PP. Tras las pasadas vacaciones de verano, a mediados de septiembre, los populares se resistían a calificar o no de “genocidio” la invasión de Israel en Gaza y, en lugar de posicionarse, apelaban a la Corte Penal Internacional como el organismo competente para dictar sentencia. Hoy, la formación de Alberto Núñez Feijóo sigue el mismo patrón con Venezuela: evita pronunciarse expresamente sobre si la captura de Nicolás Maduro por parte de EE UU y la operación pilotada por la Casa Blanca supone o no “vulneración” de legalidad internacional. Después de asegurar el lunes que había “dudas”, Génova da un nuevo giro retórico. “Decidirá un tribunal si Trump ha vulnerado el Derecho Internacional”, alegan fuentes de la ejecutiva popular.

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Donald Trump ha dejado en shock al Partido Popular con Venezuela. El primer partido de la derecha lleva años reclamando la caída de Nicolás Maduro, haciendo de la causa contra el chavismo su mayor bandera internacional, pero Estados Unidos no le brinda ahora el escenario que desearía. La derecha clásica atraviesa hoy una crisis en su comprensión del orden internacional liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial: se percibe la fricción entre populistas e institucionalistas, aderezada por el regate corto que impone la política doméstica.

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Instructores, ingenieros, desactivadores de explosivos y observadores son algunas de las capacidades militares que España está dispuesta a aportar a la futura fuerza de paz europea que se desplegará en Ucrania cuando se alcance un alto el fuego con Rusia, según fuentes militares. El plan que los miembros de la llamada Coalición de Voluntarios lleva discutiendo más de un año y que el pasado martes recibió un decisivo impulso en la cumbre celebrada en París por mandatarios de 35 países –entre ellos, el presidente español Pedro Sánchez— no contempla el despliegue de una fuerza con potencia suficiente para disuadir a Rusia de un nuevo ataque, pero sí de un contingente de asistencia y apoyo al Ejército ucranio, al que correspondería actuar como “primera línea de defensa y disuasión”, mientras recibe el refuerzo de sus aliados, según el comunicado de París. “Serán miles de soldados europeos, no decenas de miles”, resumen las fuentes consultadas, quienes recuerdan que Rusia tiene unas 150 brigadas al otro lado de la frontera y Europa no está en condiciones de igualar un volumen similar de tropas.

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Dos pasos atrás, uno adelante. Todavía bajo las sorpresas en cadena de la detención de Nicolás Maduro y de la confirmación de las apetencias territoriales de Trump sobre Groenlandia, la Casa Blanca ha cerrado filas en París con la llamada Coalición de Voluntarios para organizar el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania para un eventual escenario posterior a un acuerdo de paz con Rusia. Los enviados especiales de Trump, Steven Witkoff y Jared Kushner, convocados por el presidente francés, Emmanuel Macron, junto a dirigentes de 35 países, incluida España, acordaron con Volodímir Zelenski los términos de las fuerzas de aseguramiento de la paz, e indirectamente insuflaron algo de vida al lazo transatlántico, tan maltratado por Trump, e incluso a la Carta de Naciones Unidas, enfáticamente evocada en la declaración final de la cumbre, a pesar de haber sido vulnerada por Washington días antes.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se entrevistarán este jueves en La Moncloa para dar una imagen de la solidez de su alianza y de estabilidad a la legislatura. El republicano acude con el objetivo de cerrar el modelo de financiación singular que, según fuentes de ERC, podría suponer casi 5.000 millones extras para Cataluña. En total, el Gobierno planea inyectar al sistema de financiación unos 18.000 millones. Al Ejecutivo de Salvador Illa le urge ese pacto, contemplado en su acuerdo de investidura con ERC, para desencallar sus Presupuestos y dar oxígeno a su mandato.

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Para este 2026, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha suspendido una partida (29,1 millones de euros el pasado año) para que 250 investigadores trabajen durante cuatro años en sus tesis con un sueldo, aunque sea bajo, ya que se aporta por contrato 25.000 euros brutos los primeros dos. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se va a saltar una convocatoria, de forma que la de la promoción de 2025 (llevan un año de retraso siempre) se convocará a mediados de este año, se desconoce cuándo se fallará y los beneficiarios empezarían a trabajar en 2027 como pronto. De forma que Madrid ahorra dinero y deja a la espera a cientos de jóvenes investigadores. Van a cambiar las bases, asegura el Gobierno de Ayuso, y supuestamente las condiciones serán mejores. En paralelo, las propias ayudas concedidas por las universidades han ido menguando significativamente para hacer frente a su asfixia económica.

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“Contenciones que se mantienen durante semanas”, “fármacos con dosis fuera de ficha técnica”, “aislamiento habitacional” y un “régimen disciplinario” con “castigos”. Un informe elaborado hace un año por un equipo de expertos del Defensor del Pueblo denunció “mala praxis” y “vulneración de derechos” en el psiquiátrico privado La Robleda, a 15 kilómetros de Santiago de Compostela y con plazas concertadas con la sanidad pública. Cuando salió a la luz, la Xunta y la Fiscalía anunciaron investigaciones que, según informan ambas instituciones, han avalado el funcionamiento del centro propiedad de la empresa catalana Hestia Alliance. El ministerio público ha cerrado sus diligencias sin apreciar indicios de delito y el Gobierno gallego asegura que en su inspección no halló irregularidad alguna. Mientras, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la unidad del Defensor que vela por que los ciudadanos que viven privados de libertad no sufran tratos crueles o degradantes, responde a este periódico que “se ratifica en las conclusiones de la visita”.

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Está exhausto. Acaba de terminar la campaña de Navidad con jornadas de cinco de la mañana a diez de la noche. “A un ritmo endiablado, sirviendo pulardas, pintadas, capones y todo tipo de aves que se consumen en estas fechas”, comenta Higinio Gómez, en el puesto que regenta desde hace nueve años en el Mercado de Vallehermoso, en Madrid —durante 45 años tuvo tienda en la calle Magallanes—. Nacido en Navalcarnero hace 71 años, no tiene intención de colgar el mandil ni de cerrar el local: “No sabría qué hacer, me gusta mucho lo que hago”, afirma. Del puesto dependen 12 personas. Además, se ha convertido en el pollero preferido por los cocineros de alta gastronomía en España, a los que surten de las aves más selectas, procedentes de Francia.

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¿Qué lleva a un personaje como El Zorro, tan clásico y casi arcaico, a volver a la televisión en 2026? Y, de todas las opciones, ¿por qué vuelve como una serie francesa? “El primer motivo fue que el productor Marc Dujardin dijo que su hermano, Jean Dujardin [oscarizado por su papel en The Artist], quería interpretarlo. Yo no lo veía claro, pero era una posibilidad", explica el creador de la serie, Benjamin Charbit, a este periódico. “Además, él tenía la idea de que este justiciero podría servir para hablar de política, de hombres poderosos y populismo. Curiosamente, cuando empezamos a escribir hace seis años, Donald Trump era presidente de EE UU. Así que hoy, con Trump otra vez, la violencia de la clase política sigue siendo un tema candente. Iba a ser, eso sí, una manera cómica de contarlo”.

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que transpone la directiva europea de crédito al consumo para crear herramientas ante los abusos de un sector cuya relevancia en las economías familiares ha ido creciendo en los últimos años. España era la única de las grandes economías de la zona euro que no había adoptado esta normativa, que, según los expertos, avanza significativamente en la protección a los consumidores. El objetivo es proteger a las familias, especialmente las más vulnerables, que dependen de créditos pequeños con elevados intereses para poder hacer frente a gastos extraordinarios.

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Comienza un nuevo año en el que el Gobierno ha anunciado que el desarrollo de su agenda política se llevará a cabo preferentemente a través de medidas sin rango de ley. Concretamente, Pedro Sánchez apuesta por la adopción de decisiones que sean “fáciles de llevar a la práctica”, cuya puesta en marcha no requiera ningún trámite parlamentario, bastando únicamente la voluntad del Ejecutivo. Esta opción, según ha afirmado la flamante portavoz del Gobierno, no convierte las posibles medidas a adoptar “en malas medidas”. “Todo lo contrario”, defiende la ministra Elma Saiz, “eso es gobernar”. La estrategia para 2026 diseñada por el Ejecutivo, pues, manifiesta una clara intención de eludir cuando sea posible el recurso a instrumentos normativos que necesitan la discusión y el apoyo de las Cortes Generales, en el caso de las leyes y en el de los decretos-leyes, únicamente su convalidación por parte del Congreso de los diputados.

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Despedimos el año con la muerte de Cecilia Giménez, la aragonesa que a los 81 años se convirtió en el hazmerreír de medio mundo por retocar, con permiso del párroco, el Ecce Homo del santuario de su pueblo, un mural del siglo XIX de escaso valor artístico que se encontraba en mal estado de conservación. Pongámonos por un momento en el lugar de una mujer mayor y anónima, un ama de casa devota y aficionada a la pintura que vive en una localidad de 5.000 habitantes cuidando de un hijo con parálisis cerebral —el otro, enfermo de distrofia muscular degenerativa, ya había fallecido—, y que se convierte en una de las primeras víctimas globales de la viralidad. Cuando se encerró en casa, abrumada por la repercusión de sus actos, los vecinos le llenaron el patio de flores. Cecilia no llevó bien la fama súbita y cruel que sufrió. El pueblo explotó lo ocurrido, y llegaron a organizarse vuelos directos desde Londres para visitar la obra. El fenómeno era nuevo e inaudito, mundial y explosivo. Cambió la escala: jamás tantas personas pudieron reírse a la vez de una sola. En los obituarios se ha elevado a Cecilia a icono de la modernidad, y sin duda lo es, pero se escabulle el hecho esencial de que sufrió una gran humillación colectiva. Esto ocurrió en 2012, cuando empezamos a entender que internet también conectaba nuestro lado oscuro. Después comprobamos que la crueldad era muy contagiosa en las redes, porque servía para conseguir atención, dinero, poder, estatus. Nos mantenía enganchados.

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