Noticias el Pais de España

La revista médica The Lancet ha puesto al descubierto en toda su crudeza el impacto real del desorden económico mundial impuesto por Donald Trump. El estudio analiza los efectos del desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) dedicada a fomentar el crecimiento sostenible y atender las crisis humanitarias. La investigación estima que los recortes y cierre de la agencia “podría producir más de 14 de millones de muertes adicionales, incluidos 4,5 millones de muertes entre niños menores de cinco años”. Durante las dos últimas décadas, los programas financiados por USAID han ayudado a prevenir más de 91 millones de muertes, incluidos 30 millones de niños.

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Los inversores internacionales que litigan contra España por los recortes a las primas renovables hace más de una década elevan la presión contra el Gobierno. Blasket Renewable Investments, dueño de algunos casos ya ganados en arbitrajes internacionales, está pleiteando en Holanda para tratar de embargar los dividendos que cobra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por su 4,09% del capital social de Airbus. Esta acción judicial se da ante la negativa de España a pagar las indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales a favor de los inversores, la mayoría de ellos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial.

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La Unión Europea endurece su lucha contra la flota fantasma rusa. Bruselas quiere estrechar el cerco sobre la red secreta de barcos que Moscú utiliza para eludir las sanciones europeas y transportar su petróleo pese al embargo comunitario, uno de los elementos con los que financia su guerra contra Ucrania. Un documento confidencial del Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), que cifra en hasta 1.400 los buques de la flota en la sombra del Kremlin, plantea nuevas fórmulas que permitan a los Veintisiete abordar para inspeccionar esos barcos y también para que el Kremlin tenga cada vez menos opciones a las que recurrir para transportar el crudo. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, advierte además de que el Kremlin ha utilizado esa flota fantasma también “como plataformas” para lanzar ataques híbridos contra Europa.

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Desde este lunes, en el hotel Jingxi, un bloque grisáceo y cuadriculado bajo custodia militar en el oeste de Pekín, cerca de 370 líderes del Partido Comunista de China se reúnen a puerta cerrada para dar forma al 15º plan quinquenal. Reliquia de la era soviética, el programa establecerá las guías esenciales para el desarrollo económico y social de la segunda economía mundial en lo que queda de década.

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El viaje desde los confines del universo comienza cuando se apagan las luces. El Museo Británico de Historia Natural está atestado de turistas. Pero una vez refugiados en la galería Jerwood —95 personas sentadas en poyetes, en el suelo o de pie— nos convertimos en viajeros estelares. Galaxias y estrellas se deslizan a izquierda y derecha, y bajo nuestros pies, los anillos de Saturno, Júpiter y el planeta rojo. Vemos el nacimiento de la Tierra, nuestro hogar, y reconocemos la voz de sir David Attenborough, un tesoro nacional británico.

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Asistimos a cambios vertiginosos en un mundo cada vez más complejo: convergen la crisis del multilateralismo, los avances tecnológicos disruptivos, el cambio climático acelerado, tensiones geopolíticas sin precedentes y un resurgir de modelos políticos autoritarios. Entender la magnitud de las transformaciones actuales, promover un intercambio de ideas plural y profundizar en su análisis se ha vuelto imprescindible para anticipar riesgos y construir respuestas que impulsen el desarrollo. Con esa vocación nació el World In Progress (WIP), el encuentro impulsado por el Grupo Prisa (editor de EL PAÍS), que este lunes y martes reúne en Barcelona en su segunda edición a referentes de la política, la economía y la cultura con la presencia destacada del rey Felipe VI.

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Del 29 de novembre al 7 de desembre, Barcelona es trasllada a Mèxic, Diada de Sant Jordi inclosa. La periodista Anna Guitart (Barcelona, 49 anys) ha sigut l’encarregada de comissarirar per la FIL de Guadalajara el programa de Barcelona com a convidada d’honor. Es podria resumir en dues idees: novetat i multidisciplinarietat. La proposta de Guitart pretén anar més enllà del boom i l’exili, temes evidents si algú pensa en la connexió literària entre Barcelona i Mèxic, per oferir al públic “l’oportunitat de descobrir una nova ciutat”. Ho farà amb els 70 escriptors convidats, però també amb un programa que inclou música, teatre o gastronomia sota el lema “Vindran les flors”, una frase de Mercè Rodoreda que parla sobre ciclicitat i regeneració.

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Hay argumentos que, por mucho que se demuestran falaces, siempre vuelven, como un ritornello. México quiere aplicar un impuesto del 8% a los videojuegos violentos o no aptos para menores, el cual entraría en vigor en 2026. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, busca desalentar el consumo de este tipo de contenidos, recaudar fondos y combatir la violencia en el país. La intención, según sus impulsores, es reducir la violencia en la sociedad a través de una carga fiscal sobre productos considerados dañinos, similar al impuesto que ya se aplica en tantos sitios a las bebidas azucaradas o al tabaco.

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Si tuviera que elegir una sola novela de los varios centenares escritos sobre la guerra civil española, sin dudarlo esta sería Las últimas banderas, de Ángel María de Lera, premio Planeta en 1967 y un autor totalmente olvidado en nuestros días. Aquella historia protagonizada por un inolvidable perdedor de la guerra, Federico Olivares, trasunto del propio Lera, se atrevía a reflexionar abiertamente sobre las preguntas que habían acuciado a su autor en los (injustos) años transcurridos en la severa prisión de Ocaña por el delito de adhesión a la República: ¿por qué perdimos la guerra? ¿qué hicimos mal? ¿a qué viene tanta venganza?

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Las seis universidades públicas de Madrid sobreviven como pueden, como si aún España no hubiese salido de la crisis de deuda de 2012, por la asfixia financiera a la que les somete desde entonces la Comunidad de Madrid. Los rectores alertan de que está en juego el futuro de las nuevas generaciones y una España menos competitiva en 2050. Pero la Complutense, la universidad presencial más grande de España (61.000 estudiantes), tiene el drama ya encima: o el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso le concede un préstamo de 34,4 millones o sus 11.400 trabajadores no cobrarán ni el sueldo de diciembre, ni la extra de Navidad. “Si no nos dan el crédito, nuestra situación es insostenible y eso también lo sabe la Comunidad”, resume un decano.

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El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana (PP), ha remitido un escrito a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría (PSOE), en el que solicita al Gobierno central que modifique la legislación educativa para incrementar los profesores de la asignatura de Matemáticas. Reclama que los docentes sin máster habilitante, los maestros ya jubilados y los estudiantes a partir del tercer curso del grado de Matemáticas y de las carreras vinculadas al sector de la ingeniería puedan dar clase en colegios e institutos de manera excepcional ante una situación de emergencia para el Ejecutivo autonómico.

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José Luis Peñas dio hace dos décadas un paso que cambiaría su vida y la historia reciente de España. Este concejal del PP de Majadahonda (Madrid) comenzó a grabar en secreto al empresario Francisco Correa y a otros miembros de la trama Gürtel, con los que había trazado amistad. La iniciativa de Peñas, que en 2007 llevó a la Policía Nacional los audios que había recopilado, desataría un enorme terremoto político, que se cobraría la pieza mayor en 2018 (la caída del Gobierno de Mariano Rajoy tras la primera sentencia que condenó al partido conservador por beneficiarse de la red de corrupción); y cuyos ecos aún resuenan a día de hoy. A partir de este lunes, la Audiencia Nacional se dispone a poner el punto final al caso Gürtel con el comienzo del último juicio que queda pendiente, marcado por la confesión definitiva de sus principales cabecillas. “Se cierra así una etapa”, incide Peñas al echar ahora la vista atrás: “No me arrepiento de nada. Mil veces que naciera, mil veces que lo volvería a hacer”.

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Ana Fernández

Alejandro Gallardo

Guiomar del Ser

Santiago Abascal dedicó a vincular inmigración y delincuencia su primera pregunta de este periodo de sesiones al presidente Pedro Sánchez en el pleno del Congreso, el pasado 10 de septiembre. Para acreditar esta relación, leyó una retahíla de titulares de prensa. Casi todos estaban extraídos de La Gaceta de la Iberosfera, la web de la fundación Disenso, que preside el propio Abascal. Varias noticias no tenían relación con la inmigración, sino con la violencia de género, otras cambiaban la nacionalidad del agresor o la víctima y al menos una era un completo bulo: un portavoz de la Policía desmintió que un inmigrante ilegal subsahariano hubiera sido detenido en Canarias por agredir e intentar violar a una joven española que salía del velatorio de un familiar. La noticia, particularmente escabrosa, sigue publicada en el sitio de Disenso sin ningún desmentido.

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El golpe que ha sufrido este domingo el Museo del Louvre se califica ya como el mayor robo en la pinacoteca en un siglo, un atraco de película. El valor de las piezas sustraídas es difícilmente calculable, porque forman parte de la historia de Francia. Los asaltantes quebraron la seguridad del museo más visitado del mundo, dieron el golpe en siete minutos y huyeron en motos de gran cilindrada.

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A sus 13 años Isabela tiene un desparpajo que sorprende. Cuando se arranca a hablar no para. Empieza contando orgullosa cómo aprobó todo en primero de ESO. Luego viaja a las anécdotas de cuando era pequeña y después da un salto a contar la última serie a la que se ha enganchado. Hay sorpresa. Es una producción audiovisual que se emitió una década antes de que ella naciera: Los Serrano. Su elección tiene más sentido de lo que parece. Ella también es de apellido Serrano y, como ocurre en la ficción, forma parte de una familia numerosa. Incluso mayor que la televisiva: son ocho hermanas y hermanos. Aquí uno más uno suman diez y su madre, la malagueña María Jesús Martín, bien lo sabe. “No ha sido nada fácil salir adelante, sobre todo por el aspecto económico. Pero aquí estamos”, subraya la mujer, de 57 años, con orgullo y tristeza tras perder a su marido el año pasado por un cáncer que se lo llevó en un abrir y cerrar de ojos.

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La democracia liberal está muerta. O casi. Como el liberalismo que le confería el relato institucional que argumentaba su vigencia y le daba un propósito. Siento decirlo, pero ya no veo liberales alrededor. Nunca pensé que pudiera decir aquello que sostuvo Daniel Cossío Villegas en pleno auge del PRI mexicano: “Soy un liberal de museo”.

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Está muy bien y tiene gran interés lo que nos cuentan González, Aznar, Zapatero y Rajoy, los cuatro expresidentes vivos en la miniserie de Álvaro de Cózar recién estrenada. Cada uno expresa directamente, con el auxilio coral de sus colaboradores y en ocasiones sus familiares, los sentimientos, las sensaciones y las ideas que más pesaron en su presidencia y el legado que de forma más o menos explícita creen haber dejado de su paso por la cima del poder político.

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“¿Y la orgía qué?“. El diputado del PP Jaime de los Santos, exaltado, sale al paso desde su escaño a la respuesta en la que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le recuerda que en un pasado no lejano ejerció de asesor personal en La Moncloa de la esposa del entonces presidente Mariano Rajoy. En el acta oficial de la sesión de control en el Congreso de este miércoles pasado las taquígrafas recogen a continuación por parte del diputado popular: ”Le voy a decir algo. Yo he dado sobradas explicaciones… ¡Yo llevaba bolsas, pero tú tapabas orgías!“. Fue una de las 52 interrupciones computadas. El PSOE ha presentado al respecto la segunda queja en dos semanas a la Presidencia de la Cámara. Sin opciones de ningún resultado.

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Después de meses de extremo cuidado con Junts para dar espacio a las negociaciones sobre la reducción de jornada, la vicepresidenta Yolanda Díaz cambió de estrategia y se revolvió contra su portavoz, Miriam Nogueras, en el pleno en el que el partido de Carles Puigdemont tumbaba la ley de Trabajo. “Ustedes no representan al independentismo, sino a la patronal española en sus sectores más reaccionarios”, le dijo Díaz en un tono que había meditado antes, pero que nadie en el Gobierno había usado desde la investidura. Tras la derrota parlamentaria en la norma estrella de Sumar, que el socio minoritario ha tratado de reconvertir en una victoria de la calle —porque las encuestas dicen que es una reforma aceptada por la mayoría—, la vicepresidenta ha emprendido una ofensiva para impulsar la actividad legislativa desde el Ejecutivo e intentar desplegar al máximo la agenda social. La intención es aprobar todo lo que se pueda vía reglamento en el Consejo de Ministros y someter lo demás, aún sin los votos, a debate en el Congreso para que sean los partidos los que se retraten ante los ciudadanos. “La gente nos quiere peleando”, repite desde hace tiempo Díaz, que tiene entre sus manos en torno a una decena de negociaciones en marcha, algunas más avanzadas que otras.

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“Usted vive una casa decomisada por delitos de tráfico de drogas”. La primera noticia que reciben los okupas siempre llega por escrito y la entrega un agente de la autoridad. Muchos se muestran sorprendidos de saber que han alquilado la vivienda de un narcotraficante. Los que ya eran conscientes, porque ellos mismos son los condenados, siguen defendiendo que la casa es suya y no del Estado. El Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados —que gestiona las propiedades intervenidas por estos delitos cuando hay condena firme y se encarga de que esos bienes terminen repercutiendo en la sociedad— se ha encontrado en los últimos años con un “incremento significativo” de situaciones en las que las viviendas que ya pertenecen al Estado están ocupadas por los propios condenados, sus familias o personas que alegan ser arrendatarios, según recoge en su memoria anual de 2024. La cifra no es muy abultada. “Podría hablarse de decenas”, estiman fuentes de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, que depende del Ministerio de Sanidad. Pero estas situaciones multiplican exponencialmente su trabajo y añaden años de nuevos pleitos y gastos al largo camino judicial que ya acumulan estos bienes.

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