Noticias el Pais de España

Donald Trump está tomando conciencia de que cortar la ruta marítima más importante del mundo para el transporte de petróleo y gas tiene consecuencias nefastas. Esto queda claro por su apresurada decisión de restablecer el flujo a través del estrecho de Ormuz, ofreciendo seguros para los petroleros y enviando escoltas de la Marina de Estados Unidos. La idea evoca la guerra de los petroleros de finales de la década de los 80, cuando Washington protegió los envíos de petróleo durante la guerra entre Irán e Irak. Pero esta vez es poco probable que haya una solución rápida.

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En menos de dos meses, han sido asesinadas en nuestro país 10 mujeres y 2 menores. Más allá de la insoportable cifra, inquieta la sensación de repetición: cada crimen va seguido de un silencio y una indignación que pronto se diluyen en la rutina informativa. Se toman las medidas necesarias (órdenes de alejamiento, protocolos, campañas), pero los asesinatos continúan. Tal vez debamos preguntarnos qué estamos dejando sin analizar. Apenas se estudia qué convierte a un hombre en agresor: qué factores culturales, educativos o psicológicos confluyen antes del crimen. Sugiero crear una comisión independiente y permanente que analice causas y evalúe políticas sobre bases empíricas para reforzar la prevención. Cada asesinato es un fracaso colectivo, pero repetir consignas no sustituye al análisis. Quizá ha llegado el momento de invertir más en comprender que en reaccionar.

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No nos equivoquemos: igual que ocurre con la novela comercial, también gran parte de la literatura “de prestigio” responde a códigos establecidos y formas reconocibles sobre las cuales cada nueva voz viene a ejecutar sus propias variaciones, a menudo pequeñas. Y no pasa nada: así se construyen las corrientes, las investigaciones y estilos colectivos, las épocas. En este sentido, Una cuestión de apariencias, de la escritora norteamericana Emily Wells, podría considerarse una obra “de género”, en el mismo sentido en que usamos esa expresión para hablar de novela negra o de wéstern. En concreto, Wells ofrece un ejemplo de escritura sobre la enfermedad cuya sinopsis evidencia las características de un tipo de libro que ha sido más que frecuente en la última década, a saber: el cuerpo en el centro de un discurso que combina la revelación autobiográfica con el manejo de una bibliografía casi académica y una posición política en la que el feminismo se entrelaza necesariamente con la crítica anticapitalista.

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Cristina Herrero cerró el pasado martes su etapa al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y, para sustituirla, el Consejo de Ministros propondrá la próxima semana a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica en el Ministerio de Hacienda. Sobre el papel, el currículum de Olóndriz resulta impecable, con gran formación académica y una dilatada carrera profesional, tanto en el sector público como en el privado. Pero en la práctica, Olóndriz va a tener que evaluar las mismas políticas de las que ella misma ha sido responsable en el Ministerio, como la quita de la deuda a las comunidades autónomas o la propuesta del modelo de financiación autonómica, y su juicio estará inevitablemente bajo sospecha. La controversia está servida. El nombramiento debe ser ratificado por el Congreso.

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Fue hace 23 años, en febrero de 2003, cuando aún no se había agudizado ese fenómeno que se ha dado en llamar “polarización” y que casi ha enviado a los libros de historia los grandes consensos. El CIS preguntó a casi 2.500 ciudadanos por la intervención militar en Irak que preparaba la Administración de George W. Bush y a la que daba respaldo el Gobierno de José María Aznar (PP). Y el resultado fue uno de esos acuerdos transversales hoy tan en desuso. Más de nueve de cada diez rechazaban la guerra. Además, aquellos datos no se quedaron solo en el papel. También salieron a la calle, con manifestaciones masivas. Avalancha sin precedentes contra la guerra, tituló este periódico el domingo 16 de febrero sobre las protestas, que movilizaron a más de tres millones de personas tras el lema No a la guerra. Justo el que repitió este miércoles Pedro Sánchez.

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Las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos no atraviesan su mejor momento. Desde que Donald Trump regresó al Despacho Oval para su segundo mandato ha tenido media docena de encontronazos con el Gobierno español por la resistencia del presidente Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB como se acordó en la cumbre de la OTAN del año pasado. Pero la decisión de la Casa Blanca de atacar Irán el pasado fin de semana, sin mandato del Congreso estadounidense, sin informar a las Naciones Unidas y bajo un argumento que no termina de explicar con detalle ha elevado la tensión entre Washington y Madrid.

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La ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos mantiene a Teherán como uno de los puntos más bombardeados. La capital de Irán, en la que residen casi 10 millones de habitantes, alberga las principales instituciones políticas y militares de la República Islámica, varias de ellas reducidas ya a escombros.

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Las mujeres jóvenes no se alejan de la ultraderecha, sino que se acercan a paso más lento que los hombres. Esta es la conclusión del último informe del investigador especializado en desigualdad, extrema derecha y juventud Javier Carbonell, para el European Policy Centre, un laboratorio de ideas con sede en Bruselas. “Los partidos de extrema derecha en toda Europa están erosionando lo que alguna vez fue una división de género pronunciada en sus electorados”, asegura, y pone la lupa sobre la “minoría significativa” de mujeres que se desvía hacia estos partidos “rechazando el feminismo y adoptando las normas tradicionales de género”.

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Ofelia Hentschel es una señora de 34 años que alcanzó cierta celebridad en España en 2021 como concursante de MasterChef. No ganó. Quedó semifinalista. Pero su belleza pizpireta, su precioso nombre entre musa de Shakespeare y secretaria de Mortadelo, y su genio, no solo culinario, le reportaron suficiente crédito como para reunir a una parroquia de 165.000 fieles en Instagram. Un púlpito desde el que se ofrece como “experta en nutrición antiinflamatoria” y da cuenta de sus peripecias. Nada extraordinario. Hay miles de autodenominados influencers que acreditan menos méritos. El verdadero drama de Ofelia le sobrevino el sábado. Se había tomado cuatro días de vacaciones en Dubái, ese sitio donde se encarcela a homosexuales, con la fatalidad de que, entre hotelazo, piscina y cócteles, a Estados Unidos e Israel se les ocurre atacar a Irán, Irán empieza a lanzar misiles sobre Dubái, Dubái a interceptarlos, y la chica se asusta y quiere salir de allí como sea. Comprensible. Menos lo fue su patriótica arenga a los españoles para no pagar impuestos porque la Embajada no la llamaba, como si los otros 29.999 españoles en su situación no existieran, ni, por supuesto, tener una sola palabra para las auténticas víctimas de la guerra.

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A Pedro Sánchez se le ha aparecido, otra vez, un cisne negro. El objetivo del presidente del Gobierno de aquí a que haya elecciones en España es comerse, en lo posible, el espacio de Sumar y Podemos. El tablero ya está girando a la derecha y las opciones electorales del PSOE están hoy entre sus socios. El recrudecimiento de la relación con Estados Unidos, a cuenta de Irán, es lo que Sánchez necesitaba para acabar de coronarse como líder de la izquierda. A fin de cuentas, su “no a la guerra” tiene profundas implicaciones en nuestro país. Primero, es un lema más transversal de lo que la derecha quisiera, a la contra del expresidente José María Aznar. Segundo, es la proclama con la que Podemos se presentó a las elecciones europeas de 2024. No es la primera vez que Sánchez desempolva esa idea, consciente de que hay una identidad profundamente antimilitarista en la izquierda española. Ocurrió con la guerra en Gaza, contra las acciones del Gobierno de Benjamín Netanyahu, y recientemente cuando Trump impulsó la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque la mayor implicación militar de este Gobierno haya venido por la invasión rusa de Ucrania, España siempre ha adoptado un perfil mediático bajo en su solidaridad con las tropas ucranianas, seguramente consciente de que tampoco es un tema que venda tanto entre sus adeptos.

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Malala no necesita apellido. Basta decir su nombre sin pronunciar Yousafzai para activar imágenes reconocibles: es la niña que desafió a los talibanes en su Pakistán natal, la activista que consagró su vida a la educación de las niñas y que, con 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Es una “heroína”, una “inspiración”, una persona “predestinada a la grandeza”. Son las etiquetas que enumera con distancia la propia Malala y que describen las expectativas que otros depositaron sobre ella cuando, con 15 años, un talibán le disparó en la cabeza. Lo cuenta en su último libro, Finding My Way (Encontrando mi camino), publicado en octubre. “No puedo escapar de la sensación de que una mano gigante me sacó de una historia y me dejó caer en otra completamente nueva. A los 15 años, no había tenido tiempo de descubrir quién quería ser cuando, de repente, todo el mundo quería decirme quién era”, escribe.

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El Gobierno de España (PSOE y Sumar), ha rechazado tramitar los 86 expedientes que le ha enviado desde 2019 el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid (PP) para retornar a sus países de origen a otros tantos menores migrantes bajo la responsabilidad de la Administración autonómica. Los datos, obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, reflejan un choque de trenes en el que los pasajeros son los más vulnerables de los vulnerables. Madrid admite que ha intentado emplear la vía de la reagrupación o reunificación familiar para sacar de la región a jóvenes “con distintas dificultades de adaptación”, según los técnicos de sus servicios sociales; o “que están protagonizando episodios violentos o delictivos”. En contraste, el Estado considera que así regatea sus responsabilidades y el deber de velar por el interés superior de los menores. Hay un dato esclarecedor: las 86 solicitudes de Madrid suponen más del triple de las reunificaciones efectivamente realizadas desde cualquier región en prácticamente el mismo periodo de tiempo, que además se hicieron mayoritariamente por razones humanitarias.

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A muchos grupos ecologistas y formaciones políticas como Teruel Existe no les entraba en la cabeza cómo era posible que determinados parques eólicos y solares —cuya autorización dependía tanto del Gobierno central como del aragonés— lograran el visto bueno ambiental en su provincia pese al impacto medioambiental que iban a generar. En concreto, tenían en el punto de mira el mayor proyecto eólico del país, impulsado por la empresa Forestalia, uno de los gigantes del sector: el conocido como Clúster del Maestrazgo. Ahora, una operación liderada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil les ha dado la razón y ha permitido destapar una supuesta trama de corrupción medioambiental a la que no le falta un todopoderoso empresario presuntamente corruptor, sociedades opacas para el pago de las supuestas mordidas, un alto funcionario presuntamente implicado y un notario.

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“Van a estar más tiempo que Franco”, constataba días atrás, en un mitin junto a Pedro Sánchez, el exalcalde socialista de Burgos Daniel de la Rosa. En realidad, ya lo han estado: el próximo 28 de julio se cumplirán 39 años desde que un inspector de Hacienda madrileño de nombre José María Aznar alcanzó la presidencia de la Junta de Castilla y León al frente de un partido que aún se llamaba Alianza Popular. Desde ese 1987 han desfilado cuatro presidentes más, todos con carné del ya rebautizado como Partido Popular. Y ni mucho menos se les puede comparar con Franco: a ellos los encumbró el voto ciudadano. El último es Alfonso Fernández Mañueco, al que las encuestas sitúan como favorito para revalidar la presidencia en una tercera legislatura, aunque muy lejos de las avasalladoras mayorías absolutas de los años noventa, cuando más de la mitad de los afluentes a las urnas en las nueve provincias de la región depositaba una papeleta con el logotipo de la gaviota.

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La Junta de Castilla y León (PP) descalifica viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio vallisoletano Villa de Prado, apodado Villa Gaviota porque en su día se asignaron pisos protegidos a afines del PP, rechazando informes negativos del Ayuntamiento de Valladolid y de técnicos autonómicos. EL PAÍS ha accedido a documentos de la Dirección General de Vivienda donde se desestiman los estudios municipales y autonómicos contra el levantamiento de esa protección. Vivienda esgrime una normativa franquista de 1968 pese a que los informes recuerdan una ley autonómica de 2010, que impide las descalificaciones si la Administración local lo veta, para intentar bloquear las “plusvalías individuales” derivadas de poder vender pisos anteriormente bonificados y cuyo precio se ha doblado. “No han desarrollado ningún reglamento de la ley de vivienda autonómica de 2010 para que puedan utilizarse criterios discrecionales a conveniencia. No generando normas, aplicando las de Franco de forma subsidiaria, generan inseguridad jurídica para hacer lo que les conviene”, explican fuentes de Vivienda críticas con estos procedimientos.

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El Gobierno vasco cuenta con seis anteproyectos para construir un total de 189 apartamentos dotacionales sobre los tejados de 65 viviendas de titularidad pública, principalmente Viviendas de Protección Oficial (VPO). Es la fórmula por la que está apostando el Departamento de Vivienda para combatir la escasez de oferta residencial en País Vasco: levantar pisos sobre edificios públicos sin ocupar suelo, sin tocar el planeamiento urbanístico y sin incrementar la edificabilidad. De este modo, los nuevos alojamientos construidos mediante piezas modulares de madera o metálicas añadirán una o dos alturas sobre la cubierta de los edificios ya existentes.

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Fernando Cabellos, vecino del barrio de Monte, situado al norte de Santander, avisó el lunes al 112 del mal estado de la pasarela por la que cayeron apenas 24 horas después siete jóvenes cuando hacían una ruta por los pequeños acantilados de la zona. Cinco de ellos fallecieron. Un dispositivo de búsqueda intenta encontrar todavía a otra chica desaparecida y una séptima se recupera de la caída en la UCI del Hospital Valdecilla de la ciudad. “El suelo cimbreaba”, explica Cabellos. “Vine para casa y llamé al 112″, relata.

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Reto del día: pasar la jornada con una actitud más compasiva hacia el dolor ajeno. Y más paciente ante personas que juzgamos molestas. Según un estudio publicado el pasado diciembre en Journal of Personality, ejercitar conscientemente la compasión y la paciencia puede, en primera instancia, hacer que afloren sensaciones desagradables. Pero resulta probable que, al irnos a la cama, nos sintamos mejor que si hubiéramos afrontado el día torciendo la vista ante el sufrimiento de los otros. O impacientándonos a la primera de cambio cuando la gente no actúa de acuerdo a nuestras expectativas.

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Las mujeres dj viven su mejor momento profesional, pero no ha sido ni es fácil llegar a lo más alto. Recientemente, una serie de acusaciones de agresión sexual a varios artistas de música electrónica en redes movilizó al sector, especialmente a las que abanderan el género, creando una especie de Me Too en las cabinas entre las pinchadiscos y una red de apoyo contra la inseguridad que, dicen, sufren en la escena. “Condeno cualquier forma de abuso, agresión y comportamiento depredador. Esto me ha afectado profundamente, estoy conmocionada y devastada”, reaccionó Sara Landry. “Estamos cansadas. Nos hemos visto obligadas a ser nuestra propia seguridad. Muchos hombres cruzan los límites, pero lo más doloroso para mí son todos los ‘bros’ que no hacen nada y se ríen”, remató Amelie Lens. Ambas suman cuatro millones de seguidores solo en Instagram y son dos claros referentes y líderes de la música techno, a pesar de todo.

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Francis Galton, primo de Charles Darwin, fue el primero que propuso que las teorías darwinistas debían aplicarse a la especie humana. Acuñó el término “eugenesia” en 1883. Consistía en hacer todas las acciones necesarias para mejorar las cualidades raciales de la especie humana. Si se podía mejorar el ganado mediante la cría selectiva, lo mismo debía hacerse con la especie humana, impidiendo la reproducción de los menos aptos, según criterios intelectuales o psicológicos. Darwin siempre fue muy crítico con estas ideas. En su obra El origen del hombre (1871) reconoce que en la sociedad moderna se permite la supervivencia de personas con enfermedades o discapacidades hereditarias, pero la compasión también era un producto evolutivo y no debía ser ignorada.

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— La base científica del darwinismo social ha sido ampliamente desacreditada, pero su influencia sigue muy presente. Es fácil encontrar sus postulados en algunas doctrinas económicas ultraliberales que presentan el mercado como una selva donde solo sobreviven los “más productivos”, o en políticas donde las ayudas sociales son vistas como algo “antinatural”.

— Cuando se sugieren políticas que discriminan a determinados grupos bajo la excusa de “estar menos preparados”, vemos el rostro de Galton y Spencer. Incluso en libros de autoayuda que utilizan argumentos de “biología del éxito” que reciclan los tópicos del darwinismo social.