“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
A una amiga le han puesto psicólogo 24 horas en el curro. Bueno, a ella y a sus compañeros. Les han dado un teléfono fijo y un WhatsApp donde pueden contarle sus penas y pedirle ayuda a un señor o señora terapeuta sin cargo a su nómina. Es su empresa, que los quiere, quien paga a otra firma de servicios de bienestar (sic) para que ofrezca a sus “colaboradores” un amplio abanico de soluciones para la vida moderna. Porque, además de por la mental, los nuevos partners también velan por la salud financiera (sic), el crecimiento personal y profesional y el acompañamiento en el puritito día a día: desde ayudar con la declaración de la renta a buscar guardería para tu bebé o tanatorio para tu padre. Todo, con el fin último de lograr la felicidad en la compañía, en esa energética prosa de los gurús de negocios a mayor gloria del eufemismo que da ganas de desayunar lo mismo que ellos.
La ciudad china de Chongqing tenía en 2019 unos 15 millones de habitantes y 2,6 millones de cámaras: una por cada seis personas. Desde entonces hasta ahora, esa proporción podría haberse disparado hasta las dos cámaras por persona. Apoyado en tecnologías de identificación biométrica, este despliegue forma parte del denominado Proyecto Skynet, un monumental ejercicio de vigilancia pública que permite a las autoridades prevenir y controlar cualquier posible amenaza a la seguridad nacional, incluyendo, claro está, la desafección política. El control de movimientos y las bases de datos biológicas son una rutina para una población acostumbrada a que los delitos no se prueban, sino que se intuyen.
Está la historia del hombre que tenía una hija y se casó con una mujer que tenía un hijo, pero llegado el momento de que ambos fueran a la universidad, decidió que solo pagaría los estudios a la carne de su carne en lugar de dividir el dinero entre los dos jóvenes, porque —a diferencia de su nueva esposa— llevaba ahorrando para ello desde que nació. Es increíble también lo de las dos amigas que se quedaron embarazadas con solo un par de meses de diferencia, y la que iba a parir primero eligió para su niña el nombre de Aurora, con el que la otra soñaba desde siempre bautizar a su propia hija. Tenemos, por supuesto, el caso de la chica que, en venganza por la decisión de su novio de hacerse vegano, trituraba en secreto carne y grasa y la mezclaba en su comida sin que se diera cuenta para que tuviera mejor color y más energía. ¿Y qué hay de la joven que pidió al fotógrafo de su boda que retocara las imágenes donde salía su dama de honor, obesa, adelgazándola 20 kilos y subiéndolas después a Instagram, causándole una gran vergüenza? Es terrible el caso del chico que, después de que sus padres murieran tras toda una vida dedicados a cuidar de su hermana severamente discapacitada las 24 horas del día, decidió no hacerse cargo de ella, ingresarla en un centro y huir de allí para no volver a verla nunca más, tratando de recuperar el control de un destino siempre supeditado a sus necesidades.
El PSOE ha movido ficha contra Raul Stancu, un ultraderechista sentenciado a un año de cárcel por instigar y facilitar un ciberataque a la web del partido en noviembre de 2023, cuando diversos grupos extremistas alentaban una ola de protestas ante la sede de los socialistas en Ferraz. La formación ya ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo para oponerse a la reclamación del condenado de que se anule la pena de prisión dictada contra él. La defensa intenta tirar abajo el castigo impuesto, alegando que Stancu solo impulsó “una acción de protesta” política; pero el PSOE incide en que la Audiencia Nacional ya ha descartado esa tesis en dos ocasiones.
Los centros educativos no están exentos de tragedias: desde accidentes de autocares que golpearon a Viladecans y Ripollet hace dos décadas, al asesinato de un profesor con una ballesta en Barcelona en 2015, el suicidio de una alumna en Sallent en 2023 hasta la reciente tragedia en Manlleu, en que murieron cinco adolescentes en un incendio. Son hechos que marcan la etapa escolar, especialmente cuando se produce la pérdida de un compañero de clase. En el caso de Manlleu, cuatro de las víctimas estudiaban en el mismo instituto, el Antoni Pous de este municipio. El día siguiente al accidente, el centro dejó marcharse a los alumnos, profundamente afectados por la pérdida. Pero, ¿cómo puede recuperar una escuela o un instituto la rutina tras un accidente así? “Lo más importante es recuperar la normalidad lo antes posible”, asegura Andrés Cuartero, jefe del equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña.
El transporte público vive un momento dulce en Europa. Tras la grave crisis de reputación de los años más duros del covid, las administraciones han apostado por fórmulas para revitalizarlo: rebajas de tarifas, abonos únicos, nuevos servicios… Los viajeros han vuelto, pero hay muchos retos por delante, desde una financiación adecuada a la falta de personal, pasando por el impacto de los dos recientes accidentes de tren en España. “El transporte ferroviario es el más seguro, los viajeros volverán”, confía Mohamed Mezghani (Sfax, Túnez; 62 años), secretario general de la Unión Internacional del Transporte Público (UITP), la organización más importante del sector —que aglutina a cerca de 2.000 empresas en un centenar de países—. El tunecino recala en Madrid para asistir a una junta de la entidad.
El pasado 7 de febrero se cumplieron 54 años desde el día que Paquito Fernández Ochoa se colgó el oro en la prueba de eslalon de los Juegos de Invierno de Sapporo, Japón, en 1972. Aquello fue una sorpresa mayúscula, una colleja para la supremacía del arco alpino, suizos y austriacos rascándose el cogote preguntándose dónde habían perdido el escalón más elevado del podio. Resultó flor de un día para el olimpismo invernal español. Con todo, hoy, en la salida de la prueba de sprint, todos reconocen al catalán Oriol Cardona como el favorito indiscutible para colgarse del cuello el primer oro del esquí de montaña en unos Juegos, el segundo para España. Aunque cueste un mundo verbalizarlo. ¿Insufrible presión? No para Cardona, quien un par de semanas antes de encerrarse en su burbuja atiende a El País buscando, ante todo, desdramatizar.
Ana Fernández-Arcos (Barcelona, 42 años) es una neuróloga especialista en medicina del sueño e investigadora en la Fundación Pasqual Maragall. Descuelga el teléfono en su despacho, a las once en punto de la mañana, este martes.
Respirar es un proceso de purificación. O eso pensábamos hasta ahora. La inhalación supone la entrada en nuestro cuerpo de aire rico en oxígeno. Aire que baja por la faringe, laringe y tráquea hasta llegar a los pulmones, donde los alveolos pulmonares cambiarán el oxígeno presente en la sangre por el dióxido de carbono que se expulsará en la exhalación. Respirar limpia la sangre que será repartida por el corazón en su puntual bombeo. Esa es la función que hasta ahora hemos atribuido al proceso respiratorio. Pero afortunadamente nos estamos dando cuenta de que el cuerpo es mucho más complejo, y que la respiración refleja e influye en nuestro estado cognitivo y emocional. Más bien se nos había olvidado y lo estamos recordando.
El racismo en el alquiler de viviendas es una perversa combinación de dos de los mayores problemas que ponen en riesgo la convivencia social: la crisis habitacional y el avance del discurso antinmigración. El problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, es la vivienda, que se ha encarecido un 70% en los últimos 10 años. Un coste al que hay que sumar las exigencias añadidas que sufren los inmigrantes a la hora de alquilar: el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas racistas de los propietarios, según datos de Provivienda de 2025, especialmente contra personas de África, Asia y Latinoamérica. Es la tormenta perfecta para gran parte de los ciudadanos procedentes de otros países, que suponen ya la quinta parte de nuestra sociedad (10 millones, sobre una población de 49,5 millones). La discriminación en el alquiler impide su integración social y laboral, y los condena a habitar en zonas convertidas en guetos, que a su vez realimentan los prejuicios.
Puesto que el Gobierno no consigue sacar adelante los Presupuestos ni las leyes importantes, ha anunciado que regulará una cosa mucho más sencilla: las redes sociales. El tren es complicado porque tenemos muchos kilómetros de vías, y la vivienda es difícil porque las competencias están repartidas, pero actuar sobre el ecosistema digital es cosa de niños. Por supuesto, las medidas no solucionarán nada. Pero no pretenden actuar sobre el problema; lo que importa es anunciarlas. Te enfrentas con gente que tiene demasiado poder y cae mal a todo el mundo, y operas por sustitución: es como ir contra Trump, porque son sus aliados, sin arriesgarte a represalias; si te insultan, es un elogio. Puedes ir promocionando las mismas medidas, como con la vivienda, más o menos cíclicamente, porque nadie presta atención ni se acuerda de nada.
Los datos del último Sondeo de Opinión del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) armaron un cierto revuelo: resulta que casi dos tercios de los entrevistados están de acuerdo con “limitar” la entrada de inmigrantes a Cataluña. En realidad, los recelos de los catalanes con la inmigración vienen de lejos; lo que es noticiable es que estos recelos afloran de nuevo en un momento en el que la inmigración –el deseo de frenarla– se ha convertido en el argumento electoral favorito de la ultraderecha en toda Europa. Y Cataluña no está al margen de este fenómeno.
Hace más de una década, Google se empeñó en que lleváramos a todas partes unas gafas horribles con cámara y pantalla. Por suerte, el cacharro fue un fracaso comercial, dado el rechazo que provocaba ver a alguien con esas gafas absurdas en la cara y no tener muy claro si nos estaba grabando o leyendo su correo. El invento sirvió para acuñar una nueva palabra en inglés: glassholes, mezcla de glasses (gafas) y asshole (imbécil), habitualmente traducido como giligafas.
Para el PP de Alberto Núñez Feijóo los casos de machismo y acoso sexual en España solo son un problema estructural en el PSOE, así de simple, como si no se sufrieran y pudrieran en más partidos, instituciones y todo tipo de organizaciones. No es ninguna interpretación. Es la conclusión interesada e hipócrita de la intervención que la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, hizo en un pleno del Congreso cuando saltó el pasado verano el escándalo de los acosos de Paco Salazar, asesor en La Moncloa muy cercano a Pedro Sánchez y que iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de Organización del PSOE. Este miércoles, unos meses después, esa ley del embudo fue el guion de la decena de diputados del PP que preguntaron a los ministros del Gobierno en la sesión de control sobre cualquier asunto para aprovechar el gravísimo caso del director adjunto operativo (DAO) de la Policía que presuntamente violó a una agente bajo su mando en su vivienda oficial.
Como prehistoriadora y arqueóloga, me ha llamado poderosamente la atención la noticia de que el Museo Británico ha retirado el término Palestina de la sala dedicada a esta región a instancias de un grupo proisraelí que aduce que su utilización crea una falsa impresión de continuidad. Palestina es un término bien establecido, tradicionalmente utilizado por la academia, sobre una base científica. Palestina, mandato británico, fue campo de investigación de destacados arqueólogos de ese país. Por ello, resulta asombroso que el Museo Británico haya cedido a presiones interesadas en dirimir una cuestión falsa. ¿Toca ahora arrebatar, además, al pueblo palestino su historia, su cultura y su identidad?
La futura prohibición de que los menores de 16 años puedan acceder a redes sociales marca un nuevo capítulo en el debate sobre infancia, tecnología y responsabilidad pública. La medida, que el Gobierno de España prevé aprobar en las próximas semanas dentro del paquete normativo de protección de niños y adolescentes en entornos digitales, parte de una premisa clara: retrasar la entrada a plataformas diseñadas para captar atención, monetizar datos y fomentar la permanencia prolongada. Sigue la estela de la misma prohibición que entró en vigor en Australia el pasado mes de diciembre, y a la que planean sumarse Francia y Portugal.
La Consejería de Educación de Baleares ampara desde hace meses al orientador del IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, en Palma, sobre el que pesan, al menos, cinco denuncias internas presentadas por docentes del centro escolar que revelan reiteradas faltas de respeto, insultos y una continua dejación de funciones. La problemática no solo se circunscribe a los docentes, ya que al menos cuatro familias de alumnos han presentado en los últimos meses denuncias ante distintos estamentos del Gobierno de Baleares acusando al orientador de desatención y de un reiterado rechazo a informes clínicos sobre los estudiantes. La Consejería de Educación explica que hay dos informaciones reservadas abiertas para resolver las denuncias de los docentes y las presentadas por el orientador contra sus compañeros.