Noticias el Pais de España

“La mayor amenaza hoy en día para el patrimonio cultural es la guerra. El mayor destructor de patrimonio fue la Segunda Guerra Mundial; los bombardeos aéreos indiscriminados acaban con muchas vidas humanas y con mucha cultura”, sostiene Adam Lowe. Nació en Oxford en 1959 y allí estudió en la Ruskin School, la facultad de Bellas Artes de esa prestigiosa universidad. Quería ser artista, pero acabó fascinado por la tecnología y en 2001 creó —con los españoles Manuel Franquelo y Fernando García-Guereta— Factum Arte, una compañía que trabaja con artistas contemporáneos como Anish Kapoor o Marina Abramovic, y también especializada en la digitalización de patrimonio cultural.

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Las librerías en Francia levantarán la persiana este miércoles con un esperado ejemplar: Reconciliación (Stock, 2025). Pese a que la semana pasada se empezaron a filtrar algunos extractos del libro de memorias de Juan Carlos I, hoy el público ya podrá desgranar a lo largo de más de 500 páginas lo que fue la vida de Juan Carlos I, desde su infancia en el exilio hasta su retiro voluntario en Abu Dabi, pasando por episodios trascendentales en la historia del país como la Transición, el 23-F o su abdicación.

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España vive tan partida en dos mitades ideológicas que la única manera de ponerlas de acuerdo es proponer algo tan inane, banal, obvio y retórico que sea imposible rechazarlo. La proposición no de ley que aprobó el Congreso la semana pasada sobre el uso de la palabra cáncer es uno de esos consensos instantáneos: ¿quién se va a oponer a que las instituciones hablen del cáncer con un poco más de finura? Vox, claro. Los 33 diputados de Abascal votaron en contra, y su diputada aprovechó la tribuna para promover las metáforas bélicas que la proposición no de ley reprueba, en modo recochineo.

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El juez Juan Carlos Peinado no sabe escribir bien. Desconoce los usos de las mayúsculas, de la puntuación, las concordancias, la oportunidad de los gerundios, la relación entre oraciones, el hilo narrativo. El lenguaje claro no va con él.

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Giro en la estrategia del PP con Vox. Los populares han pasado de criticar que el partido de Santiago Abascal se coordinaba en “una pinza” con el PSOE para dañar sus intereses a asegura que Vox es una formación con “altura de miras” que respaldará al nuevo candidato de los populares a la presidencia de la Generalitat valenciana. Del distanciamiento de hace solo unas semanas, el PP gira ahora a una estrategia de cortejo con la extrema derecha, con el objetivo de evitar unas elecciones en la Comunidad Valenciana con un altísimo riesgo para su marca tras la dimisión de Carlos Mazón.

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No es habitual ver a dos fiscales declarando como testigos en un procedimiento, pero pocas cosas habituales hay en el ya bautizado como caso Leire Díez. La investigación contra esta exmilitante y exconcejal del PSOE, acusada de buscar información sobre miembros de la cúpula de la Fiscalía y de la Guardia Civil para anular determinadas causas, se inicia este miércoles con la declaración del fiscal Anticorrupción José Grinda y el fiscal de Madrid Ignacio Stampa, quienes coinciden en apuntar que Díez o personas de su entorno se acercaron a ellos para buscar trapos sucios de sus superiores. También declarará como testigo en el Juzgdo de Instrucción Número 9 de Madrid el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo.

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En octubre de 2023 unos jóvenes de un instituto de Nueva Jersey (EE UU) sacaron una foto del Instagram de una compañera y la pasaron por ClothOff, una aplicación que genera cuerpos desnudos con IA. Luego la enseñaron a compañeros y fue distribuida por Snapchat. Los sospechosos no fueron acusados penalmente por sus actos porque no quisieron hablar ni ceder sus dispositivos a las autoridades. La joven, que tenía entonces 14 años, temía volver a los pasillos del centro y vive en “perpetuo miedo” de que su imagen falsa reviva en internet. Ahora ha denunciado a ClothOff, la empresa presuntamente basada en Bielorrusia que está detrás de un grupo de apps con distintos nombres que desnudan con IA.

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En una habitación en penumbra de un edificio de dos pisos situado en un barrio residencial a las afueras de Daca, la capital de Bangladés, Bithi ayuda a su hija con los deberes. “Quiero que vaya al colegio y se esfuerce. No quiero que pase por lo mismo que yo”, afirma esta mujer de 26 años, cuyo apellido se omite por razones de seguridad. Bithi fue víctima de trata entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Sus captores la explotaron en dos burdeles en Abu Dabi, fue liberada gracias a la intermediación de la ONG bangladesí Anirban y ahora busca justicia.

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La detención de 30 padres y madres marroquíes en Tarragona que hicieron pasar a sus hijos como si fueran menores no acompañados ha abierto un debate en el sistema de protección a la infancia en Cataluña. La Generalitat y la Policía se han conjurado para acabar con una práctica que califican de “fraude”, ya que supone dejar bajo tutela de la Administración a menores que ni están solos ni abandonados, sino que tienen a sus padres viviendo cerca de ellos y con capacidad para prestarles apoyo. Para las familias, el ardid es una vía hacia la prosperidad: sus hijos adolescentes llegan de forma segura a España, reciben manutención, alojamiento y estudios de forma gratuita y obtienen con celeridad permisos de residencia y trabajo.

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Wendy Rodríguez (28 años, Colombia) paga 500 euros por una habitación subalquilada en Madrid, en donde se aprietan ella, sus dos hijos y su esposo, sin tratar de molestar a la casera —que vive en la habitación contigua con su familia y los ha expulsado varias veces—. Wendy describe una campaña de acoso contra los suyos: “Nos esconde la licuadora, los cuchillos, nos bota la comida […], nos desempadronó justo cuando estábamos haciendo los documentos del bebé y algunas noches pone el cerrojo con nosotros afuera”. No se van por razones similares a las de múltiples familias con niños entrevistadas por este diario: la oferta restringida, los precios desorbitados y las exigentes condiciones empujan a la infravivienda y hasta el sinhogarismo a cientos de familias en Madrid, especialmente migrantes, monoparentales o con integrantes con discapacidad.

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Escribir canciones, juntarse con músicos, ensayar en un pequeño local, grabar un disco y salir a la carretera para actuar. Así es hoy la vida de Miguel Ríos (Granada, 81 años). Apenas ha cambiado desde los años sesenta, cuando comenzó a tallar la figura del primer y más respetado rockero que ha visto España. Llega a la cita con EL PAÍS en Madrid antes de la hora, elegante, con ganas de hablar, consciente de que tiene entre manos un solvente disco de rock, El último vals. No ha tenido paciencia y antes de que se publique (este viernes) ha comenzado la gira. Viene de presentarlo en un Liceo barcelonés repleto, y seguirá así hasta bien entrado 2026.

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El ampuloso autorretrato melodramático que abre el libro –“Soy lo que escribo. A escribir le debo todo lo que soy”- prefigura un problema literario de tres pares de narices porque si este hombre es lo que ha escrito en esta novela, quizá mejor que no abandone jamás las populosas tertulias televisivas: la insipidez de su prosa es pavorosa.

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Justo medio siglo después de que tuviera lugar la Marcha Verde —cuyo aniversario se cumple mañana—, Marruecos ha visto cómo la comunidad internacional ha respaldado en gran medida su aspiración sobre el Sáhara Occidental, descolonizado apresuradamente por España en 1975 y, desde entonces, objeto de disputa entre el reino alauí y los representes de los saharauis, partidarios de un Estado independiente de carácter republicano. La votación registrada el pasado viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU, que avala el plan marroquí de autonomía para el antiguo territorio español, supone una victoria diplomática para Rabat, pero también le obliga a presentar un proyecto autonómico creíble que convierta la región en una zona pacífica y próspera y en la que, sobre todo, los derechos de la población que habitaba el Sáhara Occidental antes de la retirada española queden garantizados.

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La Cumbre de Bruselas en el 2023 relanzó la relación entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) tras ocho años sin sentarnos a la mesa. La que se ha de celebrar en Santa Marta (Colombia), a partir del próximo 10 de noviembre, debiera consolidar avances en un mundo más fragmentado en el que ambas regiones se enfrentan a desafíos comunes. Algunos se manifiestan de forma muy aguda; Latinoamérica y el Caribe es la región más desigual y violenta del mundo, sufre del crimen organizado, fragilidad institucional y crisis humanitarias. La desafección democrática está en máximos históricos desde 1995 según el Latinobarómetro: surgen discursos autoritarios y populistas. Europa también sufre una creciente desigualdad social, aumento del narcotráfico, polarización y desinformación de la esfera pública y pujanza de las fuerzas políticas nacionalpopulistas.

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El primero en darse cuenta fue William Stanley Jevons, en plena Segunda Revolución Industrial. Londres era el centro del mundo, y la economía británica crecía desenfrenada, con el telégrafo y las nuevas rutas de transporte expandiendo su influencia incluso más allá de las colonias. En tres décadas, la población del Reino Unido se había duplicado y había triplicado su PIB. Iban como un tiro, pero tenían un problema: toda su economía dependía del carbón. Las máquinas que aceleraban la industria textil; la producción de hierro y acero. Los barcos y ferrocarriles. Hasta la primera línea telegráfica pública que coordinaba los trenes del Great Western Railway, entre Paddington y West Drayton. Por no hablar de la calefacción. Todos los economistas del imperio, incluido Jevons, se estaban preguntando lo mismo: ¿Qué pasará cuando se acabe el carbón? ¿Es sensato permitir que la industria crezca por encima de nuestra capacidad energética de mantenerla funcionando? Sólo Jevons se dio cuenta de un detalle: diseñar máquinas más eficientes no resuelve el problema. Al contrario: cuanto más eficientes eran las máquinas, más demanda había de carbón.

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El Gobierno de Donald Trump ha arrollado muchos equilibrios democráticos que se daban por sentados en Washington desafiando a los jueces, al Congreso y a la Constitución para imponer su agenda. Lo hace además con ninguna oposición del Congreso y con cierta complicidad del Tribunal Supremo. El cambio es tan profundo y tan rápido que el término “autocracia” comienza a abrirse paso en el debate sobre lo que está pasando en la democracia más antigua del mundo.

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Al capitán del Equipo A, Hannibal, que también tenía el pelo blanco, le gustaba decir, al final de cada episodio: “Me encanta que los planes salgan bien”. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al que las canas otorgaron el poder de “adivinar”, no forma parte, como en la serie, de un comando de fugados tras ser encarcelados por un delito que no habían cometido, pero sí ha probado suerte como “soldado de fortuna”. Este martes, sus respuestas en la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordaban a la mítica frase de Hannibal, como cuando, preguntado por la información tergiversada que transmitió a un grupo de periodistas sobre la situación de Alberto González Amador, novio de su jefa, contestó, ufano: “Y a partir de ahí se desata la locura...”; O cuando, preguntado por el tuit en el que aseguró, en la fase de instrucción, que si llegaba una ocasión como esta ―la de declarar en el Tribunal Supremo contra García Ortiz―, “el fiscal iría p’alante”, replicó: “Era un pronóstico, un mensaje en una red social, un vaticinio... y no era desacertado. Mire dónde estamos”.

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Los narcos no dan tregua en Galicia a la policía. Aunque no se han alcanzado todavía las cotas de hace 20 años, cuando las incautaciones de cocaína marcaron máximos históricos, la comunidad vive una oleada de cargamentos, 11,5 toneladas en lo que va de 2025 (10,5 en todo 2024) con un valor que supera los 800 millones de euros, y la llegada de más narcosubmarinos, que han podido ser interceptados gracias a una eficaz colaboración entre agencias antidroga internacionales. Un intercambio de información cuya principal prioridad en esta batalla inabarcable contra los narcos es contener la entrada de alijos a través del Atlántico.

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