Noticias el Pais de España

José Francisco Garre (Torre Pacheco, 53 años) ha pasado en 24 horas de vicepresidente del Comité de Garantías de Vox, el órgano encargado de velar por los derechos de los afiliados y sancionar disciplinariamente a quien incumpla los estatutos del partido, a supuesto corrupto. La formación ultra difundió el pasado viernes un comunicado en el que le califica de “traidor”, le acusa de haberse vendido al PP y le exige que devuelva su acta de concejal por haber llegado a un pacto de gobierno con el alcalde de Torre Pacheco (Murcia), el popular Pedro Ángel Roca, del que su partido dice haberse enterado “por la prensa”.

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Pedro Sánchez está convencido de que los valores sociales de la izquierda tienen mayor peso en todo el planeta pero quedan eclipsados por la movilización global de una extrema derecha en efervescencia. El presidente del Gobierno no se limitó a analizar el resultado de las elecciones en Castilla y León hace dos semanas en la última reunión de la ejecutiva del PSOE. Sánchez, que desde 2022 preside la Internacional Socialista, enumeró cómo la ultraderecha ha tejido durante años una red de alianzas para propagar sus discursos nacionalpopulistas adaptados a cada país. El resultado son miles de actos en los que las distintas sensibilidades de la familia política ultra orillan sus incoherencias y contradicciones y colaboran en la expansión de una agenda común, con banderas incuestionables como el rechazo a la inmigración y el combate de la ideología woke. La conclusión del secretario general del PSOE, según miembros de su dirección, fue que era prioritario contrarrestar el auge del credo ultraconservador. La primera respuesta de calibre de la izquierda democrática, en la que se lleva trabajando desde el año pasado y en la que Sánchez ejercerá de maestro de ceremonias, se producirá el 17 y 18 de abril en Barcelona.

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Luo Minmin, director del Instituto Chino de Investigación Cerebral (CIBR, por sus siglas en inglés) de Pekín, desgrana detalles sobre uno de los implantes cerebrales más avanzados que están desarrollando. Mientras habla de electrodos y neuronas, una pantalla a su espalda muestra el vídeo de uno de los ensayos que han llevado a cabo en monos: el macaco, inmovilizado en un laboratorio, tiene la tapa de los sesos abierta y unos cables conectados al cerebro; los sensores detectan sus impulsos neuronales a medida que sigue con sus ojos grandes de primate un círculo rojo en un plasma que tiene delante; los datos de su cerebro son procesados al instante, de modo que, con algo que se podría denominar “pensamiento”, es capaz de mover un cursor en la pantalla. La acción, a su vez, pone en funcionamiento un brazo robótico real. En resumen: tenemos a un mono manejando una máquina con la mente.

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“En Dubái están los que disparan con el teclado del teléfono, calentitos en sus casas, mientras aquí se montan algunos pitotes que flipas. Aunque ahora empiezan a no tenerlo tan fácil”. Juan —nombre ficticio mediante— resume en dos frases cómo y desde dónde opera lo que él llama con guasa “la clase alta de narcolandia”, que él conoce bien desde dentro. Tiene amigos ahí, ha invertido en algún porte de hachís y se conoce a la mayoría de los capos del Estrecho de Gibraltar, pero reconoce que llegar a esas esferas de poder son palabras mayores y peligrosas. Hace ya cuatro años que la cúspide del negocio de la droga del país, especialmente si es cocaína, mudó su “oficina central”, como la define un policía del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de Cádiz, a esta ciudad de Emiratos Árabes. Sin embargo, la guerra de Irán, la nueva colaboración policial con las autoridades emiratíes y la pérdida del anonimato del destino como refugio del narco están llevando a los más poderosos a mover ficha.

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Un día, María, vecina de Toledo de 31 años, recibió una llamada de alguien que ella consideraba un amigo. El hombre le pedía ingresar en su cuenta un dinero que le iban a transferir y después sacarlo y dárselo en efectivo. Este amigo lo justificó diciendo que tenía un embargo y que le iban a quitar cualquier cantidad que entrara en sus cuentas. Ella accedió a hacerle el favor. Recibió 2.990 euros el 12 de enero de 2024 y poco después le entregó esa cantidad a su amigo en mano. Se olvidó de esa operación, hasta que seis meses después llegó una notificación del juzgado a su casa. Cuando compareció, le comunicaron que estaba investigada por un delito de estafa.

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El endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea ha dado un paso más con la aprobación en el Parlamento de Bruselas de un reglamento de retorno que abre la puerta a la deportación a terceros países ajenos a la Unión de extranjeros que hayan visto rechazada su solicitud de ingreso. 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones pusieron a la ultraderecha en pie para aplaudir su éxito, a saber, la consolidación de una tendencia que les viene reportando beneficios electorales y a la que han arrastrado a los conservadores tradicionales. En la otra esquina, las izquierdas, liberales y verdes recordaron que lo aprobado puede violar derechos fundamentales y que, en cualquier caso, contradice los valores de la propia Unión.

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La unión monetaria europea se sostiene sobre una contradicción institucional: la política monetaria está centralizada pero la política fiscal sigue siendo nacional. Quizá en Maastricht fuera lo más conveniente desde el punto de vista político, pero económicamente nunca fue un diseño completo. Por eso tenemos que seguir planteándonos la pregunta de cuánto tiempo va a poder seguir dependiendo el euro de un banco central único y un conjunto de balances soberanos nacionales cuyo riesgo crediticio es diferente en cada crisis. Cuando la moneda es federal, hay ciertos factores como una capacidad fiscal común y la emisión conjunta de deuda que dejan de ser lujos ideológicos para ser la mitad que falta y que la Unión Económica y Monetaria necesita urgentemente.

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El nuevo reglamento de Retornos que acaba de aprobar la Eurocámara permitirá la creación de centros de detención fuera de la UE donde podrán desaparecer personas que no consigan papeles hasta durante dos años. Eso incluye países diferentes de su lugar de origen, donde la persona o familia deportada podría no haber estado nunca, no conocer a nadie, no entender el idioma y no tener derechos, manteniendo su condición de inmigrante en países con menos escrúpulos que el nuestro. También acelera el proceso de deportación, reduce los plazos de apelación y establece una orden de retorno única para todos los Estados Schengen. Docenas de organizaciones de derechos han firmado cartas advirtiendo del peligro. Corremos el riesgo de ver en Europa las mismas escenas aterradoras que hemos visto en EE UU.

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En su cabeza debía de sonar razonable, pero la justificación que ha dado la semana pasada el ya exministro de Energía y Minas de Perú, acusado de violar a una adolescente de 16 años cuando él tenía 46, es pasmosa: “Mi único pecado fue enamorarme”, soltó con aparente convicción en un programa de televisión al que fue invitado junto con su abogado defensor. El asunto fue a peor conforme el letrado añadía explicaciones, que incluyen un supuesto “factor cultural” en el oriente de Perú: “Aquí lo que pasa es que estamos exagerando, rajándonos las vestiduras. Lo que estás satanizando es usual”, le dijo al presentador, “no es ideal, pero no ha habido violencia”. El presentador, fuera de sí, vuelve al exministro, Ángelo Alfaro: “¿Qué le hacía pensar a usted que una adolescente de 16 años podía tomar la decisión de irse a vivir y tener un hijo con usted?”. La respuesta: “Porque ella lo quiso, me lo pidió y su familia lo aceptó. En ningún momento yo me impuse”.

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Carlos Cuerpo es, por talante y capacitación, el ministro más solvente del Gobierno. Su desempeño al frente de una cartera tan compleja como la de Economía le han valido un reconocimiento transversal del que también gozaba, por cierto, su antecesora en el cargo y mentora: Nadia Calviño. Pedro Sánchez ha decidido con acierto ascender a Cuerpo al cargo de vicepresidente, un rango —en su caso primado— que comparte con otra ministra de perfil técnico como Sara Aagesen. Ninguno de los dos, como tampoco Calviño, tiene carné del PSOE.

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Cuenta la psiquiatra Gemma Parramon (Campdevànol, Girona, 54 años) que un día, cuando apenas era una residente de primer año y estaba empezando su andadura en la medicina, un ginecólogo le dijo: “Mira, yo en cuanto las pacientes entran por la puerta de la consulta, ya sé si son histéricas o no”. Esa escena, sintomática de una medicina históricamente androcéntrica y abducida por los roles de género, se le quedó grabada. Tanto, que vuelve a ella, 25 años después, para ilustrar cómo los sesgos machistas y la mirada patriarcal de la ciencia han construido, hormonas mediante, la percepción social sobre la salud femenina.

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Nacido en Telde (Las Palmas de Gran Canaria), en 1971, Juan Verde llegó a EEUU con 15 años. Allí le acogieron los Seoane, una familia cubana a la que la suya había ayudado cuando, antes de mudarse a Boston, emigraron a España. Pisó suelo estadounidense sin hablar una palabra de inglés; se graduó cum laude en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; hizo un máster de Administración Pública en Harvard y terminó trabajando para tres presidentes de EEUU: Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Hoy es consultor en el sector privado y el público y se ha especializado en economía sostenible. “Con este apellido”, dice, “estaba predestinado”.

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“He estado en prisión a la vez que tenía recursos admitidos incluso por el Tribunal Constitucional...[...] ”, escribe desde la cárcel de Dueñas, Palencia, Juan José Llanos. El remitente, condenado a siete años de prisión en un caso de tráfico de drogas, denunciaba en esa primera carta que no se habían respetado “las leyes” ni “la Constitución”, autorizaba el acceso a toda la documentación de su caso y pedía disculpas por los “errores gramaticales”: “soy una persona sin formación”. Tres semanas después, el 14 de marzo pasado, llegó otra carta: “Quien me juzgó [en 2023] y violó todos mis derechos fundamentales, privándome de un real derecho de defensa fue la magistrada Concepción Espejel Jorquera, quien era presidenta de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, acusaba. Espejel es ahora magistrada del Tribunal Constitucional.

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Almudena Valdespino, una mujer trans panameña de 39 años, llegó a España desde su país en 2014. Le dijeron que venía a trabajar, pero nunca imaginó que eso a lo que llamaban trabajo implicara ser explotada sexualmente. “Me engañaron y fui víctima de trata”, relata. A Valdespino le costó más de un año salir de esa situación. “Pedí asilo y me lo denegaron. Luego ya obtuve mi permiso de residencia y de trabajo, pero aún no he podido adecuar mis documentos”, explica Valdespino, que reside en Albacete y estudia Trabajo Social. Así, en la mayoría de documentos oficiales figura su deadname ―el nombre que tenían antes de transicionar―, lo que le genera diversos problemas, desde laborales hasta sanitarios. “En algunos aparezco como Almudena; en otros, con mi deadname: Esteban”, incide: “Estoy en un limbo”. Para la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) esto “vulnera los derechos de alrededor de 65.000 personas trans migrantes; las deja en una situación de inseguridad jurídica permanente”.

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Cuando Maravilla ve al biólogo Plácido Rodríguez extiende sus alas a modo de saludo, danza y le acerca el pico. Esta hembra de cisne enviudó (muchas de estas aves muestran comportamientos monógamos) hace un año por un accidente de su pareja y su cuidador es hoy su principal referente de vida. Maravilla es uno de los ejemplares de las más de 180 especies que habitan La Cañada de los Pájaros, la primera reserva concertada de España y santuario para las aves a las puertas de Doñana. Este refugio, que ha servido de tabla de salvación para varias especies amenazadas o en declive (focha cornuda, cerceta pardilla, porrón pardo y malvasía) está hoy en peligro de extinción. “Si no queda otra, nos marchamos”, lamenta Maribel Adrián, también bióloga, cofundadora del centro y esposa de Plácido Rodríguez.

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Dos malas noticias para el Ayuntamiento de Madrid en poco más de 24 horas. Esta semana la justicia anuló la tasa de basuras y confirmó que los parkings del Bernabéu seguirán en stand by. En los últimos años, los tribunales han tumbado, total o parcialmente, estos y otros proyectos y cambios normativos de calado impulsados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP). Cada caso tiene sus particularidades ―muchos implican cuestiones urbanísticas, por ejemplo―, pero la mayoría ha caído por los mismos dos motivos. Uno es la falta o escaso rigor de documentos esenciales, como los informes económicos o los ambientales, por lo que se aprueban planes o normas sin valorar de forma adecuada su impacto. Otro, derivado del anterior, son las reiteradas deficiencias en el proceso de participación, o los vecinos no poseen la información completa o se ignoran alegaciones.

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―¿Te gustan las cabras?

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En la plaza Maragall de Bellaterra tres vecinos charlan bajo el sol del último jueves de marzo y opinan sobre el debate que tiene en vilo a esta urbanización de chalés, algunos vistosamente lujosos, de las afueras de Barcelona. ¿Prefieren quedarse en Cerdanyola del Vallès o pasar a ser un barrio de Sant Cugat? “A mí me da lo mismo”, dice Joan Garcia. “Pues a mí no me da igual porque he pasado más de 60 años siendo vecino de Cerdanyola y quiero seguir siéndolo, pese a que estoy enfadado”, replica Josep Riart. El motivo de su enfado tiene que ver con el bloqueo administrativo que atranca el desarrollo de 150 viviendas nuevas. Es un proyecto urbanístico comunal ideado e impulsado por un grupo de residentes en la urbanización para facilitar, sobre el papel, pisos para jóvenes, que saldrían a la venta a un coste inferior al precio actual de mercado y con una reserva de varias unidades para ser de protección oficial. “Es que da igual de donde seamos, lo que hace falta es desbloquear esto para que los jóvenes puedan tener un sitio para quedarse a vivir aquí”, resume Paco Bernal, tercer integrante del corro vecinal.

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La Guardia Urbana de Barcelona procedió el miércoles, poco antes de las ocho de la mañana, a desalojar las 40 barracas y tiendas de campaña donde vivían 126 personas en el Pont del Treball Digne, en el barrio de Sant Andreu. Montserrat Hernández, de 25 años, no fue una de las desalojadas. No lo fue porque días antes ella y su marido Mohammed Zeghari, de 28, discutieron con algunos de los acampados en esa zona y se marcharon. Se fueron no muy lejos. A una barraca situada en el barrio del Poblenou, en un pequeño campamento cercano a la antigua fábrica La Escocesa. Allí vive el matrimonio junto a una veintena de personas más. El miércoles, Hernández y Zeghari se salvaron del desalojo del Pont del Treball pero ni mucho menos cantan victoria, ya que les han comunicado que hoy lunes serán expulsados de la barraca donde duermen.

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