Noticias el Pais de España

El pasado 25 de septiembre, el consejero delegado del grupo Ribera, Pablo Gallart, pidió a una veintena de mandos en una reunión interna revelada por EL PAÍS aumentar listas de espera y seleccionar procesos rentables para aumentar el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro público de gestión privada de Madrid. Tanto él, como la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, trataron de desacreditar este sábado la información, alegando que estaba descontextualizada. Este periódico publica ahora la intervención completa de Gallart. Nada de lo que dice en 24 minutos y 56 segundos de grabación es contradictorio con lo que EL PAÍS ha publicado hasta la fecha. Todo el contexto es la justificación que hace para persuadir a sus subordinados de que tomen las medidas que les pide a posteriori. “Lo que vamos a hacer es, evidentemente, adecuar el servicio que les vamos a dar de acuerdo con el dinero… por recursos que ellos nos van a entregar”, les explica tras argumentar pérdidas millonarias por el convenio con la Comunidad de Madrid.

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Durante la reunión que tuvo el pasado 25 de septiembre Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera, con una veintena de mandos de la empresa y del Hospital de Torrejón para trasladarles la orden de recortes en el centro, apuntó al gran grupo que hace negocio con la sanidad pública en la Comunidad de Madrid: Quironsalud.

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El pasado 27 de noviembre, en Madrid, se produjo un hecho insólito. Con la Puerta del Sol a punto de llenarse de manifestantes que reclamaban a pleno pulmón una universidad pública de calidad, la presidenta del Gobierno de la Comunidad lanzó en redes sociales un mensaje difícil de entender: “Yo, sí”, afirmaba, junto a un corazón rodeado por el lema “Formada en la universidad pública”. Cuando, en un periodo de bonanza económica, el sistema universitario madrileño se asfixia a causa de una crónica infrafinanciación, la responsable última de su maltrecho estado comunica al mundo su orgullo por haber cursado la carrera en la Complutense, el mayor y más antiguo de sus centros, que anda estos meses al borde de la ruina. No tuvo mucho éxito entre quienes respondieron a su sentida declaración, que la acusaron de cinismo y de cosas peores.

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A veces —no demasiado, también tengo que decirlo— añoro los tiempos en los que los trabajadores del audiovisual teníamos a casi todos nuestros amos a la distancia de un látigo, por seguir usando el mismo campo semántico. Cuando la televisión generalista mandaba en el sector, nuestras series y programas se caían a plomo después de dos emisiones si no pasaban el corte de la audiencia; nos quedábamos sin trabajo de un día para otro después de haberlo dado todo por un proyecto, pero al menos uno tenía la sensación de que ese abrupto despido venía refrendado por el espectador. Trampa, claro: la cadena lo fiaba todo al corto plazo y era el productor quien, para minimizar su riesgo, pegaba la producción a la emisión todo lo que podía, por eso una serie empezaba a emitirse cuando aún quedaba mucho para el fin de su rodaje. Pero, al fin y al cabo, si desde sus casas la gente veía lo tuyo, te salvabas de la quema.

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A Pepi Sánchez, presa por un instante de la indignación, se le escapa un taco, que de inmediato pide al periodista que omita. No será el único. Y no es que sea proclive a las palabrotas, aclara esta secretaria retirada, madrileña de 73 años, hija y nieta de represaliados por el franquismo en la provincia de Badajoz. Es que el tema del que habla la remueve por dentro. ¿Qué tema? El retroceso en la legislación de memoria histórica aprobado por el PP y Vox en Extremadura, la tierra reprimida con saña por el general franquista Juan Yagüe, que hizo méritos para ser conocido como el “carnicero de Badajoz”. “La verdad es la verdad, por mucho que quieran taparla. Pero lo están intentando, qué disparate. Cuando la izquierda tuvo más fuerza, debió hacer más. Así no nos veríamos como ahora, con críos que dicen que con Franco se vivía mejor“, lamenta. Y se le escapa otra palabrota —nada grave—, que vuelve a pedir que no conste en acta.

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El PSOE se ha pegado un larguísimo y sangriento tiro en el pie en un asunto de extrema sensibilidad para el mundo progresista, un caso de acoso sexual grave en La Moncloa, en el corazón del poder de Pedro Sánchez, protagonizado por uno de sus hombres de máxima confianza, Paco Salazar. El caso era ya en sí grave cuando estalló en julio, pero la gestión interna de las denuncias (estuvieron cuatro meses sin contactar con las víctimas) ha terminado de hundir la imagen del PSOE en esta cuestión y está generando un conflicto interno creciente.

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Pese a que la tensión política está en máximos en plena campaña de las elecciones en Extremadura, el último Pleno del año y los primeros compases de 2026 pueden alumbrar algunos consensos importantes entre el Gobierno y el Partido Popular. El próximo jueves, el PP tiene previsto compensar su rechazo a la senda de déficit, que vuelve a votarse tras haber sido tumbada a finales de noviembre por el PP, Vox y Junts, aprobando el decreto que aumenta el salario de los funcionarios, según confirman fuentes de la dirección el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo apoyará también el decreto de revalorización de las pensiones, que previsiblemente se votará en enero, en el caso de que el Gobierno lo lleve en solitario sin mezclar con otras medidas, afirman las mismas fuentes a EL PAÍS.

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La Oficina Andaluza Antifraude investiga si el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, epicentro de la crisis del cribado de cáncer de mama, ha pagado sobresueldos irregulares a dos cargos intermedios de enfermería en la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción. Las dos coordinadoras de esa unidad cobraron supuestamente complementos salariales por nocturnidades y turnos de festivos sin haberlos trabajado. El problema es la dimensión del supuesto fraude, ya que estos cargos intermedios son solo un botón de muestra de una práctica irregular que ocurre con muchos cargos intermedios en los 51 hospitales andaluces, según coinciden los responsables consultados.

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“¿Qué pensaríamos si un alcalde o un dirigente negro se pintara la cara de blanco para hacer de Melchor o Gaspar? Seguro que se alegaría que hay mucha gente blanca para representarlo. Pues eso mismo piensan los jóvenes africanos o de raza latina andaluces cuando ven a un blanco pintado de negro encarnando a Baltasar”. Con esta analogía tan gráfica describe Juan Molina, presidente de la asociación Familias Solidarias, el estupor que sienten todos los afrodescendientes y latinos por esta práctica denominada black-face, todavía vigente en muchas cabalgatas españolas. Él se hace eco de la petición que varias asociaciones de ámbito nacional, entre ellas representantes de jóvenes adoptados, han trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que este año sale como Rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla, para que no se pinte la cara de negro. “El black-face ya no es una opción. Ahora lo que toca es eliminar las prácticas racistas de nuestras tradiciones”, le reclaman al dirigente popular.

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Tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid comparecen este martes y el miércoles como imputados en dos juzgados (uno en la capital y otro en Collado Villalba) por su gestión de las residencias de ancianos de la región en los meses más críticos de la pandemia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cambió en marzo de 2020 los protocolos vigentes y, para evitar un colapso, recomendó que no fuesen hospitalizados los residentes con dependencias mentales o físicas, independientemente de si padecían covid, presentaban síntomas de haberse contagiado o sufrían otra enfermedad. Los imputados son Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, quien firmó los cuatro nuevos protocolos; su sucesor en ese puesto y redactor de los mismos, Francisco Javier Martínez Peromingo, y Pablo Busca, entonces gerente del Summa 112, servicio que gestiona las ambulancias públicas.

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Casi cuatro años después de que Rusia invadiera Ucrania, los esfuerzos para poner fin a la guerra se intensifican. En las últimas semanas, se han presentado no una sino dos propuestas de paz. Hay reuniones de altos cargos casi a diario. Los enviados de Estados Unidos viajan sin cesar entre Kiev y Moscú. Se aplauden públicamente los intentos del presidente Donald Trump de acabar con el derramamiento de sangre y, mientras tanto, todos se apresuran a definir las condiciones.

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¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Para empezar, no sabemos ni cuánta tenemos. Si se disparan los casos en un país puede ser porque la corrupción crece o precisamente por lo contrario: porque la justicia empieza a actuar en serio.

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La oferta de compra por parte de Netflix de la casi centenaria compañía Warner ofrece una limpia estampa de los tiempos que corren. Esta adquisición ejemplifica el proceso de concentración general en casi todos los sectores. Unos pocos triunfadores se hacen con volúmenes de mercado inauditos en un territorio, el de los negocios, en el que el dicho de que “el ganador se lo lleva todo” no puede ser más actual. La eliminación de otro de los grandes estudios del tradicional Hollywood señala en la ruta de los enormes nuevos gigantes que, como en los territorios tecnológicos, están adquiriendo volumen de empresa sistémica.

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El viernes pasado, la Comisión Europea anunció la imposición de una multa de 120 millones de euros a X (antes Twitter) por tres vulneraciones del Reglamento de Servicios Digitales. Una de estas vulneraciones es el fin del sistema de verificación de Twitter. Antes de que el magnate Elon Musk se hiciera con la plataforma por 44.000 millones de dólares, Twitter daba insignias azules a gente e instituciones relevantes para que los usuarios supieran si quien estaba diciendo algo era la persona o institución de verdad o un fraude. Musk decidió dar la insignia azul a quien pagase por ella. Eso, ha resuelto la Comisión, es confundir al consumidor y abrir la puerta a estafas de distinta índole. Las otras sanciones son por no abrir los repositorios de publicidad (impidiendo saber, entre otras cosas, quién pone un anuncio en la plataforma) y por impedir trastear en las estadísticas de X, lo que hace imposible saber, por ejemplo, si el número de usuarios activos que vende la empresa es cierto o incluso plausible.

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Pantone ha dicho que el color de 2026 será el blanco, que es el color de las nubes y el de la ropa de monja que Rosalía (sí, otra vez ella; ¿les riñen a ustedes por llevar años dando la turra con Sabina o con Springsteen?) lleva en la portada de un disco alucinante que, pasado por un prisma, arroja todos los colores. Dice la crítica de moda del New York Times, Vanessa Friedman: “Dado el reciente discurso político, cuando escucho blanco, me vienen a la mente asociaciones poco saludables, que dudo que Pantone haya tenido en cuenta”.

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Lucía Herrera preside la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, entidad que reúne a los responsables académicos de 85 facultades españolas y que acaba de poner sobre la mesa sus propuestas para reformar las carreras de Magisterio y el máster para ser profesor de secundaria con el objetivo de adecuar la formación de los docentes a los nuevos tiempos y hacerla más exigente. Nacida hace 52 años en Quart de Poblet (Valencia), donde su padre estaba destinado como Guardia Civil, y criada en Jódar (Jaén), desde 2020 es decana de la Facultad de Educación de Melilla, que forma parte de la Universidad de Granada, y vive y trabaja en la ciudad autónoma.

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Los grupos de ultraderecha están cada vez más movilizados y coordinados en Madrid. Durante el mes de noviembre convocaron dos manifestaciones multitudinarias en pleno centro de la capital que congregaron a más de 700 personas cada una y en las que se pidió “un tiro en la nuca” para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Falange Española y Núcleo Nacional tensan el discurso y sus simpatizantes agitan las calles. Los vecinos del distrito madrileño de Hortaleza lo están sufriendo especialmente: migrantes agredidos, pintadas amenazantes en locales de asociaciones y un ambiente cada vez más caldeado, son algunos de los episodios que se han vivido allí a lo largo de las últimas semanas. Tanto es así que el pasado domingo, más de un centenar de residentes se echaron a las calles para protestar. “Hortaleza contra el fascismo”, se leía en la pancarta principal de la concentración.

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Miki Esparbé (Manresa, 42 años) vive una racha imparable. Tras el éxito de Wolfgang, el actor interpreta a Juan Carlos I en la serie Anatomía de un instante, acaba de ser un judío sefardí en la obra teatral Los nuestros, de Lucía Carballal, en el Teatre Nacional de Catalunya, y este viernes estrena en cines Frontera, donde encarna a uno de los hombres que ayudaron a los 80.000 refugiados que cruzaron los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial huyendo del nazismo. En 2026 tampoco va a parar. Natural, cercano y alérgico a la pretensión, se sentó a hablar en un bar de su barrio, Gràcia, en Barcelona.

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Aromar Revi (Kochi, India, 64 años) es uno de los expertos que hace siete años vaticinó, con rigor científico, qué pasaría si en el planeta Tierra se superaban los 1,5 grados ―o, peor aún, los 2 grados― con respecto a los niveles preindustriales. Hoy, un año después de que el planeta traspasara por primera vez esa barrera, y en medio del negacionismo climático del Gobierno de Estados Unidos y del paso atrás de algunos populismos europeos, teme que la reducción de las emisiones será una tarea cada vez más difícil.

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