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Dos proposiciones de ley para prohibir el uso del niqab, que solo deja a la vista los ojos de las mujeres musulmanas que lo portan, y del burka, que cubre su rostro y su cuerpo, coincidieron ayer en el Congreso. La propuesta de Vox, que fue rechazada con el voto decisivo de Junts, y la que registró el mismo grupo parlamentario de Junts, cuya admisión deberá decidirse en una próxima reunión del pleno, y que tampoco cuenta con una mayoría suficiente para salir adelante. Curiosamente, ambas propuestas, despejada la retórica política que cada una articula, tienen un único artículo y coincidente: vestir esas prendas quedaría prohibido en la calle y en cualquier espacio con proyección pública. Un fin sobre el que la justicia europea ya se ha pronunciado favorablemente. Pero, de aprobarse, probablemente ninguna de las dos pasaría el filtro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No por el fin en sí mismo, sino por las formas. La Corte de Estrasburgo defiende que la prohibición de las prendas que ocultan la cara es aceptable. Pero exige que también lo sean los motivos que la promuevan.

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Ya no se trata de prohibir el burka o el niqab. Ni siquiera de regular su uso en el espacio público. Lo que se lleva estos días es una reñida competición para ver quién es más duro con las mujeres que —más o menos obligadas, más o menos sometidas— tienen que utilizar estas prendas de ropa si quieren salir de sus casas. Con su propuesta de prohibición, Vox ha fijado el marco —la extrema derecha siempre hace bien estas cosas— y el resto de partidos se están viendo obligados a posicionarse. Y, claro está, si la pregunta que toca responder es si a uno le gusta ver a mujeres con el rostro tapado en 2026, obviamente la respuesta es que no.

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Cuando Gabriel Rufián salió elegido diputado por Barcelona en 2015, Vox era un grupo marginal con menos poder que un club de bailes de salón: no llegaba a los 60.000 votos y era rebasado por el PACMA, que le cuadruplicaba los sufragios. Once años y cinco legislaturas después, Rufián se sienta en la misma Asamblea, pero rodeado por diputados de Vox, que constituye la tercera fuerza parlamentaria y, tras dos exitazos autonómicos en Extremadura y Aragón, se acerca al 20% de intención de voto en las encuestas.

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Se llama Alberto Sánchez, pero lo conocen como El Coletas o El Indio, aunque es español de pura cepa. Todo el mundo —y se supone que la Policía también— sabía a qué se dedicaba, dónde vivía y qué carácter gastaba el tal Alberto; también que su negocio era la venta de droga y que desde hace tiempo salía con una mujer marroquí llamada Salma, a la que hace casi dos años se la dejó de ver por San José de la Vega, una pedanía murciana de unos 2.100 habitantes. Nadie se extrañó, nadie la buscó, ni siquiera en aquella ocasión en que Salma, acompañada o más bien vigilada por una amiga de su novio, acudió a un hospital con signos evidentes de haber sufrido maltrato. Teniendo en cuenta estos datos, no hay que elucubrar mucho para imaginar cuál habría sido el destino de Salma si no hubiera logrado escapar —sola, sin ayuda y malherida— de la casa de campo donde desde hacía 22 meses Alberto la mantenía secuestrada, maniatada, violada.

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Hace unos días, me llamó alguien para hablar de una persona que se murió cuando yo estaba enfadado con ella. Habíamos tenido una amistad a distancia larga e irregular, y por diversas razones que no vienen al caso, en algún momento yo decidí cortar aquello. No sé cuánto tiempo llevábamos sin hablar; no era mucho, y de hecho no era la primera vez: siempre nos reconciliábamos. Pero en esta ocasión, se murió de repente. Lo peor de todo, lo más desapacible de esto, es que me he enfadado tan pocas veces en mi vida que en realidad nadie los llama enfados, sino berrinches. Y en esa ocasión no hubo oportunidad de que el berrinche cesase: la muerte deja todo sin terminar, convierte el último momento en algo inacabable. Como apenas había hablado de eso, a esta persona que me llamó casi no la dejé hablar: me hundí en un monólogo de amor y reproches, casi de escándalo, hasta censurar que se hubiese muerto sin darme la oportunidad de cambiar las cosas; hasta ahí puede llegar el desconcierto. Fue extraño. Porque además, al acabar la charla me fui al móvil para leer nuestros mensajes, y resulta que su contacto estaba bloqueado. Tuve durante años bloqueado a un muerto del que no hablé ni escribí y al que apenas quise recordar luego de su fallecimiento. Al parecer, un instinto de protección. La famosa culpa, ese endiablado mecanismo interno que aparece tantas veces sin ton ni son —hace poco, una amiga se puso mal durante una comida, enfermó por algo que le sentó mal, y solo decía “perdón, perdón”, como si hubiese invocado ella la enfermedad—. Sobre la culpa habría que hablar en profundidad. Con las amistades que a veces suspendemos por alguna contrariedad, habría que tener más delicadeza: el puente puede estropearse, pero no romperse. Luego pasan cosas que dejan el berrinche, la discusión o el enfado en algo tan relativo, tan nimio, tan estúpido, que uno no puede ni reconciliarse con el duelo. Nunca nada es para tanto.

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Este 18 de febrero, la Constitución española de 1978 se convertirá en la más longeva de nuestra historia, superando a la de 1876, que sirvió de base al sistema de la Restauración y estuvo en vigor hasta 1923. Más allá de la efeméride, la comparación entre ambas revela no solo dos modelos constitucionales distintos, sino también dos concepciones opuestas de la sociedad y del ejercicio del poder.

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El bombero intenta volver sobre sus pasos. Quiere aclarar qué ocurrió en los últimos instantes de vida de Mohamed Z., Adam B., Amine A., Mohamed M. y Mustapha B., los cinco jóvenes de entre 14 y 17 años que murieron la noche del lunes en Manlleu. ¿Por qué no pudieron escapar de las llamas a tiempo si el resto de habitantes del edificio salieron prácticamente ilesos? La respuesta es clara: el colchón que se incendió en uno de los trasteros en los que pasaban las horas convirtió el lugar en una ratonera. Estrecho, laberíntico, sin luz, sin agua y sin ventilación, el pequeño espacio se llenó de humo negro en segundos y les atrapó. Los cinco jóvenes murieron asfixiados, según explican fuentes policiales. “Hasta que los encontramos, yo creía que no había víctimas mortales”, lamenta un especialista que intervino en el rescate.

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El Partido Popular ha asumido ya que no será posible ningún acuerdo con Vox hasta que no pasen las elecciones en Castilla y León del próximo 15 de marzo. Esa es la tesis de la cúpula del PP, que implica aceptar, por tanto, que la primera investidura de María Guardiola, prevista para el 3 de marzo, será fallida, y que el mismo bloqueo persistirá en Aragón, donde Jorge Azcón también espera para ser investido con los votos del partido de Santiago Abascal. La dirección del PP confía en que pasadas las elecciones de Castilla y León sí sea posible un acuerdo, pero mientras tanto aconseja a la baronesa extremeña que baje el pistón y, sobre todo, que no entre a los envites de los ultras.

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El Tribunal Supremo ha tasado en 79.942 euros las costas del procedimiento penal que acabó con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha comunicado la letrada de la Administración de Justicia de la Sala Penal en una resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y que, según las fuentes consultadas, García Ortiz ha recurrido al considerar que se trata de una cuantía desproporcionada. La cifra propuesta por el Supremo asume íntegramente la petición de honorarios presentada por la defensa de González Amador (78.382,32 euros), más los de la procuradora (1.560 euros) y el 21% de IVA (13.603,54 euros).

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El Gobierno ha presentado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que recoge buena parte de las medidas del plan estatal de lucha contra la corrupción con el que el Ejecutivo respondió el pasado julio al escándalo en el que están procesados dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La norma, que obliga a modificar otras 18, incluidas seis leyes orgánicas -que requieren mayoría absoluta en el Congreso- incluye la transposición de algunas directivas europeas, así como la incorporación de viejas reclamaciones del Consejo de Europa, y depende, para su aprobación, de una compleja negociación parlamentaria.

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Si usted está en la calle Melquíades Biencinto de Puente de Vallecas y no encuentra un contenedor de basura libre, no desespere. Coja su bolsa de residuos, aparte el colchón que alguien dejó ahí tirado desde anoche, dirija su mirada hacia el ruido de la M-30 y continúe recto. Treinta pasos nada más. Luego gire a la derecha, siga el movimiento de los coches hasta el semáforo. Cruce el paso de cebra. Luego otro y, un poco más adelante, uno más. Menos de tres minutos y ya traspasó usted la frontera de la M-30. Camine unos metros por la Avenida de la Ciudad de Barcelona, hasta el número 222 por ejemplo. Ya estaría. Han sido solo 257 pasos. Esto ya es otra cosa. Elija el contenedor que más le guste. Los verá todos perfectamente alineados a partir de las siete de la tarde, la hora a la que los porteros de las fincas los sacan a la calle. Se supone que cada vecino tiene asignado los suyos. Retiro es “otro mundo”: no verá usted una sola bolsa tirada en el suelo ni contenedores a punto de explotar.

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Los resultados de las oposiciones para convertirse en administrativo de la Seguridad Social, a las que el pasado 13 de septiembre se presentaron 23.000 personas en toda España, han sido asombrosos. Tanto que han acabado en la Fiscalía. Las 34 mejores notas de la parte teórica las lograron opositores que se examinaron en la misma sede, la de A Coruña. Varios están unidos por lazos familiares y de amistad y hubo siete que acertaron sin fallo las 70 preguntas, según las denuncias de otros participantes. Dos aspirantes que comparten ambos apellidos sacaron justo la misma nota, con decimales incluido, y otros dos unidos también por un supuesto vínculo fraternal exhiben un talento aparentemente portentoso: el primero ha coronado un pleno de aciertos en el test teórico y el segundo se ha hecho en un año con dos plazas más en oposiciones de Adif y de la Administración General del Estado. De las 50 mejores notas totales, la mitad las lograron examinados en A Coruña, una “anomalía estadística extremadamente significativa” recogida en denuncias ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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El despacho Equipo Económico, que está inmerso en la investigación por el caso Montoro junto al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, ha recurrido el último informe de la Agencia Tributaria, incorporado a la causa, que alerta de pagos por un total de 35,5 millones de euros recibidos de distintos clientes entre 2008 y 2013. El despacho acusa a Hacienda de extralimitarse al analizar el histórico de todos sus ingresos y al juez instructor de Tarragona Rubén Rus, que mantiene imputadas a 28 personas por una supuesta trama de tráfico de influencias, de “extrema pasividad” por alargar la causa ocho años sin ni siquiera llamar a declarar a los investigados.

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Que Laura Macaya (Barcelona, 46 años) se criara en la lavandería de sus abuelos cuando al barrio del Raval se le llamaba el Chino importa. “Tengo normalizada la convivencia con la violencia cotidiana. No la veo como algo escandaloso ni excepcional; el conflicto es algo habitual en mi vida, incluso desde niña”, explica esta experta en atención directa y diseño de políticas públicas de género y feminismos. Fue en ese local “en el que las vedettes del Molino llevaban sus trajes, mis abuelos escondían a los carteristas de la policía y las trabajadoras sexuales y las mujeres trans formaban parte del barrio con conciencia comunitaria”, donde esta licenciada en Educación Social y con estudios en Derecho normalizó lo que el diccionario define como disidencia.

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La nueva Cumbres Borrascosas no podría polarizar más. La crítica la ha tachado de superficial, fría y extravagante. El público, en cambio, ha acudido en masa para pasar el fin de semana de San Valentín sufriendo con los amores de Catherine y Heathcliff, interpretados por Margot Robbie y Jacob Elordi. En redes triunfan los vídeos de los fans recreando el cartel de la película para entregarse a los brazos de Elordi o grabando sus reacciones y sus lágrimas en los cines. Lengüetazos, suspiros y “apología blanca”: así son las reacciones más extremas que ha generado la película.

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La revista estadounidense The Cut anunciaba el año pasado, en un artículo firmado por la periodista Cat Zhang, que ser un hombre calvo era —finalmente— cool: “Justo cuando se volvió normal gastarse cinco cifras para tener una poblada mata de pelo, apareció una nueva vanguardia cultural que dijo: ‘A la mierda, somos calvos”, escribía Zhang.

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El devastador efecto del cierre de la agencia de cooperación estadounidense (USAID) por Donald Trump en julio del año pasado, al que siguieron drásticos recortes (de entre un 9% y un 17%) por varias potencias europeas en su ayuda oficial al desarrollo, comienza a poder cuantificarse. Las cifras reflejan ya una verdadera catástrofe de un modo de entender la lucha contra la miseria y las mismas relaciones internacionales. La situación proyecta un macabro dato: 22 millones de muertes más de las previstas de aquí a cuatro años. Hay que recordar que USAID, la mayor agencia de cooperación gubernamental del mundo, suponía el 40% de la ayuda global al desarrollo.

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Ojalá me equivoque, pero creo que nos asomamos a un abismo de decepción colectiva que va camino de traducirse en un estallido electoral o, incluso, en un estallido social. La causa está en la indignación que mucha gente siente hacia una política que está en sus cosas y no en la de todos. Eso hace que España vaya justa en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida material de sus ciudadanos; un dato que va de la mano del creciente malestar que sienten los españoles hacia los políticos en general y hacia los compatriotas en particular que no piensan como ellos.

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Nada expone los conflictos con más verdad que el carnaval en Brasil. Tanto en la transgresión, la esencia de la fiesta, como en los persistentes intentos de reducirla a mercado, lucro, apropiación, explotación, espectáculo. Así, ha sido en el Sambódromo de Río de Janeiro donde se ha visto la primera ruidosa muestra de lo que se avecina en las elecciones de 2026. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ya ha confirmado su candidatura, fue el tema de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que contó la trayectoria del niño pobre del árido sertón del nordeste que se convirtió en líder sindical en el estado de São Paulo (y luego en presidente de Brasil). Hace semanas que la extrema derecha acusa a Lula y a la escuela de hacer “propaganda electoral anticipada” y las críticas y las denuncias en el sistema de justicia electoral han inundado las redes sociales y los grupos bolsonaristas estos días. En una de las secciones del desfile, una carroza con el payaso Bozo vestido de preso hacía una sátira explícita al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, encarcelado, entre otros delitos, por golpe de Estado.

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