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Lo que se supone que va a pasar parece que está cada vez más cerca de que pase. El pasado 27 llegó al mercado Resident Evil Requiem, la última entrega de la saga de zombis más famosa de los videojuegos. El juego es estupendo, con una primera mitad survival horror en un tenebroso hospital en el que los monstruos quieren darnos caza, y una segunda mitad con una acción más desenfrenada en un entorno urbano repleto de muertos vivientes.

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Numerosos menores figuran como víctimas activas en el Sistema VioGén. Más de 1.500 niños y niñas han sido señalados en riesgo de violencia vicaria. No son relatos ideológicos: son datos oficiales. Aun así, el debate público se desliza peligrosamente hacia nosotras. Se habla del feminismo en “exceso” y del “hartazgo” social, de denuncias que arruinan vidas, y se cuestiona la credibilidad de las víctimas. Incluso se examina su conducta antes que la del agresor. Cuando una adolescente sufre acoso digital se analiza su foto por si da pie a ello. Cuando una mujer denuncia, se mide el tiempo transcurrido y cómo ha reaccionado. Cuando un menor queda huérfano por violencia machista el ruido político y mediático dura más que la indignación colectiva. Nada es casual, es un problema cultural y estructural. Mirar hacia otro lado y reducirlo a casos aislados solo lo hace más cómodo. Lo realmente incómodo es admitir que la violencia hacia las mujeres persiste por exceso de tolerancia y no por falta de denuncias. Mientras dudemos más de quien sufre el machismo que de quien lo ejerce, el mensaje será claro: proteger no es la prioridad. Y eso, como sociedad, nos retrata.

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Del mismo modo que el ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel sin mandato legal alguno es criticable por lo que supone de violación del derecho internacional, también lo es la muerte del líder iraní, Alí Jameneí. El ayatolá, fallecido en un bombardeo cuya autoría se ha atribuido la fuerza aérea israelí, era el máximo responsable de un régimen que, desde hace décadas, viola los derechos humanos de su población. Su figura, como su Gobierno, ocupará un lugar destacado en la historia universal de la ignominia, pero su destino no debiera haber sido acabar aplastado bajo los escombros de su cuartel general, sino ante un tribunal. Ya no será así porque, de nuevo, Trump y Netanyahu han optado por tomar el peligroso atajo que consiste en aplicar una pretendida justicia sumarísima en vez de respetar los procedimientos de la legalidad internacional. Otro fracaso del orden mundial basado en reglas construido con gran esfuerzo mediante instituciones transnacionales —también de justicia— tras la Segunda Guerra Mundial.

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El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que mató a Ali Jameneí fue una operación fraguada durante meses en busca del instante propicio, que llegó finalmente el sábado.

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Irán posee uno de los mayores arsenales de misiles de Oriente Próximo, con más de 3.000 de tipo balístico, según un cálculo divulgado en 2022 por el Mando Central del ejército de Estados Unidos. En la última década, el país ha mejorado además una de las principales carencias de estos proyectiles iraníes: su precisión. Occidente y, sobre todo, la némesis regional de Teherán, Israel, el país que este domingo siguió atacando objetivos militares y del régimen religioso iraní, junto con Estados Unidos. Este armamento de la República Islámica es convencional. Teherán no tiene aún armas nucleares ni tampoco dispone —ni está tan cerca de ello como ha afirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— de un misil intercontinental capaz de alcanzar territorio estadounidense.

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El Gobierno no se plantea, al menos a corto plazo, una evacuación masiva de españoles de Oriente Próximo, ante la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha afectado a otros países de la región, pero monitoriza continuamente la situación por si en algún momento fuera necesario repatriar a una bolsa de españoles atrapados en un país del que no fuera posible salir, según fuentes gubernamentales.

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No es en absoluto original afirmar que el contexto político que concurre en nuestro país en la presente legislatura es extraordinariamente complejo. Tampoco lo es recordar que la causa principal que provoca la actual situación está en el origen mismo de la legislatura. La mayoría parlamentaria mediante la que Pedro Sánchez revalidó su condición de presidente del Gobierno se forjó únicamente de cara a la sesión de investidura, pero no se ha mantenido estable en el Congreso. De este modo, la tarea de sacar adelante las iniciativas gubernamentales se dificulta sobremanera y acaba fracasando en no pocas ocasiones. El hecho es que, despojado del constante sustento de la mayoría —imprescindible, por lo demás, en un régimen parlamentario—, se están produciendo situaciones especialmente graves desde una perspectiva constitucional que, lejos de mostrar un carácter puntual o aislado, están asumiendo una preocupante dimensión estructural (tramitaciones legislativas que duermen el sueño de los justos en el Parlamento, proliferación del fenómeno de las enmiendas intrusas, recurso a los decretos-leyes ómnibus, entre otros). Algo que, a la postre, provoca una no desdeñable erosión sobre la calidad de nuestro sistema democrático.

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Del pulso entre Anthropic y el Departamento de Guerra de Donald Trump podemos deducir muchas cosas. La primera es que el gobierno de EE UU está usando los modelos de Inteligencia Artificial para vigilar a sus propios ciudadanos y piensa seguir haciéndolo, con ayuda de la Inteligencia Artificial. Importante recordar que ese fue el verdadero escándalo de los papeles de Snowden, no que el Gobierno vigilara a Angela Merkel o usara a sus gigantes digitales para invadir nuestra intimidad. Ese es literalmente el trabajo de los espías. El resto del mundo es barra libre para agencias como la NSA. El delito fue interceptar conversaciones de ciudadanos estadounidenses sin permiso del juez, porque esas sí están protegidas por la cuarta enmienda. Dicho esto, este fin de semana Anthropic ha sido desterrada por su propio gobierno por negarse a participar en un acto anticonstitucional. Y Darío Amodei, director de la empresa, ha sido fabulosamente explícito explicando con un “ejemplo” la clase de actividad en la que se niega a participar.

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto dar explicaciones pormenorizadas este lunes en el Senado sobre sus negocios con Julio Martínez Martínez, un trabajador externo de Plus Ultra que fue detenido en diciembre en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales tras el rescate por valor de 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a la aerolínea en 2021. Zapatero, que ha sido citado a petición del PP, que ostenta la mayoría en la Cámara alta, será interrogado por la labor de consultoría que desarrolló para la compañía de Martínez, Análisis Relevante SL, de la que recibió 463.000 euros en seis años. Él ha defendido públicamente que todo fue legal. Estas son las cuestiones a las que tendrá que contestar.

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La desclasificación esta pasada semana de centenares de documentos relacionados con el golpe del 23-F ha puesto sobre el tapete de los debates pendientes del Congreso la reforma de la ley franquista de secretos oficiales, de 1968, con dos proyectos registrados y tramitados por el PNV y el PSOE, pero ambos parecen abocados al fracaso. De nuevo. Esos dos textos legales llevan parados meses en la Mesa del Congreso y no avanzan porque el Gobierno ha constatado, en público y en privado, que Junts y el PP no tienen ninguna intención de que prosperen en esta legislatura y los rechazarían al enmendarlos en su totalidad.

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A Juan García-Gallardo Frings se le puso cara de vicepresidente aquel 13 de febrero de 2022. Se la notó el líder de Vox, Santiago Abascal. Su partido había conseguido el mejor resultado cosechado hasta entonces en unas elecciones autonómicas: 13 escaños y el 17,6% de los votos. Gallardo era un absoluto desconocido pocos meses antes. Burgalés, hijo de un exitoso abogado con despacho en Burgos y Madrid, graduado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, todavía no había cumplido 31 años.

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La negociación había sido un éxito. Los sindicalistas y el consejero de Isabel Díaz Ayuso habían logrado entenderse y en breve firmarían el acuerdo para rebajar las horas lectivas de los profesores. Era 2024. A ojos de los educadores, Emilio Viciana, el consejero de Educación, era un hombre de mejor talante que su antecesor, al que tenían por alguien dogmático e intransigente. En cambio, él era un técnico, un hombre cabal de trato muy correcto. “Estábamos contentos. Durante la crisis económica de 2008-2011 se subieron las horas a los profesores y ahora volvíamos al punto inicial”, recuerda una persona involucrada en esas negociaciones. Esas fueron las horas de mayor credibilidad de Viciana como político y como gestor.

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Juan Esteban Rubio, un joven de origen colombiano de 18 años que practicaba muay thai y quería opositar para ser militar, se vio acorralado el viernes 20 de febrero a mediodía en una estrecha calle del barrio de La Rondilla de Valladolid. Frente a él tenía un niño de 13 años armado con un cuchillo de cocina y a dos chicas, de 17 y 18 años que, según las investigaciones, ayudaron a matarle. Los padres del fallecido sostienen que las jóvenes sujetaron a su hijo para que el niño, de menor envergadura, pudiera apuñalarle tres veces en el pecho, unas heridas que resultaron mortales. “Queremos dejar claro que no fue un asesino, fueron tres”, mantienen.

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Tras la muerte de Esteban se han sucedido los homenajes y la colectas para ayudar a su familia a sufragar los gastos del funeral o reunir fondos para llevar las cenizas del joven a Colombia. Ovellys Sandoval, colombiana y dueña del restaurante Nebulosa se despertó el sábado, al día siguiente del crimen, pensando qué podía hacer para ayudarles. “Son clientes de siempre, gente muy tranquila, que venían a comer los fritos típicos”. Organizó una comida solidaria de caldo de costilla con arroz y reunió 756 euros, entre el menú y otras donaciones, cuenta. El Juventud Rondilla también abrió una caja de donaciones. José Antonio Granado, presidente de este club de fútbol base en el que conviven 300 alumnos de hasta 13 nacionalidades, incide que en su club no había “religiones, ni bandas, ni color”. “El único color es el de su camiseta”. Granado mantiene que Esteban, que pasaba seis horas a la semana con ellos, entre entrenamientos y partidos, cumplía con lo que se esperaba de él, al igual que los padres. “Es gente muy humilde, su hermano, que andará por los 14 años, también quería entrar y estaba viendo con ellos cómo hacer con las cuotas”, explica. “Ha sido preocupante, vivir una situación en la que un paisano mata a otro”, valora Nora Fernanda, presidenta de la asociación de colombianos de Valladolid. “Es gente que viene para mejorar, a veces para sacar a sus hijos de la delincuencia, de las bandas. Somos personas que venimos a lucharla”, añade.

Iba a ser un pelotazo. Un terreno de más de 500.000 metros cuadrados, la idílica orilla de un embalse al norte de la provincia de Alicante, un amable pueblo vecino de 700 habitantes y una empresa con una idea. El proyecto, que echó a andar en 2006, fue bautizado como La Joya de Planes: una gran urbanización que se construiría frente al pantano de Beniarrés, a escasos kilómetros de la localidad de Planes, en una finca en su día propiedad de la familia del eurodiputado del PP Esteban González Pons y que contaría con 435 casas, además de gimnasio, pistas de tenis y restaurante.

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El comisario José Manuel Villarejo regresa esta semana a la Audiencia Nacional para sentarse en el banquillo. Otra vez. Desde este lunes, el tribunal prevé enjuiciar al policía jubilado, junto a dos antiguos periodistas de la extinta revista Interviú (Alberto Pozas y Luis Rendueles), por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por traficar supuestamente con la información que contenía el móvil robado a Dina Bousselham, quien fuera asesora de Pablo Iglesias en Bruselas durante su etapa como eurodiputado. Los magistrados escucharán, entre otros testigos, al propio fundador de Podemos, que también se encuentra personado en el proceso como víctima de la trama.

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En un mercado donde el precio de la vivienda se ha disparado hasta hacerla inaccesible a buena parte de la población, la vivienda protegida debería servir de tabla de salvación para familias trabajadoras con bajos ingresos, jóvenes que buscan su primer hogar independiente o personas en situación de vulnerabilidad. Cuando este tipo de viviendas termina en manos de quienes cuentan con recursos o con las conexiones apropiadas no solo se traiciona la lógica misma de la política de vivienda pública, sino que se mina la confianza en las instituciones democráticas.

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“Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”, dice la cita del Evangelio según san Mateo que la sociología tomó, a finales de los años sesenta, para acuñar un efecto que se ha producido siempre en ámbitos como la economía o la cultura pero que, en los últimos tiempos, parece haberse generalizado como modo operativo sin disimulo. No solo se trata de la manera de actuar de Trump en la esfera internacional o cuando favorece a los gigantes tecnológicos. En España, por ejemplo, la educación se ha convertido en uno de los campos más fértiles para esa mezcla de desigualdad y enriquecimiento privado. Así, mientras Ignacio Zafra informaba de cómo el abandono escolar de los alumnos extranjeros triplica al de los autóctonos, su compañera Elisa Silió advertía que los municipios más ricos de Madrid acaparan las “becas de excelencia” que se dan en esa comunidad y que han empezado a exportarse a otras regiones.

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Sin combustible, sin agua potable, sin luz eléctrica, escasa de alimentos y de medicinas, frente al bloqueo del petróleo impuesto por Estados Unidos Cuba parece desmoronarse a los ojos de todo el mundo, como si se tratara de un escenario en el que la escenografía se cae a pedazos y la puesta no da ya para más; un libreto gastado, actores vestidos de viejo verde olivo que se pavonean y se agitan por el escenario y después no se les oye más. Parlamentos declamados en un lenguaje que para muchos de los espectadores ya no significa nada.

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Vivir del miedo a Vox es otra de las muchas maneras de vivir de Vox. De ahí que quienes aspiran a extraer un rédito del ascenso de la extrema derecha insistan en calificarlos, casi por inercia litúrgica, como fascistas. En un país en el que a un político tan inane como Albert Rivera se le llamó “falangito”, no cabe esperar que la palabra fascista perturbe en exceso a nadie. Ese desgaste semántico, conviene recordarlo, es obra de quienes emplearon el término con alegre impunidad hasta agotar la eficacia de la palabra. Una estrategia en la que colaboraron, por cierto, personas tan inteligentes como Umberto Eco.

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