“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es solo una victoria a medias para el empresario Alberto González Amador, quien no ha conseguido que los magistrados reconozcan que se vulneró su derecho de defensa concretamente en el procedimiento en el que está imputado por un posible fraude fiscal. De hecho, la resolución cierra la vía a la posibilidad de solicitar la nulidad de las dos causas abiertas contra él, un escenario que habían manejado fuentes judiciales con conocimiento de la estrategia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El Govern ha decidido este martes decretar la emergencia para contener y paliar los efectos del brote de peste porcina africana (PPA) aflorado en Collserola (Barcelona) y que ha causado la muerte de 13 ejemplares por ese virus desencadenando el cierre de mercados. El Consell Executiu ha aprobado un paquete de ayudas de 10 millones de euros ampliable hasta 20 para las granjas del sector, además de activar un paquete de 50 millones de euros del Institut Català de Finances abierto ya desde la crisis de la dana. El acuerdo contempla, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, declarar la emergencia para cerrar por esa vía de urgencia la tramitación de contratos de servicios, suministros y obras destinadas a la contención del brote.
La jueza que instruye el asesinato a balazos del piloto del Ejército Ruso Maxim Kuzminov en Villajoyosa (Alicante) ha decretado el “sobreseimiento provisional” de la causa. “No existe prueba suficiente para atribuir la responsabilidad criminal a persona determinada como autor, cómplice o encubridor de los hechos que han dado lugar a la formación de la presente causa”, señaló en un auto firmado en septiembre y que acaba de ser dado a conocer por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). Según fuentes cercanas al caso, la falta de colaboración por parte de las autoridades rusas ha impedido cualquier avance en la investigación del crimen.
El Gobierno ha conseguido el apoyo de Junts a una iniciativa debatida este martes en el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley Integral de la Economía Social. La reforma, impulsada por el ministerio que dirige Yolanda Díaz, ha salido adelante con 19 votos a favor y 18 en contra en la ponencia de la Comisión de Trabajo del Congreso. Entre los votos favorables están los de Junts, pese al portazo que este partido dio al Ejecutivo en octubre. El diputado de la formación en esta comisión, Josep Maria Cervera, ha puntualizado que el respaldo se debe a que el Gobierno ha recogido varias propuestas de Junts en el proyecto y, además, que se alcanzó el pacto al respecto antes de la votación rupturista de las bases del partido.
Juzgaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin fijar claramente en ningún momento a causa de qué hechos: si por filtrar unos correos del abogado del presunto delincuente fiscal Alberto González Amador, o por emitir una nota informativa desmintiendo el bulo de que a este se le negaba “desde arriba” un pacto favorable con la Fiscalía, pretendido para minorar sus penas de cárcel.
No les hacía falta la sentencia del Tribunal Supremo, porque el Partido Popular venía afirmando la culpabilidad de Álvaro García Ortiz mucho antes del fallo, pero una vez conocida, el PP se ha reafirmado en que Álvaro García Ortiz es “el primer fiscal general del Estado delincuente”. Así lo ha destacado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que ha comparecido en rueda de prensa apenas unos minutos después de publicarse la sentencia. A los populares, no obstante, no les basta con la condena a García Ortiz. Aunque el fallo no lo diga, el principal partido de la oposición acusa también al presidente del Gobierno de haber ordenado la filtración de la información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. “La sentencia condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, afirma el PP en un breve comunicado difundido a los medios de comunicación.
“Me gusta, sí. Es simpática, muy cercana”, afirma Juan Antonio Rodao, albañil jubilado de 80 años, que pasea a su perra, Jara, mientras espera a que su mujer salga de misa. Es una de las fórmulas —“me gusta”, “me cae bien” o similares— usuales entre los septuagenarios y octogenarios que dan a EL PAÍS su opinión sobre María de Guardiola en Puebla de la Calzada (Badajoz, cerca de 6.000 habitantes), uno de los pueblos que la candidata del PP ha visitado esta semana en su ruta de campaña antes de las elecciones del 21 de diciembre, en las que parte como favorita. Por un lado, hay un extendido agrado por su carácter. Por otro, hay una poco elaborada motivación política de su respaldo. “Que nos gusta, a mí y a mi mujer”, explica sin más Rodao.
El Tribunal Supremo ha difundido este martes la sentencia contra Álvaro García Ortiz, quien fuera fiscal general del Estado. En una resolución de 184 páginas, la mayoría del tribunal plasma sus argumentos para condenarlo a “inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años”, a una multa de 7.200 euros y al pago de las costas (incluidas las de la acusación particular ejercida por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid). Además del fallo, el alto tribunal ha notificado el voto particular firmado por las dos magistradas discrepantes, que defendían la absolución. Estas son algunas claves de la sentencia:
Un grupo de cincuenta exoficiales y agentes de la policía británica han dedicado nueve años a la Operación Kenova, por encargo del Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Su misión, entre otras: investigar la actividad durante cinco décadas del ‘topo’ más relevante insertado por la inteligencia británica en el IRA provisional. Freddie Scappaticci, alias Stakeknife (Cuchillo de estaca, como se denominaba el arma para matar vampiros), hijo de unos inmigrantes italianos en Irlanda, se unió al IRA en 1969. Poco después traicionaba a la organización y ofrecía sus servicios al MI5, la agencia de seguridad interior del Reino Unido. Al frente de una unidad de investigación interna, Stakeknife ordenó la captura y asesinato de muchos supuestos informantes. Era el modo de proteger su propia seguridad, para evitar ser delatado.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha pronunciado este martes sobre la sentencia del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz y ha afirmado: “Es el primer fiscal general del Estado al que podemos llamar delincuente”. En la misma línea, la diputada del PP y ex secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha afirmado en X: “El fiscal es un delincuente. Con sentencia firme”. Por su parte, el Gobierno ha evitado hacer comentarios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha dicho que no han tenido tiempo de leerla y que “lo prudente es estudiarla para hacer una valoración oportuna”. Sin embargo, el ministro Óscar López ha indicado en una entrevista en TVE que según lo que ha podido leer y escuchar, conoce “muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia”. Por otro lado, el europarlamentario de los Comunes Jaume Asens ha calificado la sentencia de “auto de fe, puramente inquisitorial”. Tras 19 días, la sala penal del Supremo ha hecho pública la sentencia por la que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación a 7.200 euros de multa y 10.000 de indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fallo estima que García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos en relación con el caso del presunto fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña.