“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
El transporte público vive un momento dulce en Europa. Tras la grave crisis de reputación de los años más duros del covid, las administraciones han apostado por fórmulas para revitalizarlo: rebajas de tarifas, abonos únicos, nuevos servicios… Los viajeros han vuelto, pero hay muchos retos por delante, desde una financiación adecuada a la falta de personal, pasando por el impacto de los dos recientes accidentes de tren en España. “El transporte ferroviario es el más seguro, los viajeros volverán”, confía Mohamed Mezghani (Sfax, Túnez; 62 años), secretario general de la Unión Internacional del Transporte Público (UITP), la organización más importante del sector —que aglutina a cerca de 2.000 empresas en un centenar de países—. El tunecino recala en Madrid para asistir a una junta de la entidad.
El pasado 7 de febrero se cumplieron 54 años desde el día que Paquito Fernández Ochoa se colgó el oro en la prueba de eslalon de los Juegos de Invierno de Sapporo, Japón, en 1972. Aquello fue una sorpresa mayúscula, una colleja para la supremacía del arco alpino, suizos y austriacos rascándose el cogote preguntándose dónde habían perdido el escalón más elevado del podio. Resultó flor de un día para el olimpismo invernal español. Con todo, hoy, en la salida de la prueba de sprint, todos reconocen al catalán Oriol Cardona como el favorito indiscutible para colgarse del cuello el primer oro del esquí de montaña en unos Juegos, el segundo para España. Aunque cueste un mundo verbalizarlo. ¿Insufrible presión? No para Cardona, quien un par de semanas antes de encerrarse en su burbuja atiende a El País buscando, ante todo, desdramatizar.
Ana Fernández-Arcos (Barcelona, 42 años) es una neuróloga especialista en medicina del sueño e investigadora en la Fundación Pasqual Maragall. Descuelga el teléfono en su despacho, a las once en punto de la mañana, este martes.
Respirar es un proceso de purificación. O eso pensábamos hasta ahora. La inhalación supone la entrada en nuestro cuerpo de aire rico en oxígeno. Aire que baja por la faringe, laringe y tráquea hasta llegar a los pulmones, donde los alveolos pulmonares cambiarán el oxígeno presente en la sangre por el dióxido de carbono que se expulsará en la exhalación. Respirar limpia la sangre que será repartida por el corazón en su puntual bombeo. Esa es la función que hasta ahora hemos atribuido al proceso respiratorio. Pero afortunadamente nos estamos dando cuenta de que el cuerpo es mucho más complejo, y que la respiración refleja e influye en nuestro estado cognitivo y emocional. Más bien se nos había olvidado y lo estamos recordando.
El racismo en el alquiler de viviendas es una perversa combinación de dos de los mayores problemas que ponen en riesgo la convivencia social: la crisis habitacional y el avance del discurso antinmigración. El problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, es la vivienda, que se ha encarecido un 70% en los últimos 10 años. Un coste al que hay que sumar las exigencias añadidas que sufren los inmigrantes a la hora de alquilar: el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas racistas de los propietarios, según datos de Provivienda de 2025, especialmente contra personas de África, Asia y Latinoamérica. Es la tormenta perfecta para gran parte de los ciudadanos procedentes de otros países, que suponen ya la quinta parte de nuestra sociedad (10 millones, sobre una población de 49,5 millones). La discriminación en el alquiler impide su integración social y laboral, y los condena a habitar en zonas convertidas en guetos, que a su vez realimentan los prejuicios.
Puesto que el Gobierno no consigue sacar adelante los Presupuestos ni las leyes importantes, ha anunciado que regulará una cosa mucho más sencilla: las redes sociales. El tren es complicado porque tenemos muchos kilómetros de vías, y la vivienda es difícil porque las competencias están repartidas, pero actuar sobre el ecosistema digital es cosa de niños. Por supuesto, las medidas no solucionarán nada. Pero no pretenden actuar sobre el problema; lo que importa es anunciarlas. Te enfrentas con gente que tiene demasiado poder y cae mal a todo el mundo, y operas por sustitución: es como ir contra Trump, porque son sus aliados, sin arriesgarte a represalias; si te insultan, es un elogio. Puedes ir promocionando las mismas medidas, como con la vivienda, más o menos cíclicamente, porque nadie presta atención ni se acuerda de nada.
Los datos del último Sondeo de Opinión del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) armaron un cierto revuelo: resulta que casi dos tercios de los entrevistados están de acuerdo con “limitar” la entrada de inmigrantes a Cataluña. En realidad, los recelos de los catalanes con la inmigración vienen de lejos; lo que es noticiable es que estos recelos afloran de nuevo en un momento en el que la inmigración –el deseo de frenarla– se ha convertido en el argumento electoral favorito de la ultraderecha en toda Europa. Y Cataluña no está al margen de este fenómeno.
Hace más de una década, Google se empeñó en que lleváramos a todas partes unas gafas horribles con cámara y pantalla. Por suerte, el cacharro fue un fracaso comercial, dado el rechazo que provocaba ver a alguien con esas gafas absurdas en la cara y no tener muy claro si nos estaba grabando o leyendo su correo. El invento sirvió para acuñar una nueva palabra en inglés: glassholes, mezcla de glasses (gafas) y asshole (imbécil), habitualmente traducido como giligafas.
Para el PP de Alberto Núñez Feijóo los casos de machismo y acoso sexual en España solo son un problema estructural en el PSOE, así de simple, como si no se sufrieran y pudrieran en más partidos, instituciones y todo tipo de organizaciones. No es ninguna interpretación. Es la conclusión interesada e hipócrita de la intervención que la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, hizo en un pleno del Congreso cuando saltó el pasado verano el escándalo de los acosos de Paco Salazar, asesor en La Moncloa muy cercano a Pedro Sánchez y que iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de Organización del PSOE. Este miércoles, unos meses después, esa ley del embudo fue el guion de la decena de diputados del PP que preguntaron a los ministros del Gobierno en la sesión de control sobre cualquier asunto para aprovechar el gravísimo caso del director adjunto operativo (DAO) de la Policía que presuntamente violó a una agente bajo su mando en su vivienda oficial.
Como prehistoriadora y arqueóloga, me ha llamado poderosamente la atención la noticia de que el Museo Británico ha retirado el término Palestina de la sala dedicada a esta región a instancias de un grupo proisraelí que aduce que su utilización crea una falsa impresión de continuidad. Palestina es un término bien establecido, tradicionalmente utilizado por la academia, sobre una base científica. Palestina, mandato británico, fue campo de investigación de destacados arqueólogos de ese país. Por ello, resulta asombroso que el Museo Británico haya cedido a presiones interesadas en dirimir una cuestión falsa. ¿Toca ahora arrebatar, además, al pueblo palestino su historia, su cultura y su identidad?
La futura prohibición de que los menores de 16 años puedan acceder a redes sociales marca un nuevo capítulo en el debate sobre infancia, tecnología y responsabilidad pública. La medida, que el Gobierno de España prevé aprobar en las próximas semanas dentro del paquete normativo de protección de niños y adolescentes en entornos digitales, parte de una premisa clara: retrasar la entrada a plataformas diseñadas para captar atención, monetizar datos y fomentar la permanencia prolongada. Sigue la estela de la misma prohibición que entró en vigor en Australia el pasado mes de diciembre, y a la que planean sumarse Francia y Portugal.
La Consejería de Educación de Baleares ampara desde hace meses al orientador del IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, en Palma, sobre el que pesan, al menos, cinco denuncias internas presentadas por docentes del centro escolar que revelan reiteradas faltas de respeto, insultos y una continua dejación de funciones. La problemática no solo se circunscribe a los docentes, ya que al menos cuatro familias de alumnos han presentado en los últimos meses denuncias ante distintos estamentos del Gobierno de Baleares acusando al orientador de desatención y de un reiterado rechazo a informes clínicos sobre los estudiantes. La Consejería de Educación explica que hay dos informaciones reservadas abiertas para resolver las denuncias de los docentes y las presentadas por el orientador contra sus compañeros.
La limpieza de los colegios públicos en Sevilla, dependiente del Ayuntamiento, lleva siendo un problema enquistado desde hace más de 10 años. El alcalde de la capital andaluza, el popular José Luis Sanz, ha decidido solucionarlo privatizando el servicio, una medida que se ha encontrado con la oposición frontal de las familias de los centros educativos, las formaciones municipales de izquierdas y, sobre todo, los empleados públicos, que llevan años limpiando los pasillos y las aulas y que temen quedarse en paro. “Nos van a arruinar la vida, pero antes vamos a pelear, estamos dispuestas a pelear lo que sea”, asegura María José Ramos, limpiadora con contrato temporal desde hace 15 meses.
La educación pública atraviesa una situación de degradación y abandono insostenible en la Comunidad de Madrid, a juicio del Sindicato de Estudiantes. “A la falta de profesorado y las aulas masificadas se suma el deterioro de las infraestructuras que ha provocado una situación de emergencia real en muchos centros: escasez de personal no docente, calefacciones que no funcionan, techos que se caen, goteras y hongos”, reporta la entidad tras convocar una huelga este jueves. La secundan alumnos de 36 institutos ubicados en Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Alcorcón, Pinto, Humanes, Ciempozuelos y El Álamo, según recoge el cartel de la convocatoria. “El estado de nuestros centros es lamentable”, denuncian. La manifestación tendrá lugar a las 12.00 frente a la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur, a la que están adscritos un centenar de liceos. A esta se sumarán los padres, como Carolina Moreno: “Mi hija lleva casi un mes sin pisar su clase, desde que el techo venció y empezó a caerles agua a chorros”, reporta la mujer de 45 años.
El otro día me enfadé escuchando la radio. Hasta ahí nada nuevo, no es raro enfadarse escuchando la radio. Pero me enfadé durante los anuncios y no, no era por uno de esos que recomiendan una alarma para que no te okupen la casa; por suerte, por desgracia, por costumbre o por cansancio, estoy inmunizada. Era por uno de la ONCE, uno en el que hablaba de alguien que iba a un museo y se pasaba mucho tiempo delante de una obra, y luego otro rato larguito frente a otra, y así... Algo a lo que aspirar si te toca la lotería. ¿¡Qué!? (Léalo con toda la indignación posible).
Fatmeh Karaki avanzaba sonriente mientras se grababa en un vídeo. “Somos los primeros en llegar a Markaba”, decía en referencia a un pueblo libanés fronterizo con Israel. Detrás de él se distinguía a su hermano, Hussein, su madre y otra familia que se unió por el camino. Era el 26 de enero de 2025. Tras dos meses de alto el fuego entre Israel y la milicia libanesa Hezbolá, miles de civiles intentaban retornar a sus municipios el día en que las tropas israelíes debían retirarse del territorio ocupado en Líbano, algo que habían anunciado que postergarían en incumplimiento del acuerdo. De repente, los caminantes llegaron a un terraplén y el ejército israelí los disparó por detrás, según narra Fatmeh, con vídeo incluido, al diario libanés L’Orient Today.
El primer ministro de Albania, Edi Rama, sabe cómo atraer la atención sobre su país. Este antiguo jugador de baloncesto de la selección nacional (mide 1,98 metros) presentó el pasado septiembre a Diella, una ministra virtual encargada de contratación pública. El dirigente del Partido Socialista albanés, que lleva más de 12 años en el cargo y afronta su cuarto mandato, venció en las elecciones de 2025 con la promesa de que lograría la plena adhesión de Albania a la UE en 2030. Para alcanzar esa meta es preciso combatir la corrupción, una de las grandes exigencias de Bruselas a este país de 2,3 millones de habitantes que hace cuatro años comenzó formalmente las negociaciones de adhesión a la UE. Rama advirtió:
A primera hora de la mañana, cuando el calor todavía da tregua, decenas de burros cruzan una remota frontera entre Sudán y Chad cargados con sacos de grano, bidones de combustible o alfombras de colores. No hay aduanas visibles ni inspecciones en el lado chadiano, solo media docena de militares sentados bajo la sombra de un puente en ruinas que observan el trasiego sin interés. Lo primero que conocen quienes entran en Chad es Adré, una ciudad desbordada por la llegada de más de 200.000 refugiados que provienen del otro lado del gigantesco arco que marca la división territorial. Allí está Sudán, sumido desde abril de 2023 en una guerra devastadora. Entre ambos países se ha ido tejiendo, sin que nadie lo planificara, una economía paralela que permite sobrevivir allí donde la ayuda humanitaria es insuficiente, irregular o, simplemente, no llega.