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Hay quien data el inicio del apogeo woke —es decir, la sensibilidad por los derechos de las minorías históricamente oprimidas— en 2014. Justo el año en el que se dio por concluido, con Operación Eurovegas, el ciclo de cinco películas de Torrente, un personaje que representa la más delirante y extrema versión de lo antiwoke: expolicía corrupto, machista, homófobo, racista, nostálgico del franquismo… Vistas desde hoy, aquellas películas parecen aún más grotescas, quizás porque la sociedad ha suavizado sus modos comunicativos durante este tiempo. Torrente vuelve ahora, cuando lo woke pierde impulso, tras recibir el rechazo frontal de la derecha e incluso de sectores de la propia izquierda, y con el rumor del oleaje reaccionario recorriendo el mundo. ¿Casualidad? Probablemente sí… o fruto de los subtextos culturales que flotan en el ambiente. Donald Trump, decididamente, tiene mucho de Torrente.

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Ana Juan recibió hace unos días un correo, “junto a varios ilustradores del mundo”, invitándola a condensar en una imagen la conmoción mundial tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán para la portada de The New Yorker y se puso manos a la obra. Si resultara elegida, sería su vigésimo novena primera página en la mítica revista americana, desde la primera, en 1995. Me lo cuenta ella misma cuando la llamo para actualizar nuestra conversación principal, que tuvo lugar hace un par de semanas en la sede de su exposición Wunderkammer (Gabinete de Maravillas), en el mismísimo Ayuntamiento de Madrid, a la una de la tarde de un día de diario. Fue curiosísimo ver a una artista mirar a otros contemplando su obra. Un grupo de personas, la mayoría mujeres de edad mediana-alta, atendían atentísimas a las explicaciones de un joven y entusiasta guía sobre las imponentes criaturas salidas de la imaginación de la artista. Pasamos por delante para que la autora posara para el fotógrafo ante una de sus obras, los visitantes se dieron cuenta de que era la mujer de la foto del catálogo, y ella se quería morir de la vergüenza. Pero nos habíamos quedado con Ana Juan, hace unos días, barruntando ideas para ilustrar para la portada de una revista global sobre la guerra.

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Ana Juan (Valencia 65 años) es la pequeña de tres hermanas. Dice que ya nadie la esperaba, así que decidió no solo seguir, sino inventarse desde cero su propio camino. Estudió Bellas Artes y, antes de acabar la carrera, ya publicaba sus ilustraciones en la prensa. Fue después, en Madrid, adonde se mudó para buscar su sitio, donde su estilo conectó enseguida con las inquietudes del momento. Se convirtió en presencia habitual en los medios más vanguardistas, entre ellos La Luna y El País Semanal. Autora de 28 portadas de la revista norteamericana The New Yorker, todas ellas memorables, y de infinidad de obras para libros y carteles, triunfa estos días con una deslumbrante exposición en el Centro Centro del Ayuntamiento de Madrid.

Gran parte de los carteles de “entradas agotadas” (sold outs, en su término en inglés) que se cuelgan en España son discutibles. Una percepción que no se entiende sin observar cómo funciona hoy la industria del directo: el sold out es una herramienta de publicidad interna dentro de la industria musical. En Madrid, el caso más paradigmático es el Movistar Arena (antiguo WiZink Center), que desde hace años opera como espacio modular. Aunque su capacidad máxima ronda las 17.000 personas, permite configuraciones que parten de poco más de 3.500 espectadores y otras intermedias de entre 5.000 y 10.000. En estas, el aforo puesto a la venta se agota, pero el edificio, en términos físicos, dista mucho de llenarse. El promotor y programador Javier Domínguez (Madrid, 43 años), más conocido como Ferrara, lo resume así: “Se intenta vender una imagen de crecimiento constante para justificar números que muchas veces no se corresponden con la realidad del artista”.

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La República Islámica de Irán aún debe tener buena parte de su producción petrolera en el agua. Hace pocas semanas se calculaba que unos 50 días de extracción de su crudo —unos 166 millones de barriles— estaban flotando, la mayoría cerca de Singapur, porque el Golfo tampoco era ya un espacio seguro para su oro líquido. Antes del inicio del ataque de Israel y Estados Unidos, que ha pisoteado la legalidad internacional y está provocando el caos en la región, dicha medida ya había sido adoptada con el objetivo de proteger la principal fuente de riqueza del país ante una más que posible agresión y, a la vez, se había diseñado toda una opaca logística en la sombra para evitar las sanciones impuestas por la Administración norteamericana. Porque la decisión de estrangular económicamente el siniestro régimen de los ayatolás no ha sido una improvisación del señor feudal Donald Trump tomada durante las últimas semanas. En su anterior presidencia aprobó una orden presidencial para atacar económicamente a Irán toda vez que aquel país era descrito como “el principal patrocinador mundial del terrorismo”. Se trataba de evitar el desarrollo nuclear y la producción de misiles intercontinentales. “La política de Estados Unidos es negar al Gobierno iraní los ingresos, incluidos los derivados de la exportación de productos de sectores clave de la economía iraní, que pueden utilizarse para financiar y apoyar su programa nuclear, el desarrollo de misiles, el terrorismo y redes de proxy terroristas, y la influencia regional maligna”. En virtud de dicha orden, hace algo menos de un año Estados Unidos sancionó una refinería china —Shandong Shengxing Chemical— porque había adquirido crudo iraní por una cantidad superior a los 1.000 millones de dólares. En la nota de prensa dicha empresa era presentada con el mote que sirve para identificarlas: una tetera.

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Desde el ataque a Irán, Alberto Núñez Feijóo blandió su fusil dialéctico en favor de Donald Trump y contra la posición internacional de España. Justificó los bombardeos Trump-Netanyahu con una teoría capciosa: “Antes del derecho internacional están los derechos humanos y en Irán no se protegen”.

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Como ingeniero estoy sobrecogido por la frivolidad y falta de profesionalidad con la que se están afrontando últimamente los fallos en las infraestructuras españolas. El caso más reciente lo tenemos en el lamentable accidente de Santander. Sea de quien sea la competencia de la pasarela, es evidente que está construida en la franja que la Ley de Costas delimita como “servidumbre de protección”, y no se puede esperar a que un paisano pase por allí y avise de su mal estado. Es una infraestructura que entraña un riesgo cierto, y es imprescindible vigilar y mantener en buen estado, o exigir que lo hagan otros. Falta cultura de mantenimiento en España.

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La Comunidad de Madrid es el territorio que más ha aprovechado su margen para aplicar políticas de competencia fiscal a la baja. La reducción de impuestos se consolida desde hace años como una de las señas de identidad del Ejecutivo autonómico. En 2021, el conjunto de medidas destinadas a mermar la carga fiscal provocó una disminución de los ingresos públicos equivalente al 1,9% del PIB regional, una proporción que casi triplicó la media de las otras comunidades, situada en torno al 0,65%, según datos de la AIReF, una oficina estatal de supervisión que actúa con autonomía. La tendencia ha ido al alza desde entonces, tanto que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que ya acumula 36 rebajas fiscales anunciadas, la última este miércoles con la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compraventa de obras de arte.

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Las reacciones a la posición del Gobierno sobre el conflicto de Irán ilustran bien un fenómeno habitual en el debate político: la mezcla de argumentos incompatibles que, lejos de aclarar el problema, lo emborronan. Es lo que ocurre cuando la coherencia conceptual queda subordinada al impulso, casi mecánico, de oponerse al adversario. Uno dice que la intervención militar rompe con las normas del derecho internacional, que es ilegal; otra replica: “Les animo a irse solas y borrachas por Teherán”, o sea, Irán oprime a las mujeres. Ambos tienen razón, pero hablan de cosas distintas. El ataque a Irán no está cubierto por las condiciones que exige la Carta de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza sobre un Estado soberano. Punto. Que en ese y en otras muchas decenas de Estados se vulneren los derechos humanos no afecta al núcleo del problema. Ni siquiera es evidente que la intervención humanitaria esté plenamente justificada por la legalidad internacional. Esta solo se admite en situaciones extremas, como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad, y aun así seguiría siendo ilegal sin aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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No hay actividad humana más azarosa ni arriesgada. Cuando empieza una guerra, todo es incertidumbre. Cae sobre el mundo una espesa niebla que impide orientarse e incluso identificar a amigos y enemigos. Todas las noticias son sospechosas o directamente falsas a partir de ahora. Quien la declara, cansado de los métodos pacíficos y confiado exclusivamente en sus propias fuerzas, prefiere entregar al azar la resolución del conflicto en el que está involucrado. Y es consciente, aunque no lo reconozca, que solo se sabe cómo empieza pero nunca cómo acaba.

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Supongamos que, ante las matanzas, sufrimientos e injusticias mundiales, alguien siente un irrefrenable pálpito de tristeza. Muchos le dirían que no entiende las reglas del juego ni la lógica de la dura y despiadada realidad que habitamos. Tacharán a esa persona de ingenua, sentimental o narcisista en pose de bondad. Le recordarán que la solución es fácil: los bobos apenados y los insensatos benevolentes pueden hospedar en su propia casa a quien reclama ayuda o refugio. La compasión gozó en ocasiones de buena reputación, pero su aura se desvanece hoy ante nuestros ojos.

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La primera baja en una guerra es la verdad, aunque resulte un tópico. La principal dificultad que sufre el periodismo al abordar los hechos es la contaminación de la propaganda de uno y otro bando. En la escalada bélica en Oriente Próximo, que cumplió el viernes una semana, se dan circunstancias que agravan esta situación. Los principales actores son administraciones —el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el de Benjamin Netanyahu en Israel y el régimen de los ayatolás en Irán— poco dadas a dar cuenta fiel de sus actos y con tendencia a la hipérbole. A ello se añade que el conflicto se ha extendido sobre una decena de países, entre ellos Líbano, Qatar y Arabia Saudí, que en su mayoría cercenan el derecho a la información. Y, como ocurrió antes en Gaza con el veto de Israel, el régimen de Irán controla la información, ha cerrado la puerta a los periodistas que puedan contrastar sobre el terreno y apenas unos pocos medios informan desde dentro. En aras de la transparencia con los lectores, veamos cómo cuenta EL PAÍS esta guerra:

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En septiembre de 2022, Mahsa Amini murió bajo custodia de la policía de la moral iraní por llevar el velo supuestamente mal puesto. Su muerte convirtió en consigna global el lema: “Mujer, vida, libertad”. Esta semana, en plena guerra contra Irán, Emmanuel Macron anunció que Francia reforzará su arsenal nuclear, y dijo: “El próximo medio siglo será una época de armas nucleares. Seamos poderosos, estemos unidos, seamos libres”. Dos invocaciones de la libertad, una acompañada de cabezas nucleares y otra de un cuerpo sin vida. Pero el orden de las palabras importa. Macron llega a la libertad desde la potencia destructiva: primero el arsenal, luego el poder, luego la libertad. Las mujeres iraníes hacen el camino inverso: primero ellas, sus cuerpos; luego la vida, la condición de existencia; finalmente el anhelo político, la libertad. No empiezan por una abstracción, sino por lo que no se puede eludir. Hay algo en su lema que en Europa no hemos sabido leer. “Mujer, vida, libertad” no es un eslogan sino una doctrina política. La mujer no funciona en ella como identidad sino como principio, pues el cuerpo de las mujeres es precisamente el territorio donde primero se instala el poder autoritario, y desde donde se le puede desmontar. El feminismo de estas mujeres no pide representación, o no solo; más bien impugna la gramática del poder desde la experiencia de quien lo sufre en su propia piel. Paradójicamente, el país desde donde ese lema sacudió al mundo está hoy siendo bombardeado en nombre de la seguridad nuclear. Las mismas mujeres que Occidente aplaudió como símbolo de libertad viven y mueren bajo las bombas de quienes invocaban esa hermosa palabra. Mientras, Macron la utiliza vestido de luto, y con un submarino nuclear detrás.

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Hacía casi 20 años que en Alicante apenas se construía vivienda protegida. En una ciudad donde las casas han visto duplicar su precio en una década, la promoción de Les Naus, de 140 pisos y equipada con piscina y pistas de pádel, había creado grandes expectativas. Eran caros, unos 200.000 euros de media, pero mucho más baratos que los anunciados en las inmobiliarias de las inmediaciones. Sin embargo, los más de 5.000 demandantes de vivienda protegida de la ciudad no tuvieron ninguna opción. Muchas de esas moradas acabaron repartiéndose entre altos cargos afines del PP, algunos con responsabilidades en Urbanismo, y familiares de esos empleados públicos y de empresarios en lo que ha resultado ser una nueva vuelta de tuerca a la cultura del pelotazo: la especulación con vivienda pública, cuya producción sigue bajo mínimos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. El escándalo, que está siendo investigado por la titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, también pone en cuestión el sistema de adjudicaciones vigente en la Comunidad Valenciana implantado bajo el mandato de Carlos Mazón y sume en otra grave crisis al PP de Alicante, que solo hace seis meses recibió un duro golpe con la dimisión del expresidente por su gestión de la dana.

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Pilar Gil (Madrid, 53 años) lleva más de 25 años en Prisa, grupo editor de EL PAÍS. En julio de 2022 fue nombrada directora financiera, en 2023 sumó la vicepresidencia de la compañía y desde 2025 está al mando, como consejera delegada (CEO), del negocio de medios. El Plan Estratégico 2026-29 prevé que Prisa Media crezca con todas sus marcas y alcance unos ingresos de 520 millones de euros en cuatro años, frente a los 438 millones de 2025, con una mejora de márgenes en términos de ebitda (resultado bruto de explotación) desde el 11,5% al 14,2%.

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Alberto Polanco (Santander, 55 años) es un veterano del grupo Santillana, con una trayectoria de 31 años, de los cuales 25 los desempeñó en América Latina, con responsabilidades en Bolivia, Argentina, Centroamérica, Colombia y México. Tras asumir el puesto de consejero delegado (CEO) a principios de año, tiene bajo su mando la ejecución del Plan Estratégico 2026-2029, en el que la compañía de educación tiene como objetivo alcanzar unos ingresos de 600 millones de euros, un ebitda (resultado bruto de explotación) de 175 millones y un flujo de caja operativo de 75 millones. Y todo en medio de la revolución de la inteligencia artificial (IA).

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A una semana de las elecciones de Castilla y León, las únicas de las tres últimas convocatorias autonómicas que se celebran cuando tocaba, la campaña muestra algunas diferencias respecto a las que le precedieron. Los mensajes del presidente en funciones y candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, han estado, en términos generales, más pegados al territorio y menos a la política nacional que en la campaña aragonesa del pasado febrero, cuando Jorge Azcón pidió el voto “para joder a Sánchez” y participó en cinco mítines junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en Castilla y León solo compartirá dos con Mañueco. Y las encuestas no auguran el batacazo con el que el PSOE convivió durante toda la campaña extremeña del pasado diciembre (finalmente, perdió 10 escaños) y la aragonesa (cinco menos).

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La investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil que esta semana ha derivado en la detención del dueño de la empresa Forestalia, Fernando Samper, y del ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica Eugenio Domínguez ha destapado toda una trama para favorecer supuestamente los proyectos eólicos y solares de esta empresa aragonesa y que recibieran el aval medioambiental. Hasta tal punto que Domínguez —subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio entre 2017 y junio de 2023, y luego unos meses más asesor del mismo departamento— se autoasignaba los proyectos de Forestalia para tramitarlos. Creó presuntamente una “caja negra” en “la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez”, como explica la UCOMA en uno de los informes incorporados al sumario del caso al que ha accedido EL PAÍS.

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No es la primera vez en los últimos meses en que la empresa Forestalia, epicentro de la supuesta trama desmantelada en Aragón, es investigada por la justicia. El 12 de diciembre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron las sedes de esta sociedad en Madrid y Zaragoza por orden del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña dentro del llamado caso Leire, una investigación en la que fue detenida la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, socio y amigo del exdirigente del PSOE Santos Cerdán. El objeto de aquellos registros fue recabar indicios sobre la existencia de una red que adjudicaba de manera presuntamente fraudulenta contratos y subvenciones públicos. Las pesquisas, como ahora, también salpicaban al Ministerio de Transición Ecológica.

Este hecho llevó a los responsables de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) en Teruel, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, a mantener una reunión con sus compañeros de la UCO dos semanas después para saber si ambas pesquisas podían solaparse. Sobre el contenido de aquel encuentro, los agentes de la UCOMA remitieron un oficio el 29 de diciembre al juez de Teruel en el que le informaban que “a priori, UCO investiga a Forestalia por motivos distintos”. Poco más de dos meses después, las sedes de la empresa en Madrid y Zaragoza eran de nuevo registradas. Esta vez, por la trama que favorecía de manera supuestamente irregular proyectos eólicos y solares en Teruel.

Tras décadas de pintar a los paleolíticos europeos como simples devoradores de carne, algún pescado y, como mucho, los frutos silvestres que se iban encontrando, la arqueología más reciente está mostrando que disfrutaban del marisco, recolectaban algas para alimentarse y, en general, tenían un gran abanico de vegetales en su dieta. Ahora, un nuevo trabajo que ha estudiado al microscopio la costra requemada de decenas de cazuelas y vasijas confirma, además, que los cazadores recolectores europeos cocinaban lo que cazaban o pescaban con tallos y hojas que recuerdan a las espinacas, con frutos rojos y flores o tubérculos silvestres emparentados con los ajos o la remolacha en recetas ya sofisticadas.

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Inés, alumna de 6º de primaria del instituto escuela Can Llobet de Barberà del Vallès, observa a Oscar, el nombre con el que han bautizado al esqueleto del aula de ciencias. “A mí lo que me flipa es que haya tantos huesos y tan pequeños en la mano”. Su compañera Laia, pone el foco en la pelvis, más ancha en las mujeres “para poder tener un bebé”. Pero también plantea otras dudas. ”¿Por qué los hombres tienen una nuez en la garganta?”. Para responder estas y otras muchas preguntas, cuentan con una maestra especial: Aroa Casado, investigadora del Departamento Médico-Quirúrgico de la Universidad de Barcelona.

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