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La necesidad de dar forma a la realidad empezó con el primer Homo sapiens que talló en la cueva un hacha de sílex, golpe a golpe. Resulta trabajoso, requiere oficio, pero no hay alternativa: transformar la materia prima en herramienta útil para la vida exige fricción, incomodidad, incluso irritación cuando no salen las cosas.

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El algoritmo que domina mi timeline en X las últimas semanas resulta bastante efectista. Se divide en tres asuntos principales, con subtemas entrelazados. El primero trata de periodistas en la picota. La polémica recurrente estos días es la entrevista de Ricard Ustrell en El matí de Catalunya Ràdio a Luis Rubiales, quien solo unas horas después acabó siendo víctima de los huevazos de su tío. Este asunto deriva en varias tramas secundarias, que se resumen en criticar todo lo que haga Ustrell, desde sus editoriales en antena hasta la chaqueta que lleva, para acabar zurrando a la Corporación Catalana de Medios, en plena batalla por el cambio de nombre (3cat) que afecta a sus marcas históricas (TV3 y Catalunya Ràdio). La variante madrileña (que también copa mi feed) se ocupa de las batallas del ministro Óscar Puente, quien se lanza a pecho descubierto contra periodistas y medios. En este caso, la pendiente resbaladiza termina salpicando a RTVE y la supuesta instrumentalización que practica Pedro Sánchez. Todo muy pegajoso, con un sesgo inevitable de gremio.

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Las pesquisas de la dana que desarrolla la magistrada de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra desde hace más de un año -recogidas en más de 42 tomos de sumario- ponen serias dudas en el discurso que el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, del PP, defendió este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.

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Si algo quedó claro este lunes tras las declaraciones de la exmilitante del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez-Dolset es que la causa acaba de arrancar. Ambos investigados, acusados de organizar un “plan delictivo” para “anular” investigaciones que afectaban a “políticos y empresarios” dejaron un reguero de nombres tal, que algunos abogados comentaban tras más de seis horas en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) que tenían dolor de cabeza. El juez del ya bautizado como caso Leire, Arturo Zamarriego, tiene tarea por delante para agendar la lista de testigos que no para de sumar apellidos. A uno de los que llamará de forma inmediata, según verbalizó en la sala y han confirmado distintas fuentes jurídicas, es al empresario constructor Luis del Rivero, que ejerció como enlace de la cita clave de ambos imputados con el fiscal Ignacio Stampa.

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Los cálculos son cada vez más alarmantes. Un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha cuantificado que 22,6 millones de personas ―casi la mitad de España― morirán de aquí a 2030 si se mantiene la brusca disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), es decir, de las subvenciones y préstamos que hacen países, ONG internacionales e instituciones multilaterales al sector oficial de países de ingresos bajos y medios o en situaciones de crisis. Si el pronóstico se cumple, la letalidad será mayor que la de la pandemia de covid 19. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2020 y 2021, hubo 14,9 millones de muertes adicionales en todo el mundo.

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Hay un polémico procedimiento médico que ha puesto en alerta a los neurólogos españoles: se trata de una cirugía mínimamente invasiva, realizada por cirujanos plásticos, que promete tratar la migraña. En España es una práctica residual, que ofertan solo algunas clínicas privadas, pero los neurólogos han lanzado la voz de alarma al detectar que estos procedimientos están proliferando: advierten de que no tiene evidencia científica suficiente, ni siquiera explicación biológica que lo justifique y piden a los pacientes que no se sometan a estas intervenciones.

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Han pasado seis años desde que el millonario pederasta Jeffrey Epstein se suicidó en la cárcel y el caso sigue sacudiendo la política de Estados Unidos. La Cámara de Representantes votará este martes si desclasifican más documentos en los que aparece el nombre de Trump. El presidente está contra las cuerdas. Les ha pedido a los suyos que voten a favor de la publicación porque, dice, no tiene “nada que ocultar”, pero ¿es cierto? ¿qué más detalles nos esperan en los documentos que se intenta desclasificar?

Bárbara Ayuso 

Ana Fuentes

Nacho Taboada

Ana Ribera 

José Juan Morales 

Ana Alonso 

Jorge Magaz 

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“Ha sido una de las sorpresas de la temporada. El grupo 4 Non Blondes publicó su primer disco en 1992 y su sonido agreste no les convertía precisamente en candidatas al éxito. Pero una canción, What’s up, logró el milagro: la voz candente de Linda Perry y sus invocaciones a la revolución han colocado el tema en todas las listas de éxito”. Estas líneas, escritas por el periodista musical Diego A. Manrique en este periódico en 1993, bien podrían haber sido publicadas hoy mismo. Más de tres décadas después de que este tema viera la luz, What’s up sigue siendo “una de las sorpresas de la temporada” y también bate récords, pero por razones distintas a las de entonces. Mezclado con Beez in the Trap, de la rapera Nicki Minaj, se ha convertido en el último reto viral de la red social TikTok devolviendo al grupo, que se separó después de lanzar su primer y único álbum, una popularidad inusitada.

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En una región marcada por tensiones políticas, instituciones débiles y pulsiones autoritarias, Chile volvió a demostrar este domingo una de sus principales fortalezas: su institucionalidad democrática. En una jornada electoral sin incidentes y un recuento rápido y confiable, el país puso en marcha lo que se percibe como un nuevo cambio de ciclo. Lo hizo con la naturalidad con la que las democracias maduras alternan proyectos, evalúan gestiones y recompensan o castigan rumbos. En tiempos en los que la antipolítica es una herramienta de campaña y no un síntoma que deba atenderse, esa normalidad es, en sí misma, una victoria democrática.

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Juan Carlos I ha pasado de ser una especie de tótem político a ser una figura cuestionada. Este mes se celebra el 50º aniversario de la muerte de Franco, la coronación de Juan Carlos I y el inicio de la Transición. Es lógico que se reactiven las opiniones favorables y desfavorables sobre el rey y su trayectoria. La publicación en francés de unas memorias de Juan Carlos ha añadido picante al tema.

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Trump no ha sido el primero ni será el último político que ha atacado a la BBC. Antes, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron o Boris Johnson se quejaron también de sus informaciones imparciales —y contrastadas— que desvelaban las flaquezas o errores del Poder. Y cuando la BBC se equivocó, admitió sus errores e hizo propósito de enmienda. En el caso de Trump, ya han dimitido el director general y la jefa de informativos de la Corporación, lo que no es poco. Así funciona un medio de comunicación honesto, pero que admite no ser infalible al cien por cien.

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Mal harían los periodistas en dejarse vencer por una sensación de fracaso y descrédito en su profesión. Supongo que perciben que ese ataque forma parte de un plan de destrucción contra la pertinencia de su oficio. Hay plataformas políticas que hartas de la función crítica del periodismo decidieron combatirlo de la manera más zafia, fabricando sucedáneos de periodistas que enfangaran el gallinero público. Hemos llegado a oír durante el juicio surrealista al fiscal general del Estado a un asesor político presentarse como periodista para afirmar que por tanto puede mentir. No es cierto, su mentira no fue periodística sino política, pura acción de ataque y ceremonia de confusión. Al comparar el periodismo con la profesión de notario y sostener que en esta segunda no se miente jamás, aún llevó más lejos la mentira. Los notarios, como los periodistas, son en su mayoría gente honesta, pero también se conocen algunos que cierran los ojos en compras con dinero negro y asisten a transacciones sucias sin hacer honor a su cargo de supervisor legal. De hecho, no existe una sola profesión en el mundo que no se vea expuesta a que en su gremio haya personas que se comporten de forma indigna. Nada garantiza que entre los sacerdotes o los médicos, entre los policías o los artistas, todos sean honestos y fiables.

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Era sentarse en una conferencia de Arcadi Oliveres, reconocido activista por la paz y la justicia social que nos abandonó en abril de 2021, y esbozar una sonrisa de complicidad cuando flirteaba con el juego del oxímoron, un clásico de sus charlas. Los preferidos de este articulista eran los que desnudaban el lenguaje bélico, como “fuego amigo” o “inteligencia militar”, sintagmas de significado opuesto asumidos por el gran público sin la menor resistencia. Regresar a la sabiduría de Oliveres es pertinente ahora que, en nuestra política, fecunda en encumbrar a personajes hilarantes con más osadía discursiva que bagaje intelectual, se enlazan sinsentidos.

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Madrid está para caminarlo. No solo las conocidas calles del centro, las que salen en el Monopoly —y que algunos creen que son el Monopoly—, donde se apelotonan los hitos históricos, arquitectónicos, institucionales y los turistas, los cientos de turistas, los miles de turistas queriendo hacer turismo y llevarse un pedazo falsificado de la ciudad; sino también los más desconocidos distritos periféricos donde se amontonan cientos de miles de madrileños viviendo sus madrileñas vidas muy madrileñamente. Aunque tu llegas allí y uno te pregunta: ¿vienes de Madrid? Como si fuera otro mundo.

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En Oposición, el último libro de Sara Mesa, aparece un funcionario al que expedientan porque agilizaba las gestiones de los ciudadanos comunicándose con ellos por teléfono. Así ahorraba un montón de enrevesados trámites que, a pesar de algunos detalles ficticios, resultan reconocibles para cualquier lector acostumbrado a tratar con las administraciones públicas. Pese a sus buenas intenciones, aquel personaje es sancionado por usar las llamadas para ganar tiempo y algo parecido le ocurre a K, el protagonista de El Castillo, cuando intenta usar los teléfonos de su posada para que le aclaren algo sobre su confuso trabajo como agrimensor. Aunque la novela de Mesa gira en torno a complejos protocolos y servicios online y en la de Kafka (escrita un siglo antes), K. todavía recurre a mensajeros a caballo, en ambas el teléfono, con su inmediatez, representa una posible solución inteligente y rápida para los problemas de comunicación que dos instituciones ineficaces y sordas se niegan a resolver.

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La escena de grandes grupos de turistas paseando con sus maletas por las calles de Tirso de Molina o Lavapiés se ha convertido en una estampa habitual para los vecinos. Algunos van a hoteles, otros a hostales, pero un número importante se dirige a pisos turísticos que reservan en aplicaciones como Airbnb. Lola Martín es propietaria de uno de ellos, ubicado en el centro de la capital. Lamenta que el Plan Reside, entre otras cosas, prohíbe que los alojamientos turísticos estén en edificios del centro de la capital en los que también vivan vecinos, lo que, asegura, “beneficia a los grandes propietarios y fondos buitres” que adquieren bloques enteros. “Han entregado la actividad turística a los edificios completos. A los pequeños propietarios nos sacan del mercado y agravan el problema de la vivienda, ya que estos fondos desalojan a un montón de vecinos. Están buscando una cabeza de turco que somos nosotros”.

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El hecho de que el rey sin corona haya publicado recientemente sus memorias y se cumplan 50 años de su coronación ha traído de vuelta el debate de cuál será su impronta en la historia de España. Un partido de la izquierda española lo tiene claro: lo mejor sería borrar su legado por los escándalos que lo acecharon durante sus últimos años en el Palacio de la Zarzuela. Más Madrid, a través del Grupo Parlamentario Sumar, va a presentar una iniciativa en el Congreso para que Juan Carlos I, su nombre de monarca, sea retirado de universidades, hospitales y hasta de calles y avenidas. Un borrado total, casi como si nunca hubiera existido ni tuviera relevancia su papel en la Transición, aunque es difícil que salga adelante por el respeto a la monarquía que tienen los partidos mayoritarios.

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Cuando Isabel Díaz Ayuso pisa el césped del Bernabéu, este domingo, su presencia en el partido de la NFL está doblemente justificada: como presidenta de la región y como líder de la institución que ha patrocinado con 1,5 millones de euros el encuentro. El Ejecutivo regional no había gastado una cantidad tan alta en un evento deportivo desde que en junio de 2023 arrancó la legislatura. En ese tiempo lleva invertidos más de siete millones en patrocinios de ese tipo, según el portal de contratación. Madrid ha financiado competiciones de camiones, carreras de atletismo, torneos de pádel, certámenes de culturistas, una etapa de La Vuelta a España, pruebas de disciplinas emergentes como el Hyrox o el Pickleball, y hasta la gala de premios Laureus. Ayuso no se dejó ver en todas esas oportunidades. Pero mientras el ejecutivo sostiene que su apuesta ayuda a poner a la región en el mapa, generando 556 millones en turismo deportivo solo en 2023, y a que subsistan especialidades minoritarias, esa inversión de dinero público también tiene un efecto secundario: promocionar la imagen de la presidenta.

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El gran anuncio de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado ayer en Madrid, tiene una derivada catalana. La vicepresidenta del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que en dos meses volverá a reunir a los consejeros de Economía de las CCAA para exponerles el nuevo modelo de financiación, que pivota sobre el acuerdo singular para Cataluña. Esquerra Republicana ha puesto la existencia de un pacto sobre el segundo punto como la condición para sentarse a negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026. Así, el calendario de las cuentas queda supeditado a un posible retraso de, al menos, dos meses.

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