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La locución “buen provecho” atrae ciertas connotaciones sonoras. El Diccionario del Español Actual (1999), que dirigió el académico Manuel Seco, le otorga al mencionado sustantivo entre sus significados la equivalencia de “eructo”, como uso coloquial y “normalmente referido a niños”, con la variante “provechito”. En el María Moliner no figura nada sobre este particular asunto gástrico. O gásico. Y, por su parte, el Diccionario de las academias define “provecho” en la cuarta acepción como “eructo de un lactante”, pero lo circunscribe al español de Argentina y Uruguay. Sin embargo, desde mi infancia burgalesa yo también asocio el término con el regoldar de los infantes, y hasta el de los adultos que lo lanzan sin voluntad, para su propia sorpresa.

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No es la primera vez que Antonio Maíllo (Lucena, 59 años), candidato de la coalición de izquierdas Por Andalucía, se enfrenta como cabeza de lista a una campaña en la comunidad. Lo hizo en 2015, ante un Podemos en auge y tras el final abrupto del Gobierno de coalición en la Junta con el PSOE de Susana Díaz. Ahora el político cordobés se dice “tranquilo”. La experiencia y el cáncer de estómago que superó hace unos años han puesto todo en perspectiva. Después de dos debates televisivos en los que se ha esforzado en diferenciarse de Adelante Andalucía, el coordinador federal de IU reivindica la utilidad de su papeleta, liga su futuro a lo que pase el 17-M y tiene claro que lo que suceda en Andalucía será “determinante para las generales” .

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“Nuestras urgencias están colapsadas, los hospitales desbordados, la red de atención primaria, puerta de entrada del servicio de salud público andaluz, ha sido desmantelada en los últimos años y casi eliminada la función para la que fue concebida. Y todo ello tiene como consecuencia el aumento de las listas de espera, incumpliéndose los decretos de garantías”. Esta no es una frase que haya pronunciado alguno de los líderes de los partidos de la oposición durante esta campaña electoral. Es un extracto del programa electoral del PP de Andalucía de 2018 con el que Juan Manuel Moreno, gracias al apoyo de CS y Vox, consiguió ser presidente del Gobierno autónomo.

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Fuentes de la Consejería de Sanidad sostienen que con el nuevo consejero y la firma de los acuerdos de la carrera profesional o el anuncio de nuevas contrataciones e incentivos salariales, el PP ha recuperado el favor de la clase médica, en quien se apoyó la formación cuando llegó al poder. Y mientras el PSOE lanza vídeos electorales en los que dan visibilidad a pacientes afectados por las listas de espera, el PP inauguró su campaña con una charla entre Moreno y un médico divulgador del Hospital Regional Málaga, con miles de seguidores en redes.

“Hemos mejorado, no tenemos la misma sensación de abandono, pero en lo sustancial, en el modelo de gestión, nada ha cambiado”, señala Ojeda. “Depende de las categorías, el odontólogo al que le han quitado la exclusividad y que ahora cobra más en la consulta privada, jamás va a dejar de votar a un partido que le permitió compaginar dos trabajos, pero en otras categorías profesionales han incumplido sistemáticamente sus acuerdos”, indica García. “También se han estabilizado a los profesionales, pero con el dinero que han recibido, deberían haber estabilizado más y mejor y si hace 15 años los contratos eran absolutamente injustificables, hoy en día la situación también es desesperante”, abunda.

La Agencia Tributaria ha enviado un nuevo informe a la Audiencia Nacional tras calcular que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción, defraudó más de 1,6 millones de euros en 2012. En su extenso análisis, de casi 300 páginas y al que tuvo acceso EL PAÍS, los funcionarios de Hacienda concluyen que el policía urdió “una compleja estructura societaria” en el extranjero —con ramificaciones en Panamá, Uruguay y Reino Unido—, que le permitió “enmascarar” los millonarios pagos que percibió por uno de sus encargos de espionaje privados. Unos ingresos que Villarejo nunca comunicó a las autoridades españolas, según aseguran los técnicos, que lo consideran “responsable” de un delito fiscal: “No declaró las rentas obtenidas en todo el mundo [...], a lo que estaba obligado por ser residente en nuestro país a efectos fiscales”.

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No quieren que se convierta en una vieja gloria, en uno de esos lugares, en su día espléndidos y lujosos, venidos a menos por la falta de cuidado. Ante una mirada inexperta, la hípica del Real Club de Campo Villa de Madrid es como un pequeño pueblo envejecido por el paso del tiempo. Se nota que las instalaciones no son nuevas, hay bancos ajados y falta pintura en vallas y postes. Si quien mira es un jinete habitual, un profesor de equitación o un abonado que lleva toda la vida montando, la imagen cambia: “Instalaciones lamentables”, “decadencia”, “chapuzas”, “improvisación”, “riesgo para los caballos”. Son palabras de inquietud que solo se compartían en conversaciones privadas o por grupos de WhatsApp. Hasta el pasado febrero. Más de 100 personas firmaron entonces una carta de seis páginas dirigida al gerente del club, Juan Carlos Vera, histórico del PP, en la que denuncian el deterioro progresivo de las instalaciones: barrizales, heces acumuladas, escasa o nula limpieza, pistas impracticables o falta de suministros, entre otros. Esto, dicen en el texto y a este periódico, ha llevado a un aumento de accidentes y lesiones en los corceles.

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En su último libro, La respuesta (Destino), el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, madrileño de 71 años, recorre los momentos estelares de la evolución humana. Están los vivos —nosotros—, los desaparecidos —como los neandertales—, y los que están a punto de desaparecer —los grandes simios como chimpancés, orangutanes y gorilas—. Al contrario que otras veces, el codirector de Atapuerca se moja: dice claramente su opinión sobre múltiples teorías que intentan responder las preguntas más importantes: ¿quiénes somos?, ¿por qué estamos aquí?, ¿hacia dónde vamos? Contra todo pronóstico, es un libro luminoso, que rezuma admiración por nuestra propia especie (posiblemente el producto más rápido, sorprendente y temible de toda la evolución), y amor a la naturaleza. A pesar de nuestras agresiones, Arsuaga cree que tenemos futuro: “Algo maravilloso va a ocurrir”, escribe. Estos días prepara una gran exposición sobre evolución humana —Crania, cráneos— que se inaugurará en septiembre en Burgos. Dice que no se jubilará hasta que lo hagan Bruce Springsteen, Matías Prats y Marie Claire-King.

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La estadounidense Caro Claire Burke ha debutado a lo grande con su novela Yesteryear (AdN), protagonizada por una tradwife famosa en internet. Como todas las influencers ultraconservadoras, vende una imagen idílica de un pasado que no existió, algo que descubre cuando un día se despierta en 1885. El libro es mordaz y adictivo y con él la autora ha logrado ganar tanto o más dinero que aquellas a las que retrata a través de Natalie, su antiheroína. La venta de los derechos de publicación alcanzó siete cifras en la puja entre editoriales y ya está en proceso de adaptación al cine con Anne Hathaway como Natalie, el personaje principal. Más allá de cualquier crítica literaria, ya es uno de los títulos del año.

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La visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pekín este jueves y viernes para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, no será un encuentro entre iguales. Trump no puede evitar llevar consigo un aroma de debilidad frente a su gran rival geoestratégico. El presidente estadounidense se ha colocado en una posición problemática por errores gruesos no provocados por ninguna crisis sobrevenida, sino por él mismo: su errática política arancelaria, su aventurerismo militar en Oriente Próximo o su empeño en minar la alianza atlántica, entre otros. La gran incógnita estriba en conocer si el gran perjudicado de este diálogo desigual será Taiwán. La protección de la isla, hasta ahora una prioridad de primer nivel de EE UU, podría quedar a merced de cualquier matiz lingüístico de un presidente que presta poca atención a las sutilezas verbales. Ucrania puede dar fe de ello.

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¿Acaso pueden ser jerarquizados los delitos que han sido comprendidos en los crímenes de lesa humanidad? La sospecha sobre potenciales obligaciones económicas en el caso de suscribir una declaración política y moral —carente de consecuencias jurídicas, según se apresuró a subtitular la noticia la mayor parte de la prensa europea—, ¿justifica negar un cúmulo de evidencias y una llamada a promover derechos humanos dando a conocer la raíz de su vulneración? La resolución 80/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 25 de marzo pasado con el amplísimo respaldo de 123 países, declaró “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud realizada a africanos como el crimen de lesa humanidad más grave”. Los argumentos y las dudas con las que iniciamos este artículo fueron esgrimidos por los tres estados que votaron en contra y por los 52 que se abstuvieron, entre estos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea. Mientras en varias regiones del mundo se libra la defensa del multilateralismo, en la sede de Naciones Unidas se evidenciaba cómo el juego lo practican jugadores plurales y el llamado Sur Global ofrecía un cerrado respaldo a la iniciativa auspiciada por Ghana en representación de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom).

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Los titulares del domingo tras las elecciones andaluzas se centrarán en las tres incógnitas de las encuestas: si Juanma Moreno mantiene su mayoría absoluta, si el PSOE acaba en la UCI o con traumatismos leves y si Vox toca techo (de momento). Pero hay una letra pequeña que nunca había sido tan pequeña e ilegible: ¿qué pasa con Antonio Maíllo y la unidad de la izquierda?

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El pasado lunes 4, los tres grandes partidos progresistas de Alemania —socialdemócratas, verdes y La Izquierda— publicaron el mismo mensaje en sus cuentas de X (antes Twitter). “En los últimos años, X se ha hundido en el caos. Los debates políticos viven de la conversación, que alcanza e informa a las personas. Por su parte, X promociona la desinformación de forma creciente. Por ello, dejamos de utilizar esta cuenta”.

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Durante décadas, el trabajo fue mucho más que un modo de subsistencia. El empleo proporcionaba una identidad y una promesa: que con esfuerzo, la vida iría tomando forma y la constancia sería recompensada. Hoy ese pacto parece sepultado bajo la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y la total avería del ascensor social.

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El problema de fondo no es el agitador ultra Vito Quiles, ese es solo un síntoma, que se ha agravado en las últimas semanas. La Mesa del Congreso aprobará este miércoles, por apoyo de la mayoría y sin el respaldo del PP, las sanciones para evitar que el agitador vuelva a pisar el Parlamento desde el próximo pleno, pero en la Cámara distintas fuentes parlamentarias no se engañan. La ausencia en el Congreso de Quiles, acreditado hasta ahora por varios pseudomedios ultras, no evitará que estos agitadores operen en otros entornos o instituciones. En el Gobierno constatan con impotencia que la ley que pretendía fomentar la transparencia con el registro de medios lleva bloqueada 16 meses y no tiene opciones de prosperar. Junts confirma ese rechazo. El Ejecutivo lo intentará en breve con otra ley que persigue ordenar la publicidad institucional, con las mismas escasas posibilidades.

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El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado en punto muerto las negociaciones para designar un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), desplegando así una estrategia de desgaste que les ha resultado exitosa en no pocas ocasiones. El ala progresista, por su parte, se prepara para aguantar un pulso que podría durar hasta otoño, con la mira puesta en esa sala clave del alto tribunal pero también en otras prioridades, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por EL PAÍS.

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Un reciente estudio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, revela que, de los 29 reclusos que el año pasado se quitaron la vida, a nueve (el 31%) les quedaba menos de un año para quedar en libertad. Dos de ellos, además, se quitaron la vida cuando faltaban menos de dos meses para que fueran excarcelados. “Aunque el riesgo de suicidio se eleva en los primeros días de internamiento (especialmente en el caso de las personas que se encuentran en prisión preventiva), se mantiene igualmente elevado a lo largo de toda la estancia en prisión y lo es no solo en el caso de las personas primarias [que han entrado por primera vez en prisión], sino también en el de las personas reincidentes”, señala en sus conclusiones el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La tasa de suicidios se sitúa en España en 8 casos por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre la población reclusa, la tasa se multiplica por siete.

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Un reciente estudio del Memorial de Víctimas del Terrorismo —único de ámbito nacional, ubicado en Vitoria— revela que el 92% de los estudiantes que lo han visitado reclaman que el terrorismo esté presente en los planes educativos. Constata, a su vez, la consolidación del desconocimiento sobre el tema reflejado en las sucesivas encuestas realizadas tras el final del terrorismo en las que una mayoría de estudiantes ignoran la mayor matanza de ETA, el Hipercor de Barcelona, quién era Miguel Angel Blanco o los GAL.

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Son las 15.30 de un lunes de finales de marzo y en la segunda planta de una de las partes de la modernista Casa de las Punxes, en plena avenida Diagonal de Barcelona, todos trabajan en moderado silencio. Un par de sofás, una mesita de comedor y otra larga de trabajo, las paredes —blanquísimas— con lienzos y cuadros, un par de escritorios, unas estanterías llenas de libros de arte y diseño, una cajonera para impresiones DIN A0 y, a su izquierda, un armarito con todos los premios y reconocimientos obtenidos. Estamos en La Casa de Carlota, un estudio de diseño que luce como cualquier otro. Hasta las cuatro de la tarde, cuando todo cambia. A en punto llegan Carlo Pradeiro y Andreu Companyó; a y diez Manel Palomar y David Matas. Saludan y van a la cocina, y empieza a oler a café y ya no hay silencio, y las mesas se despejan, y apagan la mitad de los portátiles y unos cuantos abandonan el estudio para ir al taller.

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Extremadura se adentra en la antesala del verano con una combinación conocida y peligrosa, abundante vegetación tras las lluvias, episodios de calor cada vez más extremos y un territorio con creciente carga forestal. Tras un 2025 especialmente duro, la región encara la campaña de incendios con refuerzos en el operativo, pero también con advertencias desde distintos frentes sobre la necesidad de mejorar la prevención.

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Una persona envía un mensaje y se queda mirando el móvil esperando una respuesta que no llega. Pasados unos segundos, lo guarda en el bolsillo. Pasan cinco minutos y lo vuelve a mirar. Diez, lo mismo. Media hora, otra vez. No hay respuesta y esa espera activa un mecanismo mental que seguramente les suene a muchos. “¿Habré hecho algo mal?”, “Mi mensaje estaba bien, ¿no?”, “¿Le habrá pasado algo?”. El cerebro del que espera comienza a elaborar teorías más o menos descabelladas para intentar explicar el silencio, para rellenar el molesto hueco que la incertidumbre crea en su interior.

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Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre (1898-1984) —el último poeta español que ganó el Premio Nobel de Literatura, en 1977—, por la que pasaron escritores de varias generaciones, será declarada este miércoles por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial. “Esta figura de protección reconoce el valor cultural y simbólico de este espacio, considerado fundamental para el desarrollo y la difusión de la cultura contemporánea española”, señala la Comunidad de Madrid.

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